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“La Fiscalía ha levantado ese secreto y ha puesto a disposición de los intervinientes 11 tomos de la investigación”, dijo el fiscal José Morales quien tiene en sus manos la arista Fuente-Alba en el ámbito de la justicia civil.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago levantó el secreto de la investigación contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien próximamente será formalizado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos.
“La Fiscalía ha levantado ese secreto y ha puesto a disposición de los intervinientes 11 tomos de la investigación”, dijo el fiscal José Morales quien tiene en sus manos la arista Fuente-Alba en el ámbito de la justicia civil.
El general en retiro se encuentra procesado y en prisión preventiva por malversación de caudales públicos por 3.500 millones de pesos vía gastos reservados, por decisión de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.
Pero a la vez, el Ministerio Público lo tiene en la mira por el delito de lavado, que apunta a dilucidar las maniobras que usó FuenteAlba para blanquear su patrimonio.
De acuerdo a la legislación, los antecedentes de las investigaciones por lavado de activos son de carácter reservado, pero tras la resolución del juzgado, favorable a la solicitud de la defensa de Fuente-Alba, ésta se abocará ahora a estudiar los tomos del expediente.
“No habíamos tenido desde agosto del año pasado ninguna información”, dijo el abogado Maximiliano Murath, quien representa al excomandante en jefe del Ejército tras la renuncia de Alejandro Espinoza y Joanna Eskia a su defensa.
El profesional sostuvo que el general, detenido desde del 14 de febrero en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén por orden de la ministra Romy Rutherford está “preocupado de su defensa y analizando los antecedentes”.
Según Murath, “todo su patrimonio está íntegramente comprobado, toda su trazabilidad es lícita, no proviene de ninguna fuente ilegal, ilícita o irregular, y tenemos la convicción de que se va a aclarar el tema del uso de gastos reservados que está investigando la ministra”.
La decisión judicial se conoce en una jornada en que El Mostrador reveló nuevas irregularidades relacionadas con la venta de 160 vehículos de lujo al Ejército, que pueden enredar aún más la ya frágil situación de su procesado ex comandante en Jefe.
En esta trama aparece como coprotagonista la concesionaria de autos DITEC, controlada por los empresarios Sebastián De Cárcer y Cristóbal Lira, que comercializa en Chile a Land Rover, Volvo, Jaguar y Porsche. También aparece involucrado, como comisionista –aunque no participó realmente en el negocio– el cuestionado proveedor del Ejército Virgilio Cartoni. Lira fue subsecretario de Prevención del Delito en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y actualmente, aunque desde el mundo privado, es un relevante asesor remunerado de Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
