PAÍS
En la sesión de sala de la Cámara de Diputados se dio cuenta del libelo acusatorio contra la ministra de Educación y se procedió a sortear a los cinco legisladores que forman la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación. Los nombres escogidos fueron los diputados RN Hugo Rey y Catalina del Real, los UDI Pedro Pablo Alvarez y Celso Morales; y la RD Maite Orsini. Si bien el oficialismo tiene mayoría en esta instancia, su informe no será vinculante porque la suerte del libelo dependerá de la votación de la sala, donde la oposición cuenta con más votos. En medio de este escenario, Harald Beyer, actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez –quien como ministro de Educación fue destituido en 2013 de su cargo producto de una acusación constitucional- salió en defensa de la ministra y catalogó el proceso impulsado por la oposición como un “espectáculo lastimoso para nuestra democracia” [ACTUALIZADA]
Este martes se dio cuenta en la sala de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional presentada por la oposición contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en un nuevo paso de esta arremetida contra la secretaria de Estado.
En la sesión se procedió a sortear a los cinco legisladores de la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación, y que emitirá un informe que no será vinculante –en todo caso- porque la suerte del libelo dependerá de la votación de la sala, donde la oposición tiene mayoría.
Los nombres escogidos fueron los diputados RN Hugo Rey y Catalina del Realk, los UDI Pedro Pablo Alvarez y Celso Morales; y la RD Maite Orsini.
En este escenario, y pese a que la acusación cuenta con dos firmas de diputados falangistas (Gabriel Ascencio y Mario Venegas) , todos los ojos están sobre la Democracia Cristiana.
El Gobierno apuesta a conseguir en las filas de la DC los votos necesarios para hacer caer el libelo. La oposición tiene 83 votos, suficientes para su aprobación, pero hay varios diputados falangistas en duda. Uno de ellos es Miguel Angel Calisto, quien ayer planteó que “hasta ahora, solo he visto argumentos políticos y esos no son argumentos que puedan sustentar una acusación constitucional”.
El Ejecutivo ha redoblado sus argumentos contra la acusación. De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró ayer que “es muy grave cuando las instituciones y, en este caso, un sector de la Cámara deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución. Es muy grave porque se debilita el funcionamiento de la democracia”, dijo.
Sin embargo, desde la oposición han defendido el instrumento. Al respecto, Juan Santana, diputado del Partido Socialista, colectividad que ha llevado la batuta en esta materia, aseguró a La Tercera que “esta acusación constitucional está muy lejos de utilizarse como un instrumento electoral y el principal reflejo de eso es que las firmas de la presentación del texto convocan al conjunto de la oposición y no solamente al PS”.
“El PS levanta esta acusación porque es el partido de la expresidenta Bachelet y ella levantó como bandera la defensa y el fortalecimiento de la educación pública y esa es la bandera que vamos a defender. Hay un boicot por parte del Mineduc a la reforma educacional de Bachelet”, comentó Santana.
En este escenario, en defensa de Cubillos salió el exministro de Educación del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, quien en 2013 fue removido de su cargo producto de una acusación constitucional.
En una carta a El Mercurio, el actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez sostuvo que los fundamentos del libelo “son tan débiles, los argumentos presentados en sus cinco ejes tan extremados y el hilo conductor del libelo tan cargado y manipulado que no puede concluirse sino que el populismo autoritario se apoderó de algunos sectores de la oposición. Un espectáculo lastimoso para nuestra democracia. Es de esperar que ese enfoque no se extienda a toda la izquierda”.
El reglamento indica que posteriormente, dentro del plazo de tres días, se deberá notificar a la secretaria de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país, mientras se desarrolla este proceso.
A partir de la notificación, la ministra Cubillos tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará en octubre.
El libelo compuesto por cinco capítulos, centrados en la falta de cumplimiento de su labor como secretaria de Estado, lo que configuraría una grave infracción a la constitución y las leyes, como faltar al principio de probidad; y ausencia de control jerárquico respecto de la coordinación y eficacia que deben tener las políticas públicas de la cartera, entre ellas, el escaso control sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio, en materia de educación pública.
