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El proyecto que tiene en jaque al Gobierno sería votado en la sala de la Cámara de Diputados de vuelta de las Fiestas Patrias. Si bien el ministro del Trabajo se ha desplegado para evitar algún descuelgue de las filas oficialistas, lo cierto es que las gestiones gubernamentales para amarrar los votos no han llegado a buen puerto porque hay al menos 10 parlamentarios de Chile Vamos que estarían por la abstención. Pero este no es el único problema del ministro en el Congreso: la reforma al Sence, que está con suma urgencia, también tiene una fuerte oposición, y las OTIC regionales aseguraron que el proyecto solo favorecerá “a los operadores más grandes que funcionarán como oligopolio”.
Si la aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados del proyecto de 40 horas impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola fue un duro golpe para el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, lo cierto es que el panorama sigue pintando oscuro para el secretario de Estado.
El proyecto sería votado en sala de vuelta de las Fiestas Patrias y si bien el Gobierno se ha desplegado para evitar algún descuelgue del oficialismo, lo cierto es que las gestiones gubernamentales para amarrar los votos no han llegado a buen puerto.
La Segunda informa que hay al menos 10 diputados oficialistas en duda, pese a que el ministro garantiza que “ningún parlamentario de Chile Vamos va a estar dispuesto a avalar un proyecto que es ilegal y que termina afectando el sueldo de los trabajadores”.
El vespertino recoge hoy algunas opiniones de parlamentarios oficialistas, todos RN, que están por abstenerse o bien mantienen el suspenso. “Uno no se puede negar a la idea de legislar”, dijo Karin Luck, en tanto Ximena Ossandón adelantó que “me abstendría” y su colega Gonzalo Fuenzalida planteó que “como está, lo lógico, serpa una abstención”.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz sostuvo que “estoy a favor de la reducción y no puedo afirmar ni descartar mi apoyo a la iniciativa de las 40 horas”
Hoy, el secretario de Estado insistió en sus críticas contra el proyecto, señalando que “es una obligación de cada parlamentario respetar y hacer respetar la Constitución. Si un Gobierno, cualquiera sea este, sencillamente decidiera respetar la Constitución o no hacerlo dependiendo de lo popular o impopular de un proyecto, sentaríamos un pésimo precedente”.
El secretario de Estado remarcó que «es muy fácil prometer a los trabajadores, con una simple rebaja de jornada, manteniendo toda la rigidez actual, prometer algo que no es verdadero». «Se les dice que no va a modificar su remuneración y todos sabemos que una reducción de jornada que no va de la mano de la productividad y la flexibilidad sí va a afectar la remuneración de muchos trabajadores”, añadió.
Monckeberg confirmó que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional, aunque dejó abierta la opción si lo harán durante la tramitación o una vez que sea aprobado. “La norma establece que durante la tramitación o terminada la tramitación se puede ingresar el recurso», indicó.
El Gobierno tampoco dio luces sobre cuándo agilizará la tramitación de su propio proyecto de flexibilidad laboral, que puso en pausa en medio de la tramitación del proyecto opositor, y no está claro cuándo ingresará las indicaciones.
Según el ministro, la prioridad inmediata «esta semana es que la Comisión del Senado despache el proyecto de Sala Cuna Universal y tan pronto como ello ocurra, se va a empezar a discutir el proyecto de adaptabilidad y ahí el corazón de ese proyecto es mejorar la calidad de vida del trabajador sin afectar su sueldo».
Pero otra prioridad legislativa en materia laboral es la reforma del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), a la que el Ejecutivo puso suma urgencia.
El caballito de batalla de esta reforma es la imputación del gasto de capacitación vía PPM. Si bien esta reforma ya es materia de ley desde hace 10 años, en esta oportunidad se extenderán los beneficios a todas las empresas del país, independientemente de su tamaño.
Pero no todos están conformes con la modificación a la Ley 19.518, porque a través de un inserto, las entidades que componen la Agrupación de Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación, OTIC Regionales, manifestaron sus reparos frente al proyecto.
“Hacemos un llamado al Ejecutivo y a nuestros legisladores a considerar los impactos que tendría el proyecto de ley en la capacitación de los trabajadores de pequeña y mediana empresa, así como de los agentes de capacitación regional y sectorial que otorgan cobertura y competitividad en el desarrollo de los trabajadores de nuestro país”, indican.
Las entidades advierten que la reforma “no discrimina entre Grandes y Pequeñas Empresas. La PYME se verá más afectada por cuanto es más sensible a los flujos financieros, y no priorizarán la capacitación frente a otros egresos y, por ende, baja la inversión”.
Añade que el proyecto de Gobierno “no discrimina a los “buenos agentes” de aquellos que podrían tener “conductas oportunistas”, por lo que no genera incentivos hacia los agente Regionales y Sectoriales”.
Asimismo, indican que “se pierde el “Rol Solidario” de la actual Ley de Capacitación, en cuanto al desarrollo de proveedores y en pro de mejorar las oportunidades de poblaciones vulnerables con los programas de becas laborales de capacitación”
Finalmente, en definitiva aseguran que las medidas apuntan a la “Concentración del Mercado”, tanto de OTIC, como de OTEC, en donde sobrevivirán solo los operadores más grandes lo que funcionarán como oligopolio, impidiendo la competencia de OTIC Regionales, Sectoriales, pequeñas y medianas empresas de capacitación.
