En marzo se cumplen los tres años que ha ejercido el abogado Juan Ignacio Piña como presidente del CDE, quien fue nominado por el ex Mandatario, Sebastián Piñera, pocos días antes de dejar La Moneda, en reemplazo de Sergio Urrejola que renunció al cargo. Según la Ley Orgánica Constitucional que regula al organismo, dicho puesto es elegido directamente por la Presidencia de la República y cumplido el plazo de tres años, solo dicha autoridad puede renovar el mandato u optar por otra figura, que no necesariamente debe ser uno de los integrantes del CDE y debe solo debe cumplir con el requisito de ser abogado y tener más de 15 años de ejercicio profesional.
En algunos de los pasillos de La Moneda y del Consejo de Defensa del Estado se comenta que Ana Lya Uriarte, la poderosa jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, podría dejar su influyente posición en palacio y desembarcar en marzo en el estratégico CDE, que tiene la tarea de representar judicialmente al fisco.
En marzo se cumplen los tres años que ha ejercido el abogado Juan Ignacio Piña como presidente del CDE, quien fue nominado por el ex Mandatario, Sebastián Piñera, pocos días antes de dejar La Moneda, en reemplazo de Sergio Urrejola que renunció al cargo. Según la Ley Orgánica Constitucional que regula al organismo, dicho puesto es elegido directamente por la Presidencia de la República y cumplido el plazo de tres años, solo dicha autoridad puede renovar el mandato u optar por otra figura, que no necesariamente debe ser uno de los integrantes del CDE y debe solo debe cumplir con el requisito de ser abogado y tener más de 15 años de ejercicio profesional.
Fuentes del CDE explicaron que uno de los doce consejeros, Carlos Mackenney, sería la carta ideal de la Presidenta Bachelet para la presidencia del organismo, pero que el abogado DC -que además goza de una privilegiada relación de confianza con la Mandataria- habría declinado la oferta y preferiría mantenerse solo como integrante del consejo.
Esa situación es la que abrió la puerta a la posibilidad de nominar a Uriarte. Aunque no es de dominio general en La Moneda, fuentes de Palacio reconocieron que “el tema ha rondado por bastante tiempo” y que la propia abogada socialista ha tenido al CDE como una de sus alternativas de desembarco laboral considerando que la administración bacheletista ya entró a su último año, la recta final.
Uriarte y Mackenney son figuras clave en los círculos de mayor confianza de Bachelet. Tanto el abogado DC como la jefa de gabinete fueron “orejeros” de la Mandataria cuando esta realizó su cambio de gabinete más radical y políticamente relevante, en mayo del 2015, cuando modificó a todo su comité político y sacó del gobierno a su mano derecha, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Sin embargo, no son pocos los que tienen dudas que la nominación de Uriarte al CDE llegue realmente a concretarse. Hay dos razones. Una, el flanco abierto que tiene la abogada socialista con el Caso Caval, por haber prestado servicios a la empresa de Natalia Compagnon en el año 2012 a través de su estudio jurídico Sustentabogado. Los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya investigan a los dueños de Caval -Compagnon y Mauricio Valero- por el delito de presunta estafa al empresario Gonzalo Vial Concha, que habría recibido informes copiados de internet e informes de seguridad de su empresa, por un monto de mil 200 millones.
El 27 de diciembre Uriarte presto declaración ante los fiscales y aseguró que nunca supo que tras el proyecto que analizaba para Caval estuviera Gonzalo Vial Concha: “Nunca mencionaron el nombre de ningún cliente tras el proyecto de la termoeléctrica, siempre hablaron que era para ellos, y ofrecerlo a terceros”.
A pesar de eso, el caso Caval tiene para rato, está pendiente la formalización de Compagnon, que cada vez que puede recuerda el vínculo de Uriarte con su empresa.
La otra razón apunta a evitar un ruido político innecesario. Si bien en el gobierno hay varios que valoran a la abogada y consideran que sería un buen nombramiento, también hay quienes recuerdan las críticas que desató la decisión de Piñera con Piña -que era subsecretario de Justicia en su gobierno- y la de instalar en el Tribunal Constitucional a su jefa de gabinete, María Luisa Brahms, una de las figuras de mayor confianza del ex Mandatario.
