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En el mundo judicial es sabido que tiene al menos tres “padrinos” que no solo la han respaldado, sino que también abogarían por ella en situaciones claves: el presidente del PRI, Hugo Ortiz de Filippi; el senador PS Juan Pablo Letelier; y el abogado John Campos. Si bien causas como la de Lumi Videla y el procesamiento a Marcelo Moren Brito le dieron cierto reconocimiento en el mundo de los Derechos Humanos y son parte de los argumentos de la oposición, especialmente la DC, para apoyar su nombre para ascender al máximo tribunal, la jueza también es duramente cuestionada por el voto con que rebajó a la mitad las penas de los condenados en una arista de la Operación Colombo, y el que dio a favor del clan Pinochet y sus colaboradores en el marco del Caso Riggs. Los últimos años, su tónica ha sido la de rechazar los recursos de protección presentados por ciudadanos en contra de las Isapres por la no cobertura de gastos de maternidad, la vulneración a la Ley de Urgencia, el no respeto al copago e impugnaciones de licencias médicas.
Mientras todos los ojos públicos están puestos en la álgida discusión entre el Gobierno y la oposición por la Reforma Tributaria, en La Moneda están afinando el nombre que enviarán al Senado como propuesta para llenar el cupo que dejó el año pasado Milton Juica en la Corte Suprema. Todas las señales indican que la elegida, de la quina que está en el escritorio del Presidente Sebastián Piñera, sería la jueza Dobra Lusic, una figura que cuenta con redes políticas y judiciales complejas y cuestionadas.
En el mundo judicial es sabido que Lusic tiene al menos tres “padrinos” que no solo la han respaldado, sino que también abogarían por ella en situaciones claves, y la posibilidad de ascender al máximo tribunal del país no está al margen. El principal, sería el ex senador Hugo Ortiz de Filippi, actual presidente del PRI, cuestionado en reserva incluso en el seno de Chile Vamos.
Es que Ortiz de Filippi en la década del 2000 se desempeñó como abogado de la empresa Aerocontinente, acusada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de lavado de activos y narcotráfico. Dicha compañía era de propiedad de un notorio narcotraficante peruano, quien actualmente cumple condena en su país por lavado de dinero y tráfico de drogas, y que –según la prensa de Perú– es integrante del cartel Los Norteños, con vínculos con los capos mexicanos de la droga.
Dada su condición de timonel del PRI, Ortiz de Filippi participa todas las semanas en el comité político que los lunes realizan los ministros de Palacio –Interior, Segpres, Segegob, más el jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet– con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, para precisamente coordinar el trabajo y decisiones de la administración piñerista.
El otro “padrino” político clave de Lusic, según es sabido hace años en las lides judiciales, es el senador socialista Juan Pablo Letelier, quien estos días ha estado en el ojo público al ser vinculado con los casos de corrupción de dos magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua y la reunión que tuvo con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en el marco de las indagatorias que se les realizaban a ambos jueces.
Un encuentro que levantó todas las sospechas y críticas, al punto que el propio Abbott tuvo que salir a blindarse, el martes 9 de abril, para despejar dudas sobre eventuales presiones. Además, el ex timonel del PS, Osvaldo Andrade, advirtió que “la reunión del senador Letelier con el Fiscal Nacional no ayuda en cautelar el prestigio de las instituciones. No corresponde, más cuando estamos en un contexto en que las instituciones están en crisis”.
Por eso, el ex diputado emplazó al PS a “tomar medidas al respecto. En el PS hay una entidad que se tiene que encargar de estas cosas (…). Invito a que de oficio se opere al respecto. Hay una conducta política que puede merecer reproche y eso es materia de lo interno y, si está todo claro, no habrá ningún problema».
Otro hombre clave, que es reconocido como cercano de Lusic y parte de sus redes, sería el abogado John Campos, conocido por sus gestiones para conseguir apoyos en la Suprema y actuar de enlace en la búsqueda de votos para que ciertos jueces puedan ascender al máximo tribunal.
Campos es un personaje controvertido en el mundo judicial. Cercano a la UDI, fue director del Hogar de Vida Familiar Padre Hurtado –perteneciente al Hogar de Cristo de Parral–, de donde fue destituido por una serie de denuncias de abuso de menores, un proceso judicial en el que fue defendido durante 9 años por César Valero Nader, millitante UDI, ex abogado de Paul Schäfer y de Colonia Dignidad.
En el Senado afirmaron que están esperando que, a partir de esta semana, La Moneda les haga llegar la propuesta presidencial para llenar el cupo que dejó Juica en la Corte Suprema. Desde la oposición explicaron que el nombre de Lusic fue propuesto por la DC sobre la base del acuerdo político tácito de llenar las vacantes del máximo tribunal con un criterio de alternancia binominal entre la derecha y la centroizquierda.
