En un nuevo capítulo del programa político de El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon, la editora periodística Marcela Jiménez y el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, abordaron la agenda anticorrupción elaborada por la entidad. Esta fue presentada a diversos actores, entre ellos, el Gobierno, el cual se comprometió a «generar una reacción a ese documento preliminar, apostando a que esta respuesta oficial se traduzca en medidas legislativas concretas”, según el titular del organismo fiscalizador. Respecto a los casos de corrupción de exmilitares y Carabineros, Jaraquemada puso el foco en que «hizo falta mayor injerencia del poder civil”. En cuanto al escándalo de San Ramón, advirtió que “el tema de la narcocorrupción está presente, no es reciente”.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) elaboró una agenda anticorrupción con 43 medidas destinadas a «sanar» la credibilidad que han perdido las diversas instituciones del país. Un documento que el Gobierno, a través del ministro del Interior, Andrés Chadwick, se comprometió a analizar en un par de semanas. Este fue el tema central de un nuevo episodio de La Semana Política, con el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, la editora periodística Marcela Jiménez y el presidente del ente fiscalizador, Jorge Jaraquemada.
Al inicio del programa, el líder del CPLT sostuvo que «cuando yo asumí la presidencia del consejo percibimos que había una situación que hace 10, 15 o 20 años no teníamos y era que las irregularidades y actos de corrupción se venían reiterando con mucha mayor asiduidad y que ya no eran tan infrecuentes como antes».
«Yo tengo la sensación de que Chile es un país que tenía mayores niveles de corrupción que los que decían los rankings internacionales. Yo no me compro mucho de que esto es algo que ha venido recién emergiendo. Tenemos que partir de la premisa de que siempre van a haber espacios de tentación, espacios donde se pueden inventar sistemas para extraer recursos del Estado», expresó.
El titular del organismo agregó que estos casos «estaban tocando o permeando a ciertas instituciones que son muy caras para nuestro procedimiento democrática. Esa fue la primera señal que nos dijo que aquí hay algo en los que podemos avanzar y hacer un salto cualitativo».
Con este objetivo se abocaron a elaborar una agenda anticorrupción. «Se nos ocurrió tomar las cuatro agendas de corrupción en Chile (1994, 2003, 2006 y 2015) y revisar todas aquellas medidas que quedaron pendientes, e hicimos una exhaustiva revisión de lo que son las mejores prácticas a nivel internacional. A partir de eso, nos propusimos hacer una ronda de conversaciones», explicó.
«Me junté con los presidentes del Senado, de la Cámara, con el contralor, con el Fiscal Nacional, con el presidente de la Corte Suprema, les planteé esta situación y les pareció interesante que fuera un órgano autónomo el que pudiera plantear esta agenda», agregó.
«La invitación que yo les hice es que nosotros íbamos a construir un documento que se los entregaríamos con esta batería de regulaciones, para que ellos pudieran darnos su impresión de lo que estaba bien», detalló.
¿En qué grado de avance va esto y cuáles son las medidas más importantes que contiene la propuesta?, preguntó el director Federico Joanonn, tomando en cuenta que se trata de una tarea urgente, porque “todo indica que en temas de probidad y corrupción, estamos contra el tiempo”.
De acuerdo a Jaraquemada, “hay un documento de trabajo que no es final, porque la idea es seguir recibiendo más sugerencias de los órganos. En este momento tenemos un documento de trabajo que abarca 8 ámbitos y tiene 43 medidas precisas. Los 8 grandes ámbitos tienen que ver con Poder Judicial, empresas públicas, los gobiernos regionales y municipales, el Congreso, entre otros», puntualizó.
«Una de las medidas que se están proponiendo antes tiene que ver con que en el Ministerio Público, en la designación de los fiscales, se busque una fórmula que permita un mayor escrutinio ciudadano y público», aseveró.
Respecto al objetivo general de esta agenda, Jaraquemada sostuvo que «a lo que apunta esto es a evitar aquellos elementos nocivos para la política y la democracia, el fin tiene que ver con que la corrupción es un elemento que socava la credibilidad de las instituciones».
