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Crédito: ATON
La Fundación Terram y Chile Sustentable entregaron sus balances 2020 con los hitos del año en materia ambiental. En las organizaciones, hay coincidencias en torno a las expectativas que despierta la Nueva Constitución y la oportunidad que representa en términos de un avance hacia un “nuevo modelo sociopolítico, más justo, más soberano y respetuoso de nuestro planeta, que tienda al bien común, al bienestar socioambiental y a la justicia”, según destaca Chile Sustentable. Por otro lado, en Terram también identificaron hitos positivos para la protección del medioambiente, como fueron el cierre definitivo de Pascua Lama y la promulgación de la Ley de Humedales Urbanos, entre otros.
La negativa del Gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú y el manejo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) figuran entre lo peor del año en materia medioambiental, de acuerdo a los balances 2020 entregados esta jornada por dos organizaciones del sector, como la Fundación Terram y Chile Sustentable.
En septiembre pasado, el Gobierno a través de sus ministros de RR.EE. Andrés Allamand y de Medio Ambiente Carolina Schmidt, oficializó su negativa a suscribir Escazú, el primer pacto medioambiental de la región, bajo el argumento de que “expone a Chile a controversias internacionales».
El tratado ha sido suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe, en un ejercicio de fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación, el desarrollo sostenible en la región y la protección de los defensores ambientales.
Chile Sustentable sostuvo que, con esta decisión, Chile “da una imagen internacional contradictoria al ser uno de los países iniciadores de este acuerdo”, aludiendo a que fue uno de los impulsores de este primer gran pacto medioambiental en la región en el año 2017.
En tanto, según Terram, con su negativa a suscribir el Acuerdo de Escazú, el Gobierno de Piñera demuestra que “no tiene ningún interés en que Chile avance en acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, como tampoco en la protección de defensores ambientales. Precisamente en estos actos es donde se percibe el compromiso diferenciado con determinados sectores de la sociedad, pues los más ricos de este país no necesitan del Acuerdo de Escazú, mientras que para los más vulnerables y desprotegidos es imprescindible”.
Pero este no el único llamado de atención al Gobierno en materia ambiental. El documento de Terram también pone el foco que “en materia legislativa, el Gobierno mantuvo su convicción por impulsar una agenda en pro de la inversión pretendiendo flexibilizar los estándares ambientales en el momento más crítico de la pandemia, pero sin los resultados esperados, pues se encontró con el rechazo del Congreso a la idea de dotar de fuerza vinculante a las respuestas del SEA ante las consultas de pertinencia, manteniendo en la Superintendencia de Medioambiente (SMA) la facultad de revisar dichos informes”.
En este contexto, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) está en el foco de los ambientalistas. Chile Sustentable recuerda que el 30 de julio un reportaje reveló un convenio de transferencia de recursos entre “empresas de menor tamaño” y la Oficina GPS dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que traspasó sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, “ejerciendo una influencia ilegitima, tomando como ejemplo acciones específicas para facilitar aprobación de Expansión de Los Bronces de Angloamerican”.
Terram también acusa un “sesgo de la autoridad” en la operación de la Oficina GPS. De acuerdo a la ONG, hubo una “intervención del SEIA que ejerció el propio Gobierno a través de la Oficina GPS, que apoyó la promoción de proyectos de inversión aun cuando estos se encontraban en etapa de tramitación de sus permisos ambientales, pasando a llevar la autonomía del SEA”.
Por eso, Terram entregó el Premio “Colusión del Año” de su balance a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables “por haber traspasado sumas de hasta $92 millones al SEA para facilitar la tramitación de proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del tranque de relaves Talabre, aun cuando estos no cumplen con criterios mínimos de sustentabilidad”.
A la hora del balance, para Chile Sustentable el año 2020 fue un año “socioambientalmente complejo, primero dada la incidencia peligrosa de contagios en zonas de sacrificio donde estudios confirmaron que la contaminación y las enfermedades de base agravaban los síntomas de esta nueva enfermedad. Las empresas no quedan fuera de lo negativo de este año, destacando a la estadounidense Aes Gener que, a pesar de los graves impactos de la contaminación emitida por las termoeléctricas a carbón en la población, aún no define fecha de cierre para 13 centrales en Chile, de las 17 que aún no tienen fecha de cierre en el voluntario y laxo plan de descarbonización acordado entre el Gobierno y las empresas”.
El Balance Ambiental de Fundación Terram añade que la presencia de la flota de barcos pesqueros chinos en aguas nacionales y el término de las moratorias salmoneras para las regiones de Los Lagos y Aysén también figuran entre lo peor del año en materia medioambiental.
Sin embargo, no todo es negativo, porque en la sección de “Lo Mejor del Año”, el documento de Terram -que esta ONG publica cada año desde 2002- identifica hitos positivos para la protección del medio ambiente, como fueron el cierre definitivo de Pascua Lama, la promulgación de la Ley de Humedales Urbanos, o el inicio de proceso para la elaboración de la norma primaria para Arsénico, luego de haber sido derogada hace 26 años, y decisión en la cual tuvieron incidencia algunas organizaciones territoriales de la Bahía de Quintero y la misma Fundación Terram.
Además, el Balance Ambiental 2020 identifica a los ganadores de los premios del período, distinguiendo a la Contraloría General de la República con el galardón “Al Aporte Ambiental”, debido al protagonismo que le dio a estas problemáticas en sus dictámenes en el transcurso del año.
Así también, reconoce con el premio al “Ambientalista Destacado” a la organización Putaendo Resiste, por presionar para que se anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de sondajes de la Minera Vizcachitas Holding y también a las comunidades de Huasco, por haberse opuesto por 20 años al proyecto minero binacional Pascua-Lama hasta el fallo histórico del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Por su parte, entrega el premio “A la Contaminación” a la empresa Salmones Blumar, por el desastre ambiental que protagonizó en junio de este año, cuando escaparon más de 100 mil peces y se hundieron 16 balsas jaulas desde uno de sus centros de cultivo ubicado en la comuna de Caicura, en el Seno de Reloncaví, Región de Los Lagos; y el “A la Insustentabilidad” a AES Gener, por su falta de compromiso con la descarbonización al no comprometer el retiro de ninguna de sus 13 termoeléctricas a carbón en el corto plazo.
Entre las organizaciones ambientalistas hay coincidencias también en torno a las expectativas que despierta la Nueva Constitución.
De hecho, el balance ambiental de Terram recibe el nombre de “Ante una Nueva Constitución, Apruebo Transformación” y reconoce que la crisis sanitaria afectó a nivel general a los habitantes de nuestro país, pero que estuvo lejos de revertir los problemas ambientales que se arrastran en el territorio nacional desde mucho antes.
Ante ello, la organización enfatiza que la elaboración de una nueva Carta Magna se erige como una oportunidad para “transformar el actual modelo de producción, superando la actual presión por la extracción sobre los ecosistemas naturales, así como la expansión del modelo agroexportador (frutícola, forestal y salmonero) pues, de lo contrario, el reimpulso neoliberal expresado en una reactivación económica representa una amenaza para la sobrevivencia y las condiciones de vida de la población y de los ecosistemas naturales del país”.
En este punto coincide Chile Sustentable, entidad que destaca “el despertar de Chile que ha evidenciado las graves inequidades socioambientales que sufren los habitantes del país, y que demostró en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 que la Constitución de 1980 ya no va más y que queremos un nuevo modelo sociopolítico, más justo, más soberano y respetuoso de nuestro planeta, que tienda al bien común, al bienestar socioambiental y a la justicia”.
