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En la discusión, organizada en la Universidad de Chile, el rector Vivaldi aseguró que el financiamiento vía voucher para la educación estatal es “un absurdo total”. Mientras que Harald Beyer sostuvo que «el nuevo crédito (que reemplaza al CAE) que se está discutiendo en el Congreso tiene problemas de diseño», Adriana Delpiano aseguró que la reforma se debe ir ajustando todo lo necesario.
La Universidad de Chile reunió este lunes para debatir a los ex ministros de Educación Adriana Delpiano, Harald Beyer y Mariana Aylwin junto al senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Camila Rojas y Jaime Bellolio, en el foro “Gratuidad ¿quién se hace cargo?”.
La discusión estuvo marcada por la cifra de 27 mil estudiantes que quedaron fuera del beneficio por exceder los años de duración formal de las carreras universitarias y la decisión del Gobierno de cerrar la puerta a extender la gratuidad, asegurando que los fondos serán destinados a la educación inicial.
En ese marco fue que los ex titulares de Educación Adriana Delpiano, Harald Beyer y Mariana Aylwin junto a los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), diputados Camila Rojas (Comunes) y Jaime Bellolio (UDI), se reunieron para debatir y enfrentar posturas respecto a qué hacer en la inmediatez y en el largo plazo en torno a la gratuidad en el sistema de educación superior.
La ex ministra y una de las responsables de la ley de educación superior del Gobierno de la ex presidenta Bachelet, Adriana Delpiano, planteó que “hubiera esperado que al menos el jefe de la división del Mineduc estuviera aquí para recoger parte de la inquietud, para saber cómo se continúa”, pero no hubo representantes del Gobierno en el foro.
Por su parte, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y ex ministro de Educación, Harald Beyer, recordó que “todos saben que yo no he sido partidario de la gratuidad y sigo sin ser partidario de la gratuidad”, pero advirtió que “tenemos que buscar una solución con los instrumentos que tenemos porque la gratuidad llegó para instalarse”. Con todo, asumió que «el nuevo crédito (que reemplaza al CAE) que se está discutiendo en el Congreso tiene problemas de diseño».
Para Mariana Aylwin, el tema de fondo es que, a pesar que existe una mayor inversión pública en la educación superior, las instituciones tienen menos ingresos con la gratuidad. En tal sentido, propuso la posibilidad de explorar posibilidades de recursos no necesariamente públicos, como el copago, y agregando le parece importante “que el Crédito con Aval del Estado se perfeccione, deje de ser financiado por la banca, y pase a ser un fondo solidario”, en sintonía con la propuesta del Ejecutivo del Sistema de Financiamiento Solidario o CAE 2.0 que se encuentra en el Congreso.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), expuso que el problema de fondo, más allá de la gratuidad, es el modelo de financiamiento de la educación superior. “Hay un diseño que va a generar déficits permanentes. Ahora son estos 20 mil estudiantes de la gratuidad, pero esto va a seguir ocurriendo siempre, porque hay un diseño que es deficitario”.
En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ex presidenta de la Fech, Camila Rojas (Partido Comunes) destacó la importancia de “disminuir la relevancia arancelaria, aumentando los aportes basales de las instituciones públicas, ya que eso es fundamental para el funcionamiento de estas instituciones”.
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) expuso que, a su parecer, los problemas que ha develado la gratuidad comienzan mucho antes que los estudiantes ingresen a las universidades, y que es necesario regular qué sucede en otros niveles educacionales, asegurando que “es injusto que la prioridad sea la educación superior (…) ¿Quiénes son ellos?, ¿los más vulnerables? No, no lo son”.
En su intervención el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que “el Estado a sus universidades le entregue fondos por la vía del voucher es un absurdo total”. A juicio del presidente del CUECh, “tiene que haber entre el Estado y sus universidades un proyecto compartido en función del país y de cada región. Y esa debería ser, por lo menos, la fuente de financiamiento del sistema público. Y sin lugar a dudas, tienen que haber otras formas de financiamiento para el sistema privado”.
