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El fallo del máximo tribunal -en el que desestimó el recurso de una funcionaria municipal que reclamaba la tutela de la justicia laboral en un caso de despido supuestamente injustificado, aún cuando el TC en una sentencia de 2018 resolvió que esta tutela no aplica para los funcionarios públicos- ha provocado una pugna entre ambas instituciones, ya que el fallo de la Suprema, pese a reconocer la autonomía del TC, establece que «aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a los procedimientos que la Carta Política contempla». Sin embargo, el vocero de la Suprema desdramatizó el conflicto y dijo que no cree que con esta resolución se le haya puesto el pie encima al órgano liderado por María Luisa Brahm.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, bajó el perfil a la nueva pugna entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema, luego de un polémico del máximo tribunal en el que desestimó el recurso de una funcionaria municipal que reclamaba la tutela de la justicia laboral en un caso de despido supuestamente injustificado, aún cuando el TC en una sentencia de 2018 resolvió que esta tutela no aplica para los funcionarios públicos.
Lo anterior ha provocado una pugna entre ambas instituciones, ya que el fallo de la Suprema, pese a reconocer la autonomía del TC, establece que «aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a los procedimientos que la Carta Política contempla (…) «la autonomía del Tribunal Constitucional se vincula exclusivamente con el ejercicio de las facultades que le han sido expresamente conferidas por el ordenamiento jurídico».
Esta situación provocó la reacción del Tribunal Constitucional, a través de un comunicado en el que los ministros admiten que «nos sorprenden los argumentos de la mayoría de dicha Sala que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales, en particular: habilitando el recurso de protección contra sentencias del Tribunal Constitucional; otorgando competencias al juez ordinario para revisar qué parte del contenido de nuestras sentencias es vinculante y, en consecuencia, sugiriendo que actuamos fuera de la Constitución».
Sin embargo, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que no cree que con esta resolución se le haya puesto el pie encima al órgano liderado por María Luisa Brahm. A su juicio, en la Tercera Sala solo hicieron su trabajo y destacó que «esto no es una guerra mundial».
En la práctica esta resolución, sienta un precedente para que en adelante la Corte Suprema pueda revisar via recursos de protección, los fallos del TC en lo que ya se ha bautizado como la «doctrina Muñoz» en alusión al ministro que redactó la sentencia.
Para el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, esta lucha de poderes entre el TC y la Suprema es de «máximo interés público por la alteración que produce en el diseño constitucional».
En una columna publicada en El Mercurio, Peña señala que de acuerdo al ministro Sergio Muñoz, «una cosa es el precepto constitucional y otra cosa, distinta, la interpretación que de él pueden formular los jueces. Y ocurriría, agrega, que la Carta Constitucional entrega al Tribunal Constitucional la facultad de controlar la institucionalidad de sus preceptos, no de sus interpretaciones. En opinión de ministro (…) la ley establece un marco de significados en cuyo interior hay varias interpretaciones posibles, todas igualmente ilícitas, y correspondería a los jueces (no al Tribunal Constitucional) decir cuál de ellas es mejor o más correcta».
El rector de la UDP agrega que «esto última sería materia de discreción, la facultad de los jueces de decidir por sí mismos qué interpretación admiten los inevitables intersticios de significado que los preceptos legales poseen».
Por su parte el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito siguió la misma línea de Cisternas, explicando que «lo que hay en este momento, no es más que una resolución. La reacción que ustedes comentan del Tribunal Constitucional, la reacción de sectores de Academia. Eso significa que hay un debate y eso se resuelve del modo que operan los tribunales. A través de resoluciones, que cuando se hacen reiteradas tienden a afincarse, y este no es el caso. Tenemos solo una resolución en este sentido», dijo.
«Es una resolución y no creo que tenga tremendas proporciones», insistió.
Paralelamente el Senador DC Francisco Huenchumilla expresó de alguna forma el impacto de esta controversia en el Congreso. «No podemos tener un Tribunal Constitucional cuestionado por el mundo político y ahora por la Corte Suprema. El conflicto genera incertidumbre respecto de la estabilidad de las leyes», dijo.
Por último reconoció que esta puede ser una oportunidad para introducir cambios en el Tribunal Constitucional. «Existe un compromiso del ministro de Justicia. Y el gobierno tiene la palabra para reformular el TC»
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