PAÍS
El director de la institución, John Mackenzie, envió un comunicado a padres y apoderados luego del reportaje de El Mostrador que da cuenta de una demanda por discriminación contra una menor que sufre de espina bífida. Ante ello, los padres de la niña aseguraron que las declaraciones de Mackenzie «faltan a la verdad en muchos de los hechos acontecidos y además demuestran una profunda ignorancia en temas de inclusión, ya que mucho de los aspectos de los que se jacta, no son beneficios del colegio sino que exigencias legales».
Los padres de Leonor, la menor de edad estudiante del colegio Dunalastair que sufre de espina bífida, respondieron al comunicado de su director John Mackenzie, luego del reportaje de Agenda País de El Mostrador que da cuenta de la demanda que enfrenta la institución por discriminación.
«Nos enorgullecemos de ser una comunidad inclusiva en una amplia acepción y queremos asegurarles que no discriminamos a esta alumna y su familia, así como tampoco lo hemos hecho con otras tres niñas que asisten a nuestros colegios y que tienen su misma condición -dos en Prekinder y una en 5° básico. Además, como ustedes saben y pueden verificar día a día, nuestros colegios son completamente accesibles (pueden ser recorridos en silla de ruedas sin problemas) y cuentan con baños accesibles y adaptados para todos», dice la declaración del establecimiento.
El comunicado enviado a padres y apoderados agrega que «oportuna y reiteradamente, conversamos con la familia para asegurarles que los apoyos del colegio en adaptación de la infraestructura, y en acompañamiento y atención de la estudiante eran parte de nuestro compromiso con ellos, pero que, a contar de primero básico, no podían incluir la presencia de funcionarios del colegio al interior del baño con la estudiante. Nuestros protocolos de cuidado de los alumnos son claros y buscan asegurar que todos los miembros de la comunidad cuenten con el debido resguardo de su privacidad y seguridad personal, especialmente de niños y niñas».
Ante esto, Fernanda y Rodrigo, padres de la menor, señalaron que las declaraciones de Mackenzie «faltan a la verdad en muchos de los hechos acontecidos y además demuestran una profunda ignorancia en temas de inclusión, ya que mucho de los aspectos de los que se jacta, no son beneficios del colegio sino que exigencias legales».
«Creemos que la contradicción básica y la más evidente radica en que en el comunicado a apoderados, se enorgullecen de ser una comunidad inclusiva, sin embargo en la respuesta formal a la demanda, se auto describen como un colegio bilingüe que no tiene un programa de inclusión para necesidades educativas permanentes. Un colegio se define o no se define inclusivo, no existe el paso de uno a otro a menos que sea oportunismo para cumplir las demandas de una comunidad o buscar una ganancia reputacional», aseguran los padres.
Agregan que «siempre fuimos muy respetuosos en cumplir los protocolos del colegio pero el cambio de condiciones de apoyo que existió de parte de ellos de forma unilateral y arbitraria, y la nula flexibilidad para tratar de buscar en conjunto una solución para el paso de nuestra hija a primero básico, extremando su posición hasta el punto de asegurarnos que el colegio no asistiría a Leonor en caso de accidentes y que esperarían a que nosotros llegáramos al colegio, atentando incluso con la integridad física y sicológica de nuestra hija, fue lo que nos obligó a retirarla».
Leonor ingresó al colegio Dunalastair, sede Las Condes, en 2016. La buena disposición del establecimiento se materializaba, entre otras cosas, en la ayuda de una enfermera en caso de que la niña lo necesitara en sus idas programadas al baño, o socorrerla si sufría algún accidente ocasional en su avance en autonomía.
Sin embargo, luego de permanecer dos años en el colegio, a fines del año 2017 las autoridades del establecimiento comenzaron a manifestar “de manera indirecta” que era necesario que la menor controlara esfínter, ya que requería de autonomía absoluta al pasar a primero básico y que no podría tener asistencia de alguien del personal por los protocolos por los que se rigen.
Los padres explicaron que era imposible exigir que Leonor controlara esfínter o fuera absolutamente autónoma de un momento a otro, pues es un proceso fisiológico lento que es imposible condicionar a su vida escolar.
En la demanda presentada ante el 22º Juzgado Civil de Santiago con fecha 3 de abril de este año, se califica este cambio de criterio como “arbitrario, ilegal y discriminador por razones de discapacidad física. Es arbitrario porque no tiene justificación alguna en materias que no digan relación con la discapacidad de Leonor o que estén bajo su control. Es ilegal porque vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, además de amenazar el derecho a la integridad física, al prohibir que se preste ayuda a la menor en casos de accidentes. En cuanto a la discriminación, estamos frente a un cambio de criterio que opera contra el interés de una persona discapacitada, cuando nuestra legislación está inspirada en un principio distinto que dice relación con generar posibilidades de apoyo e inclusión para dicha población”.
