Abbott -quien ha sido una de las principales autoridades del país que más ha brillado por su ausencia desde que estalló la crisis social en Chile- solo sale de su letargo para enfrentarse con el suspendido fiscal Emiliano Arias, a quien abrió un proceso de remoción por haber incurrido “en las causales de mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones». La defensa de Arias afirma que la solicitud contiene al menos siete errores técnicos.
En plena crisis social, una coyuntura que ha demandado al Ministerio Público al máximo, el jefe de la Fiscalía Nacional Jorge Abbott ha estado extrañamente ausente. Pero un flanco que lo tiene bastante activo es su pugna con el suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, a quien abrió un proceso de remoción en septiembre pasado.
En esta controversia, Abbott ha depositado su representación en la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, a quien -según información de medios de prensa- pagará honorarios en torno a los $12 millones por este caso. La cifra será a «a todo evento», es decir, será cancelada independientemente de si el resultado final es positivo o negativo.
Sin embargo, la estrategia no habría sido del todo prolija, y desde la defensa de Arias sostienen que la solicitud de remoción tiene al menos siete errores técnicos.
En septiembre pasado, Abbott decidió abrir un proceso de remoción en contra del mediático persecutor, quien tuvo en sus manos indagatorias emblemáticas como los casos de platas políticas SQM y Penta, y los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la Iglesia católica. Su argumento fue que el suspendido Fiscal Regional de O’Higgins había incurrido “en las causales de mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones».
Sin embargo, el argumento del “mal comportamiento histórico” es refutado por la defensa de Arias, considerando que el mismo Fiscal Nacional evaluó el año pasado al suspendido fiscal con nota 6,9, siendo el mejor fiscal regional.
Otro antecedente que contradice este concepto del “mal comportamiento histórico” de Arias que ahora le atribuye Abbott es que su antecesor, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, realizó una declaración jurada en donde señala que Emiliano Arias es un funcionario destacado.
Cabe recordar que Arias llegó en 2005 como jefe de Pudahuel a la Fiscalía Metropolitana Occidente, dirigida entonces por Chahuán y luego ingresó al equipo investigador liderado por el entonces Fiscal Nacional por el caso de corrupción de platas políticas Penta-SQM.
Otro error detectado en la presentación de Marisol Peña es que se solicita la remoción del fiscal Arias por uso inadecuado del vehículo fiscal conforme el artículo 34 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOCMP). Según apuntan desde la defensa de Arias, el hecho fue indagado en sumario, pero «no fue probada infracción administrativa alguna». Es más, la norma citada no existe en la LOCMP.
Abbott también solicita la remoción del fiscal Arias por no asistir a 4 Consejos Generales de Fiscales. No obstante, las cuatro inasistencias fueron autorizadas expresamente por el Fiscal Nacional, pero no se informó de ello en su presentación ante el pleno de la Corte Suprema, dicen desde el entorno del suspendido Fiscal Regional.
La defensa de Arias también refuta otro de los argumentos de Abbott, quien solicita su remoción por haber señalado que la “Ley de Pesca es una Ley Corrupta”. La frase corresponde a una entrevista de Arias en el año 2016 a La Tercera, cuando tenía en sus manos la indagatoria del caso Corpesca. Sin embargo, el Fiscal Nacional no menciona en el expediente a la Corte Suprema que en ese entonces decidió no sancionar al Fiscal Regional porque no le había dado a conocer las reglas de comunicación con la prensa, puntualizan desde el entorno de Arias.
Otro punto refutado por el suspendido Fiscal Regional es que se solicita la remoción por haber filtrado una carta del obispo de Rancagua Alejandro Goic a El Mercurio. Sin embargo, la publicación del mismo periódico señala expresamente que la misiva fue entregada voluntariamente por la Iglesia católica.
Un séptimo punto que contradicen desde la defensa de Arias dice relación con no haber informado al jefe del Ministerio Público de una causa penal que lo menciona. Sin embargo -acotan-, Abbott omitió que el persecutor envió un correo al Fiscal Regional Pablo Gómez, el día 11 de junio de 2011, día en que subrogaba al Fiscal Nacional, que no estaba en funciones.
