En un nuevo episodio del programa político del diario El Mostrador, los panelistas Héctor Cossio y Natalia Saavedra analizaron junto al investigador de Espacio Público, Manuel Arís, los casos de corrupción que han ocurrido en el país y la baja credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones, a raíz del tráfico de influencias por el que fueron suspendidos tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. «La confianza en las instituciones ha disminuido drásticamente en la última década, la legitimidad de las instituciones está muy deteriorada, la imagen de los actores políticos y los actores públicos ha bajado mucho en los últimos años, y esos son signos que nos tienen que preocupar, porque deterioran al final del día nuestra convivencia», señaló Arís.
La corrupción fue el tema principal del nuevo episodio de La Semana Política. Los panelistas de El Mostrador, Héctor Cossio y Natalia Saavedra, conversaron con el investigador de Espacio Público, Manuel Arís, sobre la baja credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones a raíz de los últimos casos que se han dado a conocer, como, por ejemplo, la corrupción de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, involucrados en tráfico de influencias.
Para Arís, que este caso haya ocurrido en el Poder Judicial es «un signo preocupante», ya que este poder «parecía que no estaba involucrado en este tipo de casos». «Si uno ve que situaciones como esta, donde podría haber tráfico de influencias, se da en la Corte de Apelaciones, ¿qué es lo que uno podría esperar hacia abajo cuando establecemos que la corrupción muchas veces se comporta de manera piramidal?», cuestionó el editor general de El Mostrador.
Para responder, Arís utilizó un cliché: «No existen países o instituciones que estén libres de corrupción. Lo que hace la diferencia entre países corruptos o países que no son corruptos es la forma en que reaccionan a la corrupción. Obviamente que el Poder Judicial en Chile esté con amenazas de tener una corrupción es un daño tremendo a nuestra convivencia. No podemos permitirnos eso, porque significaría un estado de degradación que obviamente tenemos que evitar que suceda a toda costa».
La solución, a juicio de Arís, es la celeridad con la que se reacciona: «Lo importante es que esos casos ojalá se mantengan acotados y que produzcan reacciones, que produzcan reformas que vayan acotando la discrecionalidad que tienen ciertos funcionarios, ciertas autoridades, para que esos casos de corrupción sucedan de nuevo».
Saavedra, en ese sentido, cuestionó las reformas que evitan la corrupción ejemplificando con otro hecho ligado a ella, que fue noticia la última semana: las clases de ética que comenzaron a recibir los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín: «¿Cómo se va violentando la imagen con estos castigos que parecen demasiado laxos para los actos que hemos conocido hasta ahora como actos de corrupción?».
«Hay una sensación de impunidad muy generalizada y eso es un caldo de cultivo para que la corrupción se reproduzca», explicó Arís, aludiendo a que, si la ciudadanía ve que las grandes autoridades se corrompen, ellos se van a sentir motivados a «evadir el pasaje de la micro o a reproducir pequeñas corrupciones».
«¿Por qué no hay entonces un castigo generalizado?», preguntó Saavedra, lo que fue respondido por Arís, indicando que, tras los casos de corrupción que ocurrieron entre los años 2014 y 2015, se reformó «de manera bien ambiciosa los castigos que recibirán las personas que cometan este ilícito».
«Tendríamos que esperar un nuevo caso entonces para conocerlas», retrucó la editora de El Mostrador Mercados.
Para evitar que vuelvan a ocurrir nuevos casos de corrupción en el Poder Judicial o en las Fuerzas Armadas, los tres panelistas de La Semana Política concordaron en que el «poder civil tiene que ejercer algún tipo de control sobre estas irregularidades que hemos observado», como detalló Cossio.
«Ahí es donde nuestra institucionalidad está fallando y es un diagnóstico que se estableció hace bastante tiempo que la autoridad civil no puede fiscalizar o forzar una rendición de cuentas por parte del poder militar o judicial», agregó Arís.
«Otros países han apuntado a la normativa de que cada institución no puede tener su propio sistema de transparencia», indicó Saavedra, que es justo lo que busca el Gobierno con la reforma a la Ley de Transparencia. Para Arís este proyecto, llamado también Consejo para la Transparencia 2.0, «lo que busca en lugar de posicionar al Consejo para la Transparencia como el órgano rector y promotor de la transparencia para las instituciones públicas en general en Chile, lo que hace es disgregar el sistema».
Saavedra calificó esta reforma como muy particular: «Parece muy extraño que cada institución se disgregue y haga su propio sistema de transparencia, con sus propias reglas, con sus propios consejos y después existan puros miniorganismos de transparencia que puedan tener diferentes opiniones de lo que es informable a los ciudadanos, qué es lo que transgrede la seguridad pública».
«Genera una duda muy razonable de que se van a esconder, que es un mecanismo para ocultar información», sentenció Cossio.
A raíz de lo anterior, la ciudadanía ha perdido capacidad de asombro sobre los nuevos casos de corrupción. «La gente suele hablar con mucha propiedad de que todo está corrupto, de que no les llama la atención que en el Poder Judicial haya corrupción, que no les llama la atención que esto ocurra en la policía, que ocurra en el Ejército, que ocurra en las municipalidades, en los partidos políticos, que ocurra en el alto empresariado», analizó Cossio. ¿Cómo se puede mejorar esta sensación a nivel ciudadano?
De acuerdo a Arís, hay datos preocupantes sobre este tema, pero también hay muchos datos alentadores: «De un año a otro subió 10 puntos la intolerancia a la corrupción. De un 64% a un 74% dice que no votaría por un candidato así. Eso da cuenta de que podemos, quizá en estas conversaciones informales, decir que todos son corruptos, pero a la hora de votar, por ejemplo, a un candidato corrupto, al menos en el discurso, la población chilena todavía mantiene una tolerancia a la corrupción que es un capital que tenemos que resguardar y promover».
Para eso, es clave la educación cívica, como indica Saavedra: «Es relevante que cívicamente se eduque a las generaciones sobre qué es la corrupción». «Hay que estimular la denuncia. Porque, por lo general, en el ámbito público quien denuncia también resulta dañado a partir de sumarios que se hacen en contra. En las instituciones armadas, es más visto como una traición. Son valores culturales trastocados», agregó Cossio.
«Es cierto que la confianza en las instituciones ha disminuido drásticamente en la última década, la legitimidad de las instituciones está muy deteriorada, la imagen de los actores políticos y los actores públicos ha bajado mucho en los últimos años, y esos son signos que nos tienen que preocupar porque deterioran al final del día nuestra convivencia», sentenció.
