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INDH
Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que «la actuación de los diversos órganos del Estado debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ello no ocurrió en este caso. Además, tal como lo hemos señalado en la tramitación de la reforma a la legislación migratoria, el Estado debe asumir que en el caso de las personas migrantes tiene obligaciones especiales que debe cumplir».
La Corte Suprema ratificó el fallo de primera instancia que acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una pareja de ciudadanos haitianos, detenidos de manera arbitraria e ilegal -según estableció el fallo- por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un control de identidad.
El fallo, junto con declarar que no existió causa legal o razón suficiente que permita legitimar el procedimiento adoptado por los funcionarios PDI, estableció una privación ilegal y arbitraria de la libertad personal, ya que los amparados fueron objeto de una detención ilegal sin orden de la autoridad competente, sin antecedentes que la justifiquen y excediendo todas las prerrogativas de un control migratorio.
En este procedimiento no se consideró que los amparados exhibieron al momento de la detención sus certificados de estar inscritos en el proceso de regularización migratoria, documento que da cuenta de una condición regular en el país.
Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que «la actuación de los diversos órganos del Estado debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ello no ocurrió en este caso. Además, tal como lo hemos señalado en la tramitación de la reforma a la legislación migratoria, el Estado debe asumir que en el caso de las personas migrantes tiene obligaciones especiales que debe cumplir».
