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A través de un documento que será firmado por todos los senadores y senadoras de oposición de las comisiones de Hacienda y Educación, los parlamentarios proponen una serie de modificaciones al nuevo crédito solidario unificado, el que elimina el CAE y el Fondo Solidario, en un nuevo sistema único de créditos. Los senadores buscan que no se perjudique a la gratuidad y condicionaron su aprobación. “Si el Gobierno no acoge nuestras propuestas pondría en riesgo la idea de legislar del proyecto que reemplaza el CAE”, señaló el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
Como un hito político es visto el acuerdo que los senadores y senadoras de oposición firmarán esta jornada, con el fin de condicionar la aprobación del proyecto de un nuevo sistema de créditos para el financiamiento de estudios en la educación superior, que elimina el Crédito con Aval del Estado (CAE), que hoy tiene a más de 900 mil estudiantes y ex estudiantes endeudados, y que para el presupuesto 2018 significó el 26,5% de los fondos para Educación Superior.
El proyecto, que fue ingresado a mediados de 2018, debe ser votado pronto en la sala del Senado, pero aún se encuentra en la Comisión de Educación, que es presidida por el senador Juan Ignacio Latorre (RD). La semana pasada, el Ejecutivo le puso urgencia al proyecto, que es la carta del Mineduc para financiar a los estudiantes que pierden la gratuidad por atrasarse en sus estudios.
Cabe recordar que la iniciativa diseñada por el subsecretario Raúl Figueroa tiene como objetivo rebajar el gasto fiscal en el crédito, el que supera los $3,5 billones desde el año 2006. Para ello, elimina a los bancos del sistema de créditos estatales, por lo que crea una sociedad anónima del Estado para financiar el crédito, además elimina el Crédito Fondo Solidario de la universidades del Cruch, y lo unifica en el nuevo sistema.
El proyecto también crea un “Dicom” de deudores, que será publicado en la página del nuevo crédito, y serán los empleadores los encargados de retener el pago de las cuotas del crédito, al igual como ocurre con el sistema de AFP y salud.
El documento firmado por senadores y senadoras de oposición, de las comisiones de Educación y Hacienda, presididas por Latorre y Ricardo Lagos Weber (PPD), establece que tras escuchar a diversos actores del mundo educacional, “llegamos a la convicción de que esta propuesta de nuevo crédito no cumple ni con los objetivos que dice tener, ni con aquellos que nuestra educación superior tiene en materia de financiamiento”, ya que el sistema se debería aplicar como un apoyo transitorio a la aplicación de la gratuidad en un 100%.
El senador Latorre explicó que «este es un proyecto de todas las bancadas de las comisiones de Hacienda y Educación. Desde nuestra posición este es un proyecto regresivo, que retrocede respecto a lo legislado en gratuidad, que amenaza la gratuidad, y que también fomenta el endeudamiento de los estudiantes. Para nosotros es fundamental que el Gobierno se abra a cambiar aspectos estructurales del proyecto de ley, para poder tramitar el proyecto. Si el Gobierno no acoge nuestras propuestas pondría en riesgo la idea de legislar del proyecto que reemplaza el CAE”.
El documento señala que el nuevo crédito compite con la gratuidad y beneficia a las instituciones de educación superior, en desmedro de los estudiantes, “en razón de que les permite obtener mayor cantidad de recursos con menos regulaciones”. El sistema de créditos es la principal fórmula de financiamiento para las instituciones privadas, según el último informe sobre el sistema del CAE de Fundación Sol, “Endeudar para Gobernar”, el 70% de los estudiantes deudores cursaron sus estudios en 20 universidades, IPs o CFTs privados.
“El nuevo crédito, más que tener un carácter complementario y transitorio, apunta precisamente a competir con la política de gratuidad. De este modo, este nuevo instrumento, junto con consolidar la lógica del financiamiento a la demanda, genera incentivos para que las instituciones que pueden dejen de participar del sistema de financiamiento gratuito, condicionando la libertad de los estudiantes de escoger. Ello, a su vez, tiene como consecuencia que las instituciones estatales, que deben estar adscritas a la gratuidad, vean profundizados sus déficits económicos, consolidando su posición minoritaria en el sistema”, destaca el documento.
Se destaca que el Ejecutivo comete un “error” en la propuesta de iniciativa y que las modificaciones al proyecto son potestad del Ejecutivo, por lo tanto, solicitan un acuerdo entre el gobierno y la oposición. “La aprobación en general de esta iniciativa, sin un acuerdo previo, significaría entregar un cheque en blanco al Gobierno, lo que no nos parece conveniente, ni bueno para el país”.
Este acuerdo previo está condicionado por algunos puntos bases, como la presentación de un proyecto de ley, por parte del Ejecutivo, que recoja la propuesta de liberar los fondos de recaudación del Crédito Fondo Solidario, y así que las universidades del Cruch puedan financiar la gratuidad para los 20 mil estudiantes que la perdieron el 2018. También plantea construir con las IES una propuesta que modifique a la Ley de Gratuidad y avance hacia el financiamiento basal a las universidades, y así reducir el protagonismo de los aranceles. Asimismo, considera que se extienda la gratuidad en dos semestres más de la duración de las carreras, además de implementar un programa de acompañamiento para las brechas académicas con las que ingresan los estudiantes más vulnerables.
Junto con esto, establece que las condiciones para acceder al nuevo crédito de las instituciones sean las mismas que se establecen para acceder a la gratuidad, lo que significa, igualar los requerimientos para los aranceles y eliminar el copago, para que los estudiantes no deban endeudarse con otros créditos.
Respecto a las condiciones para el nuevo crédito, los senadores y senadoras proponen que éste sea administrado por un servicio público, no una sociedad anónima del Estado, como INFISA. Que el crédito no devenga intereses, que su pago no exceda el 5% de la renta anual de los deudores, que se incluya a los estudiantes de décimo decil como beneficiarios, la eliminación del mérito académico como requisito para su mantención, eliminar el registro o “Dicom público de deudores”, que el empleador no retenga de los sueldos el pago del crédito, y que la retención de la devolución de impuestos para pagar la deuda sea voluntaria. Finalmente pide avanzar en la reparación a los deudores CAE, con la condonación de la deuda.
Además, proponen que a las instituciones de educación superior deban estar adscritas al sistema único de selección (PSU), tenga un mínimo de 4 años de acreditación, que IPs y CFTs estén organizadas como instituciones sin fines de lucro, y que se rijan por la regulación de aranceles reales sobre arancel regulado, conforme a la ley 21.091 de Educación Superior.
La presentación de este documento es parte de una serie de iniciativas que buscan mejorar las condiciones de la gratuidad, en la que también han trabajado los rectores del Cruch y Cuech. Además, la idea de presentar esta propuesta también habría sido conversada con el Gobierno, a través del encuentro entre el senador Latorre y el ministro Gonzalo Blumel, junto al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quienes habrían estado disponibles a dialogar sobre los cambios propuestos.
