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“Estamos frente a una nueva vulneración en sus cortas vidas, en manos del Estado”, señala el preinforme que detalla violaciones a los Derechos Humanos en Valparaíso durante el estallido social. El documento elaborado por el municipio y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, fue entregado a los equipos de la misión de las Naciones Unidas que visitan Chile. De acuerdo al alcalde Jorge Sharp, el reporte es “la clara prueba y muestra de que en Valparaíso se han violado de forma grave y reiterada los Derechos Humanos”. El documento plantea además una dura crítica al accionar policial, señalando que “privilegió la desmedida represión de la protesta social” y demostró “una total ineficacia en la mantención del orden público” y cuestiona el toque de queda por “contribuir paradójicamente al caos en Valparaíso”.
Un dato grave que evidencia la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes arrojó el pre informe sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidos en Valparaíso luego del estallido social del 19 de octubre, entregado por el municipio porteño a la misión de las Naciones Unidas de visita en Chile.
De acuerdo al documento, y a partir del trabajo en comisarías, desde el inicio del estallido se registró un total de 46 detenciones de menores en Valparaíso. De ellos, 21 han pasado o se encuentran siendo intervenidos por la Red Sename, vale decir el 45,6%. “Por ende, estamos frente a una nueva vulneración en sus cortas vidas, en manos del Estado”, señala el reporte elaborado además por diversas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos.
Según el documento, esta es una nueva prueba de “cómo el Estado ha promovido la violencia y la vulneración grave a los derechos humanos, sumando a la lista de este estallido social la pasividad de los servicios que protegen y promueven «los niños primero» (slogan del gobierno), la agresividad física y psicológica de los agentes del estado y la falta de coordinación y de protagonismo del Servicio Nacional de Menores (Sename), en el resguardo de la protección de lo consagrado en la Convención de los Derechos de los Niños”.
El informe constató además varios episodios de vulneraciones, como el caso de un adolescente baleado en su globo ocular, además de 2 balines en brazo derecho y costado izquierdo de su rostro. También registró otras situaciones de lesiones que van desde desnudamientos, básicamente en niñas adolescentes (sin descartar que esto se haya presentado también en niños); golpes, rotura de dientes; y amenazas como la aplicación de uso de electro shock.
También constataron la falta de cumplimiento de la normativa que resguarda a los niños, niñas y adolescentes en casos de detenciones, “impidiendo el contacto telefónico con sus familiares, la mayoría de las veces sin acceso a agua y a baño durante su detención, sin constataciones de lesiones inmediatas, sino que realizadas luego de varias horas después y en presencia de personal policial, sin poder entrevistarse con un abogado de manera privada”. Es más, acusan otra vulneración: que las todas las entrevistas hechas con los afectados por la profesional a cargo del investigación fueron grabadas.
Igualmente, se da cuenta de un relato de un centro de detención ilegal al que fueron llevadas una madre y su hija adolescente.
De acuerdo al alcalde Jorge Sharp, el reporte es “la clara prueba y muestra de que en Valparaíso se han violado de forma grave y reiterada los Derechos Humanos, el informe comprende una sucesión de hechos y antecedentes entre el 19 de octubre y 31 de octubre… esperamos que sea insumo para el trabajo que está haciendo Naciones Unidas en Chile”.
En tanto, Tania Madriaga, directora de la Secpla municipal, añadió que estas vulneraciones están asociadas “al actuar de las fuerzas policiales, militares, como a la negligencia de las autoridades políticas que ha tenido consecuencias devastadoras tanto en la seguridad de las personas como de los propios bienes públicos y comunes del territorio”.
El documento de 44 páginas fue entregado al equipo de Observadores de las Naciones Unidas, junto a material audiovisual y gráfico como prueba de las vulneraciones denunciadas.
En lo central, el documento contiene información relativa a los desmanes y saqueos que se produjeron en la ciudad entre los días 19 de octubre y 31 de octubre Y acusa que en ese lapso “Valparaíso quedó completamente abandonado y desprotegido por parte de las fuerzas policiales, produciéndose distintos disturbios e incendios en el plan de la ciudad”.
En una dura crítica al accionar policial, se acusa que “existió una casi nula logística de trabajo, dada la no identificación de puntos calientes, vulnerables o conflictivos de la ciudad, demostrándose una total ineficacia en la mantención del orden público, privilegiándose la desmedida represión de la protesta social y tolerándose o incluso permitiéndose los saqueos que se producían”.
También cuestiona el toque de queda decretado, medida catalogada como “inconstitucional” y que en la práctica representó una especie de “arresto domiciliario”. “Además de su inconstitucionalidad, estimamos que dicha medida restrictiva contribuyó paradójicamente al caos en Valparaíso”, añade el informe.
En la elaboración del reporte participaron la Defensoría Derechos Humanos Valparaíso, la Red de Abogadas Observadoras de Derechos Humanos Valparaíso, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, el Comité de Emergencia y Resguardo de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, además de académicas, académicos, abogadas y abogados, estudiantes y actores sociales.
