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«¿No es obvio que todos estamos obligados, máxime cuando se trata de delitos sexuales y de abuso contra la infancia?», cuestionaron. En la declaración calificaron de «aberrante» que se hable de la firma de un documento para colaborar con la justicia pues -aseguran- «nadie que está siendo investigado como ellos actualmente puede tener la desfachatez de aparecer firmando colaboraciones cuando se trata de su deber ciudadano. ¿O acaso desean acogerse a algún tipo de beneficio delatorio? ¿Dejarán de ser encubridores para convertirse en colaboradores de la policía?».
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Chile criticó la declaración de la Conferencia Episcopal (CECh) de formalizar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para investigar los casos de abuso sexual cometidos por religiosos, apuntando a que es «innecesario aplaudir» que una institución declaré que colaborará con la justicia.
«¿No es obvio que todos estamos obligados, máxime cuando se trata de delitos sexuales y de abuso contra la infancia?», cuestionaron.
En la declaración calificaron de «aberrante» que se hable de la firma de un documento para colaborar con la justicia pues -aseguran- «nadie que está siendo investigado como ellos actualmente puede tener la desfachatez de aparecer
firmando colaboraciones cuando se trata de su deber ciudadano. ¿O acaso desean acogerse a algún tipo de beneficio delatorio? ¿Dejarán de ser encubridores para convertirse en colaboradores de la policía?».
«Esperamos que a partir de las declaraciones de voluntad expresas y reiteras de colaborar con las investigaciones penales vigentes dicha colaboración se concrete de alguna forma real y que no sigan escondiendo carpetas bajo mantos de impunidad como sucedió por ejemplo en allanamientos realizados a recintos clericales», agregaron.
La Red de Sobrevivientes, además, considera que son «insuficientes» las medidas tomadas por los obispos. Incluso, calificaron como una «tomadura de pelo» que tras días de trabajo «sean incapaces de realizar acciones concretas para modificar las prácticas que sitúan a su Institución como la más peligrosa en materia de abusos. Así mismo, los sobrevivientes seguimos sin escuchar una propuesta de justicia y reparación que esté a la altura de los crímenes cometidos».
Finalmente, reiteraron el llamado a una «urgente conformación de una Comisión Nacional que se ocupe de atender la violación sistemática de los DDHH en relación a los delitos sexuales y de abuso contra la infancia y adolescencia».
