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El informe Bown ha provocado un fuerte impacto y así lo graficó el exdirector del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien señaló que lo revelado es “tremendo” y “el dolor es inconmensurable”. Respecto a los pasos a seguir, el abogado Juan Pablo Hermosilla señaló que Marcela Aranda le pidió «no iniciar acciones legales formalmente, porque siente que la Compañía está aportando los antecedentes de una forma adecuada, lo que es reparador para ella». Desde la Red Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos emplazaron al Congreso a formar una comisión investigadora para indagar los delitos.
El impacto por la contundencia del informe sobre los abusos del excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, sigue calando hondo, sobre todo por lo crudo de sus cifras: de acuerdo al informe encargado al abogado laico Waldo Bown fueron cuarenta y ocho años de abusos (entre 1960 y 2008), 22 víctimas, entre ellas 4 menores de edad, y 3 denuncias de aborto.
«Es tremendo. Él es una persona con doble personalidad y que causó un enorme daño y ha hecho sufrir a mucha gente. Ese sufrimiento es una violencia tremenda. Por mucho bien que hayas hecho el dolor es inconmensurable. Es un daño gigante», dijo el exdirector del Hogar de Cristo y actual presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, a Radio Pauta, graficando la magnitud de la situación.
Para Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Marcela Aranda, la teóloga de la Universidad Católica que abrió esta siniestra “caja de pandora”, dijo que la investigación muestra un «caso extremo, de intento de aniquilación de una persona».
“Aquí se logra mostrar un lado muy oscuro del ser humano, de gente que tiene el poder y que viven la vida haciéndole daño a otras personas vulnerables sin tapujos. Era tenido por símbolo de la bondad humana, y usaba todo el poder que acumulaba para dañar y abusar de mujeres jóvenes. Es una situación de las más graves, yo creo que para la historia va a pasar como uno de los abusadores más brutales», enfatizó el jurista de la Fundación para la Confianza a Radio Cooperativa.
Respecto a los pasos que seguirá, el abogado confirmó que Marcela Aranda le pidió «no iniciar acciones legales formalmente, porque siente que la Compañía está aportando los antecedentes de una forma adecuada, lo que es reparador para ella».
“Ya hay una investigación penal en marcha en la Fiscalía Sur, en la cual Marcela prestó declaración ante la PDI, y seguiremos colaborando con esa indagatoria. Por ahora, no presentaremos acciones penales ni civiles contra la congregación. (…) Y otra cosa muy importante es que se comprometieron a entregar al Ministerio Público el contenido del informe”, indicó.
En cuanto a algunas denuncias de su representada, como los tres abortos siendo que el informe acreditó uno, el abogado explicó que “eso no significa que los otros no existieron. Ellos fijan un patrón de conducta que hace que toda la declaración de Marcela sea creíble, y en uno de los abortos encontraron pruebas independientes, que logran acreditar esta situación”.
Respecto a las violaciones grupales denunciadas, asumió que “era muy difícil” corroborarlo. “Waldo Bown es un buen investigador, pero no tiene las herramientas que tiene el Estado”, indicó.
Con todo, se manifestó satisfecho con los resultados de la indagación encargada por los jesuitas. “No hay una investigación perfecta, pero, en mi caso personal y en el de Marcela, creo que esta ha superado nuestras expectativas. Es la primera vez que veo una institución de Iglesia que en vez de atacar a las víctimas, las acoge y apoya; que entiende que esto debe ser rápido y actúa en esos términos; que en vez de escabullir la responsabilidad de la organización reconoce numerosas faltas éticas y negligencias. Creo que será muy reparador para Marcela y para los propios jesuitas”, dice.
Otro punto que quedó en el tapete es de las responsabilidades. En este punto, Benito Baranda señaló que no solo existió negligencia «en relación a los jesuitas» sino que la negligencia también estuvo en las «instituciones en las cuales trabajó el padre Poblete y en particular el Hogar de Cristo. Me imagino que se le dio un poder omnipotente, en el Hogar de Cristo era el Capellán y es de las pocas instituciones y fundaciones en Chile que tiene derecho a veto».
En este plano, el exdirector del Hogar de Cristo asumió que “tenemos responsabilidad. Tuvimos un vínculo muy estrecho con él durante todo el período en que fui director social y uno se mira a sí mismo en un cargo de autoridad y por supuesto que hace una revisión de sus actitudes en relación al comportamiento del padre Renato y, claro, hay un no observar, no prestar atención».
Las víctimas de abusos de otros sacerdotes también reaccionaron. Por ejemplo, Juan Carlos Cruz, víctima del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, llamó a que los jesuitas y el Ministerio Público «respondan ante las víctimas y luego con todos aquellos que callaron una barbaridad de este tamaño».
Su compañero José Andrés Murillo admitió que “hay que reconocer que en el informe sobre #Poblete no hubo tanto eufemismo. Se reconoció la responsabilidad institucional; se habló de reparación y no solo perdón. Y todo gracias a Marcela Aranda, sobreviviente que rompió los muros del silenciamiento. Toda mi admiración a ella”.
Jaime Concha, víctima de abusos en el colegio Alonso de Ercilla, de los maristas, se preguntó “¿cuántos testimonios de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico se necesitan para reconocer que la Iglesia Católica en Chile no es garante de los DDHH?”, y desde la Red Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos emplazaron al Congreso a formar una comisión investigadora para indagar los delitos. “El Estado si no reacciona ante los crímenes sistemáticos de la Iglesia Católica en Chile se vuelve cómplice”, indicaron.
