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El Centro de Extensión, cuya remodelación costó más de $5.100 millones al gobierno regional metropolitano, fue puesto por el alcalde RN de Santiago bajo la administración de una corporación externa al Instituto Nacional. Sin embargo, la Contraloría determinó que el municipio «no se ajustó a derecho» al constituir la Corpin, por lo que «deberá adoptar las medidas necesarias para poner término” a esa entidad. Tras conocer el fallo, una de las apoderadas que presentó el reclamo, Iris Vega, aseguró que están felices porque «se ha ganado una pequeña batalla en beneficio de la Educación Pública» [ACTUALIZADA]
El Centro de Extensión del Instituto Nacional ha sido uno de los temas que más ha generado roces entre la comunidad escolar y las autoridades de la municipalidad de Santiago, sostenedora del establecimiento.
El proyecto fue terminado en el 2017, pero la Dirección de Educación Municipal de Santiago informó que no tenía recursos para su mantención, por lo que, en agosto de 2018, el Concejo Municipal –con la abstención de la DC, la ejecución del doble voto del alcalde Felipe Alessandri (RN) y los votos en contra de Rosario Carvajal, Natalia Contreras, Alfredo Morgado e Irací Hassler– decidió crear la “Corporación Cultural Centro de Extensión Instituto Nacional”, la que quedó integrada por la Cordesam, el Teatro Municipal de Santiago, Santiago Innova, el Municipio de Santiago y el CEAIN.
Sin embargo, su creación generó ruido al interior del establecimiento, debido a que, entre otras cosas, el acuerdo entre el IN y la corporación contemplaba la autorización de 17 actividades para los estudiantes. Pero los estudiantes han tenido que «ponerse de rodillas» para poder usar el recinto.
Esto motivó a tres apoderadas del colegio a presentar, en agosto del 2018, un reclamo a Contraloría, con el fin de que revise la creación de la Corporación y la utilización del Centro de Extensión con fines distintos al educacional, ya que, entre otras cosas, el Centro se usó para recibir una charla de Mario Vargas Llosa, entre otras actividades fuera del ámbito educacional.
Más de un año después, las apoderadas celebran, ya que Contraloría acogió su reclamo, declarando que la creación de la Corporación por parte del municipio no es posible debido a que el artículo en el que se ampararon para hacerlo, quedó sin efecto el 1 de mayo de 1988.
Sobre la utilización del recinto, Contraloría indica que «los bienes raíces entregados a las municipalidades en virtud de (o dispuesto en el señalado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980), han debido destinarse única y exclusivamente al cumplimiento de la finalidad propia del servicio traspasado, no pudiendo cambiarse por la entidad comunal el destino de aquellos».
Debido a esto, advierten que «la Municipalidad de Santiago ha creado una corporación de aquellas a que se refiere el citado artículo 129 de la ley N° 18.695, cuyo único objeto es administrar un determinado espacio del Instituto Nacional, en la forma indicada en los párrafos que anteceden, lo que infringe el artículo 131 inciso final del referido cuerpo legal, que impide a esas asociaciones tener entre sus fines artísticos y culturales, la administración y operación de establecimientos educacionales».
«En ese sentido, el propósito por el cual la referida entidad alcaldicia constituyó la Corpin, no es compatible con la destinación impuesta al uso de las dependencias del Instituto Nacional, de acuerdo al referido convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Santiago», sentenció.
La resolución termina ordenando que la Municipalidad de Santiago «deberá adoptar las medidas necesarias para poner término a esa corporación municipal», agregando que el municipio «no se ajustó a derecho» al constituirla. Además agregan que se finalice inmediatamente el período de administración del Centro, y que sea asumido por el mismo municipio.
Tras conocer el fallo, una de las apoderadas que presentó el reclamo, Iris Vega, aseguró que están felices porque «se ha ganado una pequeña batalla en beneficio de la Educación Pública».
«La defensa de los fondos públicos es un derecho y deber de todo ciudadano, en especial cuando se invierte en la educación de un país», agrega.
«Responsabilizamos a todos los sostenedores que en el turno que les ha correspondido han hecho mal uso de los dineros que corresponden a Educación y han hecho abandono de la que hasta hoy es su responsabilidad, que es la administración de las escuelas y liceos. Abandono que ha traído consigo paulatinamente injusticia falta de equidad y violencia», explica.
«Tenemos que exigir al Estado y todos sus poderes que retome lo que nunca debió abandonar, que es la educación del país», emplaza finalmente.
