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Ansias de poder: Martorell en modo campaña y con “comando” instalado en la Subsecretaría de Prevención del Delito

por Macarena Segovia

27 marzo, 2019

Ansias de poder: Martorell en modo campaña y con

Poco a poco se ha hecho un espacio en los círculos de poder de Renovación Nacional y en el Gobierno. Sus principales alfiles en la estratégica repartición provienen de la zona norte de la Región Metropolitana, gente que se ganó su confianza mientras fue concejala de Quinta Normal y en su frustrada candidatura por el distrito N° 9. Dos nombres que llamaron la atención son Verónica Montecinos (ex DC) y Francisco Monares (activista local), piezas claves en el episodio que terminó con la suspensión de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández por infracciones “graves a las normas de probidad”.

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Fuerte, carismática, independiente y “con ansias de poder”, así describen a Katherine Martorell desde los círculos de Renovación Nacional (RN). Dicen que la subsecretaria de Prevención del Delito es una de “las mujeres choras” que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera, además de uno de los alfiles del presidente de RN, Mario Desbordes, al interior del Ejecutivo.

La abogada por la Universidad Central es una “mujer de trabajo local”, el que ha quedado en evidencia en su ascendente carrera desde su paso por la Municipalidad de Conchalí, donde se desempeñó como directora jurídica y directora de Desarrollo Comunitario (Dideco). Entre 2012 y 2016 fue concejala de la Municipalidad de Quinta Normal.

El 2017 tuvo una fallida candidatura a diputada por el distrito N° 9, en donde los cupos de la derecha se los quedaron Sebastián Keitel (Evópoli), Jorge Durán (RN) y la independiente, que es parte de la bancada RN, Érika Olivera. Tras esa derrota en las urnas, Martorell llegó a hacerse cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cargo considerado en círculos de la derecha como un “gran trampolín político y de poder”.

Es más, de allí salieron Cristóbal Lira, empresario y asesor del ministro del Interior, Andrés Chadwick, además del diputado RN Gonzalo Fuenzalida, quien hizo su carrera allí, como jefe de la División Programas y Estudios y como coordinador del Programa de Asistencia a Víctimas.

Prevención del Delito es un espacio de alta exposición, porque la problemática de la delincuencia ha sido uno de los principales caballos de batalla electoral de la derecha desde hace dos décadas, y en este segundo Gobierno de Piñera es uno de sus ejes político-comunicacionales centrales. Pero, además, porque permite que sus autoridades puedan alcanzar una alta visibilidad en los medios, debido a los delicados casos que deben tratar, como el ataque a Carolina Torres (24), una joven lesbiana que fue brutalmente agredida por caminar de la mano junto a su pareja. “Este es un delito de odio que solo se motiva en la orientación sexual de una persona y no lo podemos seguir permitiendo”, recalcó Martorell tras visitar a la joven en la Posta Central.

Desde el Ejecutivo aseguraron que “se valora el entusiasmo” de la subsecretaria, pero también que no ha pasado inadvertido el hecho de que muchas veces se ha “colado” en pautas de alta connotación mediática, lo que ha incomodado a otras reparticiones de Gobierno. Un punto no menor, ya que al interior del oficialismo reconocieron que llama la atención su “constante interés por aparecer”, algo que iría estrechamente de la mano de la búsqueda de un futuro escaño en el Congreso.

La abogada, que –de acuerdo a una entrevista dada a La Segunda– gusta del pool y hasta jugó unas mesas con Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos mientras estudiaba Derecho en la Universidad Central, ha intentado marcar una impronta de “mujer fuerte” y de “liderazgo entre un mundo de hombres”, reconoció una colaboradora. Es más, el tema de la agenda de género del Gobierno sería primordial para ella, tanto así, que llegó hasta la ex Posta Central cuando se cometió el femicidio N° 11, el mismo día en que se conmemoraba el Día de la Mujer, y ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las condiciones para las mujeres que son funcionarias de Carabineros.

