PAÍS
Este lunes, parlamentarios del Partido Socialista, liderados por el diputado e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana, presentarán un requerimiento ante el organismo contralor denunciando que la ministra de Educación cometió «una infracción grave al principio de juridicidad y legalidad y a la regulación de los gastos en publicidad de proyectos de ley», al promocionar a través de 10 regiones y 26 comunas del país el proyecto de ley de «Admisión Justa», que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), aprobado durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Ya han pasado un par de semanas, pero no han terminado las críticas a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por la gira propagandística que realizó durante los últimos meses promocionando la ley de «Admisión Justa», la que la llevó a recorrer 10 regiones y 26 comunas del país.
Incluso parlamentarios del Partido Socialista, liderados por el diputado e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana, irán más allá y presentarán ante Contraloría un requerimiento acusando que Cubllos usó «recursos públicos» para la gira.
“Venimos en denunciar a la Señora Marcela Cubillos Sigall, ministra de Educación, por utilizar recursos públicos con fines propagandísticos en el marco del ingreso del proyecto de ley denominado ‘Admisión Justa’, en contravención al principio de juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución, del artículo 2 de la Ley Nº 18.956 y del artículo 3 de la Ley Nº 19.896”, señala en un documento filtrado por el diario La Tercera.
El borrador del escrito indica que el desplazamiento de Cubillos implica una “infracción grave al principio de juridicidad y legalidad y a la regulación de los gastos en publicidad de proyectos de ley”, además de sentenciar que Cubillos busca “denostar el sistema de admisión a instituciones educacionales públicas, mediante la desinformación, la caricaturización y la falta a la verdad”.
Los argumentos que presentarán junto con el documento este lunes son, a juicio de los denunciantes, sólidos. El principal se basa en que la gira de la ministra violó de forma “flagrante” el principio de juridicidad, el que establece que los “órganos del Estado no pueden ejercer más potestades de las que expresamente les han sido otorgadas” por la Constitución, las leyes y ordenamiento jurídico en su conjunto y deben someterse “completa y absolutamente” a su cumplimiento.
También indican que la titular de la cartera habría infringido la Ley Orgánica del Mineduc al exceder sus atribuciones creando “un ambiente contrario a la legislación vigente, a fin de lograr un objetivo político, afectando el derecho a la información y acceso de los apoderados respecto de los procedimientos de admisión”.
