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La resolución del ministro en visita, Jaime Arancibia Pinto, además en el aspecto civil condenó al Fisco a pagar una indemnización de $35 millones a cada una de las víctimas por el daño moral provocado.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a 5 funcionarios en retiro de la Armada fueron condenados por secuestro, detención ilegal y torturas de José Miguel e Isabel Verónica Sánchez Larraín, menores de edad a la época de los hechos, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En el fallo, el ministro Arancibia condenó a Pedro Victoria Frioli Otonel, Manuel Alejandro Buch López, Arístides León Calffas y Guillermo Retamales Ruiz, como autores de los ilícitos, a 541 días de presidio; y a Germán Patricio Valdivia Keller a 60 días, como cómplice. A los condenados Frioli, Buch y León se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena; en tanto, Retamales y Valdivia deberán cumplirlas efectivamente.
En la causa, el ministro en visita decretó la absolución de Juan Fernando Vásquez Huidobro, Jorge Benjamín Ginouves Contreras, Miguel Juan Gallegos Sote y Jaime Miguel Urdangarín Romero.
En la etapa de investigación, el magistrado logró establecer que en agosto de 1974, en el sector de Belloto, comuna de Quilpué, la casa de las víctimas fue allanada por un gran número de funcionarios de la Armada de Chile, provenientes de la Base Aeronaval de El Belloto, en busca de la hermana mayor de las víctimas, que habría pertenecido a la Juventudes Comunistas.
“Al momento que ocurren los hechos, las víctimas estaban a cargo de su hermana mayor, por encontrarse su madre trabajando de enfermera particular en la ciudad de Viña del Mar. A pesar de ello, ésta fue llevada por los uniformados a la Base Aeronaval de El Belloto”, establece la resolución.
La investigación del magistrado añade que “al momento en que la patrulla naval ingresó al domicilio, produjo diversos destrozos a la vivienda, además de sustraer las especies de valor que en ésta se encontraban. En diversas ocasiones, durante la detención de las víctimas, ellas fueron golpeadas con el arma que portaban los uniformados, mientras éstos revisaban y registraban las habitaciones buscando armas. La patrulla naval estuvo apostada al interior del domicilio hasta el día siguiente, después de haber dormido y consumido todo el alimento que había en la casa, manteniendo con ello secuestradas a las víctimas al interior de su propio hogar», señala la resolución.
En el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $35 millones a cada una de las víctimas por el daño moral provocado.