Desde el Ejecutivo aseguraron que “se valora el entusiasmo” de la subsecretaria, pero también que no ha pasado inadvertido el hecho de que muchas veces se ha “colado” en pautas de alta connotación mediática, lo que ha incomodado a otras reparticiones de Gobierno.  Un punto no menor, ya que al interior del oficialismo reconocieron que llama la atención su “constante interés por aparecer”, algo que iría estrechamente de la mano de la búsqueda de un futuro escaño en el Congreso.

Algunos de sus colaboradores la defendieron y afirmaron que Martorell “solo busca que se haga bien la pega”, pero funcionarios de la misma subsecretaría explicaron que el centrarse en los temas “más vistosos para la opinión pública” ha llevado a que la subsecretaria “deje de lado otras áreas y algunos programas pierdan efectividad y recursos”. Hay programas como el de Apoyo a Víctimas que desde la administración anterior fueron, poco a poco, perdiendo espacio y que, tras el arribo de Piñera a La Moneda, no se han aumentado los recursos.

Desde la subsecretaría destacaron que desde que Martorell asumió su cargo “ha liderado la coordinación y ejecución de distintas iniciativas en materia de prevención y seguridad”, por ejemplo, su rol en proyectos como “STOP, que desde su puesta en marcha ha permitido una disminución de un -2,2% en los delitos y un aumento en la denuncia, que –de acuerdo a la Fundación Paz Ciudadana– pasó de un 55.07% en el año 2017 a un 61.23% en 2018”. También recalcaron su trabajo en la Ley Antiportonazo, su rol en la mesa del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, en la ampliación de cobertura del programa Lazos, el ingreso del reglamento del Banco Unificado de Datos (BUD) a la Contraloría General, y que ha liderado el programa de innovación tecnológica, que incluye el proyecto de Televigilancia Móvil.

La camiseta de Quinta Normal

Martorell tiene un fuerte lazo con la comuna de Quinta Normal, no solo por su trabajo como concejala, sino porque siempre ha estado pendiente de ese territorio y de los conflictos que terminaron con la gestión de la alcaldesa DC, Carmen Gloria Fernández, suspendida por dos meses por “faltas graves a la probidad”, según una sentencia del Tribunal Electoral Metropolitano en octubre de 2018.

Mientras era concejala, presentó las causales de remoción e inhabilidad, por una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del municipio por malversación de caudales públicos con fondos que estaban destinados a Programas de Integración Escolar (PIE). "Los recursos no solo no se usaron en los PIE, sino que además no están por ninguna parte", denunció Martorell a La Hora, en 2017, mientras era candidata a diputada.

Para apoyar su denuncia, la entonces concejala expuso en el Concejo Municipal un informe técnico que había sido encargado por la secretaría general de la Corporación Municipal, episodio que terminó con un grupo de directores de colegios de la comuna suspendidos por dos meses.

Durante el 2018, los concejales de Quinta Normal, Natalia Silva Herrera y Marta Landeros Gallardo, ambas de RN, y el UDI Lorenzo Mora, llevaron el caso hasta la justicia electoral. Sumaron al caso de las platas PIE y el no pago de $140 millones por cotizaciones previsionales a los funcionarios de la corporación, proceso que terminó con la sanción en contra de la alcaldesa y una investigación que hoy lleva adelante el Ministerio Público.

Una de las personas claves en este caso es la contadora Verónica Montecinos, quien ejerció como secretaria general de la Corporación Municipal de Quinta Normal desde fines de 2015 hasta enero del 2017, cuando fue desvinculada días antes que declarara ante el Ministerio Público. Según la profesional –que entonces militaba en la DC– su salida se debió a que ella había denunciado una serie de hechos irregulares de los que tomó conciencia tras un conjunto de auditorías internas, incluyendo el informe sobre los recursos PIE que expuso Martorell.

