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Crédito: Agencia UNO
Los diputados comunistas Daniel Núñez y Boris Barrera ingresaron un requerimiento a Contraloría, donde expresan que el nombramiento del ex contralor al mando del Consejo Asesor para la Modernización del Estado “merece un examen a la luz del principio de probidad”. El organismo fiscalizador pidió un informe a la Segpres.
El ex contralor Ramiro Mendoza es actualmente el presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, formada por el Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, como abogado defiende a empresas en causas que perjudican al Estado, acusan los diputados comunistas Daniel Núñez y Boris Barrera.
Bajo esa premisa, los parlamentarios interpusieron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para objetar el nombramiento del ex contralor al mando de la comisión asesora.
El requerimiento fue derivado por la Contraloría al ministerio Secretaría General de la Presidencia el pasado 15 de enero para que haga sus descargos en un plazo de 10 días hábiles.
«Valoramos que la Contraloría haya acogido nuestra denuncia y oficie a Segpres para que informe sobre la designación de Mendoza. Creemos que el principio de probidad establece inhabilidades cuando una persona está representando a empresas contra el Estado. Por eso pedimos a la Contraloría que se declare ilegal el nombramiento de Mendoza y que se proceda a nombrar a otro presidente de este consejo asesor”, sostuvo el diputado Núñez.
En el requerimiento ingresado a Contraloría, los parlamentarios expresan que “a nuestro juicio el nombramiento del señor Ramiro Mendoza merece un examen a la luz del principio de probidad”.
Según los diputados, “en su designación hace procedente un reproche de ilegalidad que encuentra fundamento en el carácter incompatible de ciertas actividades particulares de Ramiro Mendoza con la función pública que desempeña a partir de su designación. Tal es así puesto que en su calidad de abogado patrocina causas contra organismos del Estado, lo que no resulta conciliable con la función de dirigir un Consejo que tendrá la relevante misión de proponer reformas al Estado”.
Las causas a las que aluden los parlamentarios dicen relación con los servicios prestados por Mendoza a minera Los Pelambres en un litigio con la municipalidad de Salamanca que se tramita en el 12°Juzgado Civil de Santiago, y a Aguas Andinas en un proceso con el Servicio Nacional del Consumidor ante el 4° Juzgado Civil de Santiago.
Sin embargo, éste no es el único flanco que tiene abierto Mendoza. El abogado también ha quedado en tela de juicio por el rol que tuvo para detectar a tiempo los fraudes en Carabineros. Durante su período al mando de la Contraloría, ordenó en 2010 el término de un sumario contra la institución policial “que hubiera permitido sancionar detener oportunamente los actos de corrupción de funcionarios de esa institución”, advierten los diputados PC.
Mendoza lidera el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, entidad instalada en junio del año pasado que tiene como misión asesorar al Presidente «en materias de reforma al Estado, aportándole visión de largo plazo, transversalidad, sentido de urgencia y continuidad al proceso de modernización». La instancia está integrada además por Javier Etcheverry, Jeannette Von Wolffersdorff y Evelyn Matthei, entre otros.