[cita tipo=»destaque»]No fue la única vez, de hecho en el circuito de tribunales dicen que Lusic siempre falla contra los afiliados. Es cuestión de mirar algunas de sus resoluciones de los últimos años como presidenta de la Primera y la Tercera salas del tribunal de alzada capitalino, donde su tónica ha sido rechazar los recursos de protección presentados por ciudadanos en contra de las Isapres por la no cobertura de gastos de maternidad, la vulneración a la Ley de Urgencia, el no respeto al copago e impugnaciones de licencias médicas.[/cita]
No por nada entre senadores de oposición el lunes recalcaron que “el Gobierno no va a ir con un nombre para la Suprema sin apoyo nuestro» y que en esta ocasión La Moneda “va a respetar nuestro turno».
Explicaron que básicamente ha sido la DC la que ha liderado las gestiones y conversaciones con el Ejecutivo a favor de la jueza, ya que el PS –más allá de la cercanía del senador Letelier con Lusic– se habría mantenido al margen en esta ocasión, tras los roces que hubo en la nominación de Mauricio Silva Cancino, quien llenó el cupo dejado por el juez Carlos Cerda.
A ojos de sectores de la oposición –particularmente la Democracia Cristiana–, a favor de Lusic juega el hecho de ser mujer, algunos puntos relevantes en su trayectoria en materia de Derechos Humanos y que ha sido la primera mayoría en las dos últimas quinas elaboradas por la Corte Suprema.
Efectivamente, en la votación del 26 de marzo, la ministra obtuvo 11 votos en la quina que también integran Sergio Mora Vallejos, ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique; Miguel Vázquez Plaza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel; y María Angélica Repetto García, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En esa votación, Lusic contó con los votos de supremos como Sergio Muñoz, Lamberto Cisternas, Carlos Künsemüller y Gloria Ana Chevesich, pero no con el de Silva Cancino.
Técnicamente competente, liberal en lo valórico y con fama de arbitraria, Lusic es presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Inició su carrera judicial en abril de 1975, desde entonces pasó por los tribunales de Villarrica, Coquimbo, Puerto Montt, Puerto Varas, para, en octubre de 1997, llegar a la Corte de Apelaciones de San Miguel y, en el 2002, a la de Santiago.
Entre los años 2014 y 2016 fue integrante y presidenta de la Corte Marcial, donde llevó el mediático caso de la tragedia del avión Casa 212 en la Isla Juan Fernández, y procesó a dos oficiales en retiro y tres en servicio de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de deberes militares. Esta resolución, después, fue revocada por la Corte Marcial, que sobreseyó a los inculpados.
A fines de la década del 80, Lusic tuvo a cargo otra causa emblemática. Instruyó la investigación por el secuestro y asesinato del menor Rodrigo Anfruns, ocurrido en 1979, la que finalmente cerró sin imputados y sin poder determinar la participación de agentes de Estado.
A inicios de la década de los 90, investigó los casos en los que estaba involucrado Osvaldo Romo, el ex agente de la DINA, y esclareció el secuestro, tortura y asesinato de la militante del MIR Lumi Videla, quien fue lanzada muerta al patio de la embajada de Italia en 1974. Lusic fue la primera en el Poder Judicial en dictar procesamiento contra otro siniestro ex represor de la dictadura, Marcelo Moren Brito, y tuvo en sus manos el caso del crimen del periodista José Carrasco, donde dictó los primeros procesamientos en contra de agentes de la CNI, caso que luego pasó a manos del ministro Hugo Dolmestch.
Si bien con estas causas ganó cierto reconocimiento en mundo de los Derechos Humanos y son parte de los argumentos de la oposición, especialmente la DC, para apoyar su nombre para ascender a la Suprema, Lusic también es duramente cuestionada por el voto con que rebajó a la mitad las penas de los condenados en una arista de la Operación Colombo. Otro punto controvertido en su currículo fue su voto a favor del clan Pinochet y sus colaboradores, cuando en 2007 –como integrante de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones– estuvo por otorgar la libertad provisional a los 23 procesados por malversación de caudales públicos en el caso Riggs.
Ese tipo de hechos es el que le ha dado la fama de arbitraria e impredecible que abogados de la plaza le atribuyen, al punto que en tribunales se comenta que “nunca se sabe cómo fallará”.
Un sello que sí ha tenido en su trayectoria los últimos años ha sido su permanente defensa a favor de las Isapres.
En 2015, votó a favor de ellas cuando recurrieron a la justicia para rebajar los pagos de las costas judiciales de los procesos a los que eran sometidas cuando perdían un recurso de protección de los afiliados, esto por el alza unilateral de planes.
No fue la única vez, de hecho en el circuito de tribunales dicen que Lusic siempre falla contra los afiliados. Es cuestión de mirar algunas de sus resoluciones de los últimos años como presidenta de la Primera y la Tercera salas del tribunal de alzada capitalino, donde su tónica ha sido rechazar los recursos de protección presentados por ciudadanos en contra de las Isapres por la no cobertura de gastos de maternidad, la vulneración a la Ley de Urgencia, el no respeto al copago e impugnaciones de licencias médicas.
Fallos que terminaron siendo revocados cuando llegaron a manos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el ministro Muñoz, que en materia de salud se ha caracterizado por sus dictámenes a favor de las personas.
En el mundo judicial, además, recuerdan que en 2006 la ministra Lusic enfrentó un sumario del máximo tribunal del país por el uso de automóviles de la PDI, pero finalmente la Suprema no le aplicó sanciones.
