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Crédito: Agencia UNO
No sólo de la DC y el PRSD hubo votos para la aprobación del proyecto de Gobierno. También dieron sus respaldos parlamentarios del PPD e incluso el PS, con lo que la iniciativa fue despachada del Congreso.
Por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto Aula Segura, culminando así en el Congreso el trámite del polémico proyecto de Gobierno que permite la expulsión express de estudiantes de liceos emblemáticos implicados en hechos de violencia.
A la hora de la votación, los apoyos provinieron de los parlamentarios de Chile Vamos y de diputados de partidos de la ex Nueva Mayoría, como la bancada DC en pleno y el PRSD, tal como se había adelantado.
Pero además votaron favorablemente parlamentarios del PPD (Ricardo Celis y Tucapel Jiménez), e incluso el PS (Daniella Cicardini, Marcelo Díaz, Fidel Espinoza, Jaime Naranjo, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Jaime Tohá).
Los votos en contra provinieron fundamentalmente de los diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, más el diputado PPD Rodrigo González. Las abstenciones, en tanto, correspondieron a diputados PS-PPD, la PRO Marisela Santibáñez, y los regionalistas Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez.
Así fue la votación en la Cámara:
Tras la aprobación en general, el proyecto en particular tuvo siete votaciones separadas que fueron apoyadas por mayoría.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, destacó la aprobación del proyecto, señalando que estamos “contentos con la votación”, porque “lo que hoy se demostró es un acuerdo político logrado al interior del Congreso”.
En el oficialismo había satisfacción, al punto que el RN Diego Schalper, señaló que la votación fue un “triunfo de la educación pública”.
A su turno, el DC Mario Venegas, quien fue clave en la tramitación del proyecto al retirar sus indicaciones en la comisión de Educación, destacó la aprobación, señalando que “primó el sentido común”.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, las conductas motivo de expulsión pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
Por último, se establece que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.
