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Por el caso del ciudadano español Enrique López Olmedo, el fallo sentenció a 12 años de prisión por el homicidio y a otros 541 días por la aplicación de torturas al capitán de fragata Alberto Bobadilla Grillo y al teniente coronel de Carabineros Pedro Luis Alcayaga Zúñiga.
El ministro Jaime Arancibia Pinto condenó a penas de prisión a dos oficiales retirados de la Marina y a otro de Carabineros como autores de torturas y el homicidio calificado del ciudadano español Enrique López Olmedo, ocurrido en noviembre de 1977 en Valparaíso.
El fallo sentenció a 12 años de prisión por el homicidio y a otros 541 días por la aplicación de torturas al capitán de fragata Alberto Bobadilla Grillo y al teniente coronel de Carabineros Pedro Luis Alcayaga Zúñiga.
En tanto, el capitán retirado de navío Gastón Eugenio Silva Cañas fue condenado por el juez a 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva, como encubridor de los mismos delitos.
Durante la investigación del caso, el juez Arancibia estableció que López Olmedo, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet, fue detenido el 11 de noviembre de 1977 en una «ratonera» montada por agentes de seguridad en la casa de un familiar situada en el sector de Playa Ancha, de Valparaíso.
En el mismo lugar, tras ser detenido, López Olmedo fue amarrado a una silla con la vista vendada e interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente, señala el expediente del caso.
Después, con evidentes signos de maltratos, según testigos, fue sacado de la casa por los agentes, que a unas pocas cuadras de distancia lo acribillaron a tiros.
Aún con vida, los mismos agentes lo llevaron a la Academia de Guerra Naval, donde tenía su cuartel el servicio de Inteligencia de la Marina, y posteriormente al Hospital Naval, al que ingresó fallecido a causa de una anemia aguda, según el informe médico.
La dictadura afirmó en la oportunidad que Enrique López Olmedo había sido muerto al oponer resistencia armada a los agentes que intentaban detenerlo, quienes «se vieron obligados» a usar sus armas y repeler el fuego.
La Comisión Rettig determinó que aunque la víctima se hubiera resistido al arresto, «no habría motivo» para matarlo, y llegó a la convicción de que López Olmedo fue ejecutado por agentes del Estado en violación de sus derechos humanos.
De 35 años al ser asesinado, Enrique López Olmedo era casado y padre de dos hijos. Con estudios de Sicología en la Universidad Católica, se integró al MIR cuando era estudiante y llegó a ser miembro suplente de su Comisión Política.
Según su esposa, Lucía Bennett Urrutia, la detención de Enrique López ocurrió en realidad a fines de octubre de 1977 y fue mantenido en algún centro de torturas hasta el 11 de noviembre, cuando fue asesinado bajo la simulación de un falso enfrentamiento, método utilizado con frecuencia por los organismos de seguridad para encubrir sus crímenes.