En relación con lo que ocurrió con el Partido Socialista y las “narcorredes” en la comuna de San Ramón durante las elecciones internas de mayo, el presidente del CPLT indicó que «el tema de las narcocorrupción está presente, no es reciente, hay antecedentes de que esto ha actuado antes, lo que pasa es que no teníamos noticia pública, no teníamos las herramientas que hayan levantado la información que nos permitiera tener políticas regulatorias de carácter preventivo, fiscalizatorio y sancionatorio».
«El refichaje de los partidos terminó siendo aprovechado por las redes de narcotráfico, entonces, ¿va a haber una propuesta para depurar esos padrones electorales?», planteó Joannon.
La respuesta del CPLT fue que «no es un tema en el que tengamos una medida concreta, pero existe la posibilidad de conversarlo e incorporarlo. Ahora yo creo que en esto el Servel tiene mucho que decir, porque es el órgano pertinente que tiene que velar por este tipo de cuestiones. Yo creo que el depuramiento de los padrones, que es una primera obligación de los partidos, es algo que se debiera exigir y creo que podría ser una medida beneficiosa», sostuvo Jaraquemada.
Respecto a la corrupción en las Fuerzas Armadas, con casos bullados como los procesamientos y prisión preventiva de los excomandantes en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba, además del “Pacogate” en Carabineros, el timonel del CPLT remarcó que ocurrieron «por la falta de regulación».
«No había controles que previeran el mal uso de los recursos fiscales, faltó mayor injerencia del poder civil en un control respecto este tipo de cuestiones. Algunas de las medidas que proponemos tienen que ver directamente con el uso del gasto reservado», añadió.
Jaraquemada dijo que «yo he hablado con el actual general director de Carabineros (Mario Rozas) y está en una firme cruzada de erradicar todo este tipo de situaciones y de ser mucho más transparente frente a la ciudadanía».
«No basta con que el general en jefe actual tenga noción y quiera hacer lo mejor, porque cuando una institución está muy corrupta no se puede regenerar a sí misma, necesita intervención, necesita apoyo de afuera», replicó Joannon, al consultar si en la agenda anticorrupción del CPLT había medidas específicas para las FF.AA. y de Orden.
«Las medidas específicas tienen que ver con auditorías y controles externos que estén radicados en entes separados, por ejemplo proponemos que todo el sistema de compras y adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, donde tienden a repetirse los proveedores y en algunos casos proveedores que no tienen un prestigio muy alto, estén radicados en órganos de controles externos», especificó Jaraquemada.
El presidente de CPLT, agregó que «hemos señalado, en otro de los ámbitos que tienen que ver con compras públicas, que todo el sistema de compras públicas del Estado debiera estar radicado en Chilecompra, pero en un sentido global, es decir, no solamente en el proceso de compra y adjudicación, sino que todo el seguimiento del cumplimiento del contrato».
«Hemos propuesto restringir al máximo el trato directo, porque eso tiene sanción pero la verdad es que no se aplica, entonces, hay que modificar no solamente el sistema de seguimiento de las situaciones, sino que un sistema sancionatorio que sea realmente eficaz», agregó.
Por ejemplo, Jaraquemada apuntó a que “proponemos también generar una Superintendencia de Obras Públicas que pueda revisar a los proveedores y también al Ministerio de Obras Públicas, es decir, que tenga un rol completamente independiente».
De acuerdo a los avances con el Gobierno sobre este tema, Marcela Jiménez consultó cómo va a ser el procedimiento para la implementación de la agenda del CPLT, porque muchos puntos se topan con lo que es la agenda institucional que está impulsando el ministro del Interior Andrés Chadwick.
«El ministro me dijo que se comprometía a que en un par de semanas se va a generar una reacción a ese documento preliminar para ver donde había coincidencia, donde había que trabajar más y qué otras cosas se podían agregar», sostuvo Jaraquemada, apostando a que esta respuesta oficial se traduzca «en medidas legislativas concretas», concluyó.