Después de su despido, Montecinos detalló una serie de irregularidades en una entrevista realizada por el coordinador del “Movimiento Ciudadano Quinta Normal 2.0”, Juan Francisco Monares, quien también fue un activo denunciante de lo ocurrido en la comuna a través de su movimiento. “Solamente decir que la probidad no tiene color político”, concluyó la contadora, en la entrevista publicada en el diario local El Carrascal.

Estos dos activos denunciantes en el caso Quinta Normal hoy trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en cargos de confianza de Martorell, decisión que causó sorpresa entre algunos personeros de Gobierno. Montecinos renunció a su militancia en la DC el 5 de marzo de 2018 y, luego, asumió como coordinadora de estudios e interseccionalidad del Programa de Apoyo a Víctimas, mientras que Monares –publicista– también entró a dicha división con el fin de apoyar el programa y al gabinete.

Oficina electoral

Para algunos funcionarios de la subsecretaría, a todas luces “se ha instalado una oficina electoral” en la institución y el programa más intervenido sería el de Apoyo a Víctimas, en el que Martorell ha instalado a varios ex colaboradores de su paso como concejala, así como del que fue su equipo en la campaña parlamentaria de 2017.

El primer nombre es el de Nicole Garafulic Zalaquett, hija de la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, quien se desempeña como asesora de la jefatura del programa de Apoyo a Víctimas. Su jefa es la concejala de Conchalí Paulina Rodríguez, que dirige el programa y fue la primera mayoría de los concejales en las últimas municipales, cercana a RN y con experiencia en atención a víctimas tras su paso por el Centro de la Mujer del municipio de Renca.

Según una nota de prensa publicada en la página de la subsecretaría, el principal objetivo para Rodríguez es convertir el programa de Apoyo a Víctimas en un servicio. Una tarea difícil para la mano derecha de Martorell, quien fue su asesora antes de ser nombrada jefa de dicho programa. Este ha registrado una constante disminución de sus recursos desde el año 2016, cuando marcó un peak de presupuesto, que alcanzó los $6.213.108.000 y el 2018 bajó hasta los $3.741.220.000.

Para este 2019 el programa cuenta con un presupuesto de $3.913.637.000. Desde la subsecretaría explicaron que “por aprobación del Congreso Nacional, desde el año 2016 el presupuesto del Programa de Apoyo a Víctimas ha tenido una progresiva disminución. Pese a lo anterior, esta Subsecretaría se ha preocupado de garantizar la continuidad del servicio, optimizando los recursos humanos y financieros en cada uno de los Centros de Apoyo a Víctimas a lo largo de todo el país”.  

Otra concejala de Quinta Normal que trabaja en la subsecretaría es Marta Landeros Gallardo (RN), una de las que denunció las irregularidades del municipio ante el Servicio Electoral. Es parte del programa Denuncia Seguro y desde Prevención del Delito detallaron que cumple “labores administrativas”.

La abogada María Paz Delpino Latrach, con quien trabajó en la Subtel y que actualmente se desempeña en la Coordinación Nacional de la subsecretaría, también se cuenta entre las mujeres de confianza de Martorell.

Funcionarios de la repartición se declararon preocupados por el desarrollo del programa de Apoyo a Víctimas, porque los últimos meses ha habido despidos masivos en los centros regionales y añadieron que hasta se le hizo entrega de un diagnóstico técnico al subsecretario Rodrigo Ubilla, pero este “no se mete en el trabajo de Martorell”. Agregaron que están acostumbrados al cuoteo político y que, con cada cambio de Gobierno, los subsecretarios han llegado con asesores y trabajadores de su confianza, pero que en el caso de Martorell “ha sido excesivo”, que ha traído "dirigentes políticos y posibles candidatos y candidatas” de la zona norte de Santiago.

Consultados sobre esta situación, desde la señalada subsecretaría respondieron que “todos los funcionarios que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito lo hacen en atención a sus capacidades, personales y profesionales, a su experiencia y a la confianza necesaria para desempeñarse en las labores que son requeridas en el servicio”.

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