PAÍS
En el oficio enviado al ministro de Defensa, Alberto Espina, para que tome cartas en el asunto, el Consejo para la Transparencia lo exhorta a que instruya a las Fuerzas Armadas para que no impidan a sus funcionarios usar el derecho “sin obstrucciones, restricciones indebidas o la imposición de condiciones que no se encuentran establecidas en la ley”. El caso se originó en la denuncia ingresada por el entonces sargento Juan Pablo Díaz, a quien el Ejército le negó la información que solicitó vía Transparencia bajo el argumento de que no cumplía con el “conducto regular”.
El Consejo para la Transparencia abrió un sumario administrativo en contra del Ejército por infracciones a la Ley de Transparencia, y ofició al ministro de Defensa Alberto Espina para que se instruya a las Fuerzas Armadas para que se garantice el derecho de acceso a la información.
El caso se originó en la denuncia ingresada por Juan Pablo Díaz, quien requirió el 11 de julio de 2014 antecedentes vía Transparencia por su cambio de destinación desde el Regimiento Limache, ubicado en Renca, hasta el Comando de Mantención de La Reina.
Sin embargo, su solicitud fue declarada inadmisible mediante Oficio N° 6800/2616, del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, bajo el argumento de que “el medio legítimamente idóneo para solicitar información relativa a un documento del propio servicio, por parte del personal en servicio activo, debería haber sido el conducto regular”.
Para el Consejo para la Transparencia, esta explicación no se sustenta, señalando que “exigir que las solicitudes que efectúen los miembros de las Fuerzas Armadas deban ser realizada por el conducto regular, supone una infracción a las disposiciones vigentes de la Ley de Transparencia y constituye una infracción al derecho fundamental de acceso a la información, obstruyendo el legítimo ejercicio éste, reconocido universalmente a cualquier persona, sin poder efectuarse ningún tipo de discriminación a quien realice la solicitud”.
Díaz (en la foto) es especialista en inteligencia de la institución castrense, fue paracaidista y participó en la misión de paz en Bosnia. Sin embargo, durante su permanencia en el Regimiento Limache, realizó denuncias de falta a la probidad contra un mayor, lo que derivó en una cadena de hostigamientos que significaron su traslado al Comando de Mantención de La Reina, asegura. La denuncia la realizó al entonces comandante del regimiento, coronel Gustavo Núñez Kocher, quien ahora es general y pasará a retiro el 2019 en medio de la masiva remoción del Alto Mando en la rama castrense.
“Recurrí al Consejo para la Transparencia efectivamente ellos me dijeron que no correspondía que se me negara los antecedentes. Yo ya lo sabía, aunque en el juicio laboral el juez laboral resolvió que yo tenía que respetar el conducto regular. Pero la ley no contempla eso, porque cualquier ciudadano puede pedir antecedentes por Transparencia”, cuenta Díaz a El Mostrador.
Al solicitar las explicaciones vía Transparencia por su cambio de destinación, Díaz cuenta que fue sancionado. Esto se sumó a otra calificación negativa, por un impasse con el entonces comandante en el Comando de Mantención de La Reina Humberto Oviedo (quien a la postre ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército). Finalmente, en 2015 le comunicaron que sería dado de baja, la que se hizo efectiva a fines de 2016, tras 19 años y 9 meses de permanencia en la institución.
“Espero poderme reintegrar porque me dieron de baja por dos sanciones completamente ilegales”, explicó Díaz a este medio.
Tras analizar el caso, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia estimó que existen indicios de eventuales infracciones a la Ley de Transparencia, por lo que, acordaron por unanimidad instruir un sumario administrativo en contra del Ejército de Chile, designando como fiscal a Carolina Andrade Rivas, y como fiscal subrogante a doña Verónica Barría Villarroel, ambas abogadas de la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia.
El sumario se suma a un oficio dirigido al ministro de Defensa Alberto Espina, firmado por Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, donde se exhorta al secretario de Estado a que “instruya a las instituciones de las Fuerzas Armadas a efectos de que adopten las medidas necesarias, con la finalidad de que en lo sucesivo se garantice el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, sin obstrucciones, restricciones indebidas o la imposición de condiciones que no se encuentran establecidas en la ley”.
Desde el Consejo para la Transparencia, explicaron que esta gestión se enmarca en su tarea de requerir a los órganos de la Administración del Estado para que ajusten sus procedimientos y sistemas a la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, una normativa en la que las ramas de las Fuerzas Armadas no están exentos.
De hecho, “el artículo 2° de la Ley de Transparencia dispone que dicha ley es aplicable a las Fuerzas Armadas, entre otros órganos de la Administración del Estado, sin que se establezca ningún tipo de excepción ni condición especial para ejercer los derechos reconocidos en la ley ante los organismos que componen las Fuerzas Armadas”, señala el oficio de Transparencia.
