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ANEF acusa “razzia” del Gobierno y convoca a paro nacional por despidos masivos en el sector público PAÍS Crédito: Agencia UNO

ANEF acusa “razzia” del Gobierno y convoca a paro nacional por despidos masivos en el sector público

Consejo de presidentes y delegados de la organización acordó convocar a un paro nacional para este jueves 6 de diciembre. Acusan que el Gobierno vulneró los acuerdos “generando una incertidumbre inaceptable y una situación insostenible” para los trabajadores fiscales. Los despidos ya suman 4.700 desde marzo a la fecha.


El conflicto por los despidos masivos de trabajadores en el sector público sigue escalando con el anuncio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de convocar a un paro nacional de actividades para este jueves 6 de diciembre.

La medida fue adoptada por el consejo de presidentes y delegados reunida esta tarde, informó el presidente de la organización, Carlos Insunza. “Esta es una respuesta que da continuidad plena a nuestra lucha por la estabilidad laboral y terminar con la razzia que desde marzo a la fecha se ha venido desarrollando desde el Gobierno de Sebastián Piñera”, dijo el dirigente.

De acuerdo a la ANEF, en las últimas semanas se han registrado unos 2 mil despidos que se suman a otros 2.700 trabajadores públicos finiquitados desde marzo, mes en que asumió sus funciones la administración Piñera.

El dirigente dijo que “la convocatoria de la ANEF a sus bases es a preparar las condiciones para un paro nacional efectivo de actividades y la realización de manifestaciones públicas para que se interpele a las autoridades de Gobierno responsables de estas medidas en función de defender el empleo de nuestras compañeras y compañeros, y también defender la continuidad del servicio público que se ha visto puesta en riesgo por estas medidas ilegales y arbitrarias de despidos”.

Desde la organización gremial acusan al Gobierno de incumplir los acuerdos adoptados en el marco de la negociación del reajuste salarial 2019. “Se han vulnerado los acuerdos alcanzados por la mesa del sector público y el Gobierno, la semana recién pasada, con los ministros Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, que dieron cuenta dentro del conjunto de materias tratadas del compromiso del Gobierno explicitado en la circular 21 del ministro de Hacienda respecto de las normas objetivas que iban a regular y dar cuenta del proceso de renovación de contratas y contratos de honorarios para 2019”, señaló Insunza.

Insunza añadió que estas prácticas del Gobierno de Piñera “dañan a la administración pública y a los trabajadores y trabajadores del Estado generando una incertidumbre inaceptable y una situación insostenible”.

Aprobación del reajuste

Además del paro nacional de este jueves, otro flanco de presión hacia el Gobierno será la tramitación del reajuste salarial 2019 en el Congreso, donde la ANEF cuenta con el respaldo de las bancadas de oposición que han condicionado su voto a causa de estos despidos masivos.

“El proceso de legislación de la ley de reajuste para nosotros debe ser un espacio donde también el Congreso y los parlamentarios hagan una exigencia plena de los compromisos asumidos”, dijo Insunza.

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Las explicaciones de Piñera

Esta jornada, el Presidente Sebastián Piñera entró en el debate, aclarando que no hubo “sesgos políticos” en las desvinculaciones.

“Lo que yo le pedí a todos los ministerios es que evaluaran con toda justicia, sin sesgos políticos, que las personas que estaban a contrata, que son contratos a un año y que ahora toca renovar, eran necesarias, si estaban cumpliendo bien su labor y en caso que estaban cumpliendo bien su labor les pedimos que renovaran el contrato. Aquellos cargos que no eran necesarios y donde el desempeño no era suficiente, obviamente les pedimos que no renovaran su contrato”, dijo, una explicación que choca con la planteada por los gremios que acusan despidos políticos y sin considerar los desempeños de los involucrados.

A modo de ejemplo, cabe recordar que la semana pasada  los dirigentes de las Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género denunciaron ante la Contraloría General de la República que los despidos efectuados recayeron sobre funcionarios/as que contaban con comprobable y destacable trayectoria en materia de Igualdad y Equidad de Género, tratándose de personas que postularon por concurso público e ingresaron regularmente a la dotación.

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