Cuatro días después que la familia mapuche de Jorge Painequir presentara una demanda civil contra el subsecretario Rodrigo Ubilla por comprar terrenos protegidos por la Ley Indígena, en el Diario Oficial se publicó el acto administrativo para realizar una Consulta Indígena para revisar la aplicabilidad de dicha ley, incluyendo el artículo 13, que prohíbe que las tierras indígenas puedan ser «enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia».
El 7 de abril de este año los familiares de Jorge Painequir Molina, el propietario original de las tierras que adquirió el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, presentaron una demanda civil contra este por haber adquirido el terreno contraviniendo el Art. 13 de la Ley 19.253, conocida como Ley Indígena, que señala que las tierras indígenas «gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia».
El argumento de Ubilla para sostener que la adquisición de las tierras fue en regla se basa en que estas no las compró a Jorge Painequir, sino a su esposa, Guadalupe Moris Gajardo, una vez que este falleció y las tierras fueron transferidas a ella por liquidación de régimen conyugal.
Para los demandantes las tierras no pueden “ser desafectadas de su carácter indígena por una liquidación de la sociedad conyugal».
Cuatro días después de que se presentara la demanda y que el Gobierno cerrara filas en torno Ubilla, se publicó en el Diario Oficial el acto administrativo para que se procediera a una Consulta Indígena con la finalidad de revisar la totalidad de dicha, incluyendo el Art. 13.
Aunque la consulta responde al Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro Moreno el septiembre del año pasado, la publicación de la semana pasada en el Diario Oficial tendría un impacto directo en el artículo 13 –cuya vulneración tiene al subsecretario demandado–, toda vez que el acuerdo propone flexibilidad para que se puedan comprar territorios indígenas.
«Algunas de las protecciones que hoy establece la Ley Indígena sobre las tierras limitan fuertemente el emprendimiento y lo dejan en una condición de ciudadanos incapaces de tomar decisión en los temas que le competen», reza el Acuerdo Nacional.
Para la oposición estas medidas, así como la propia consulta, tienen por objetivo «alzar o menguar las prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley Indígena», vale decir, la protección a estas tierras que para la cosmovisión mapuche tienen la calidad de sagradas.
