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Cinco son las acusaciones en contra del jefe máximo del Ministerio Público y El Mostrador tuvo acceso al borrador final de la solicitud de destitución que el Frente Amplio haría formalmente en estos días ante la Corte Suprema. En el texto se plantea que Jorge Abbott contravino la Constitución y los artículos 52, 53 y 64 de Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
La arremetida parlamentaria en contra del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sigue en pie y la inédita solicitud para su remoción está en su recta final. El documento –al cual tuvo acceso El Mostrador– contiene los argumentos para la destitución de la cabeza del Ministerio Público y sería ingresado en los próximos días ante la Corte Suprema, un hecho que no cuenta con precedentes. Una prueba de fuego para Abbott, pero también para el Frente Amplio (FA), el conglomerado que ha impulsado este intento de remoción.
El equipo de abogados que ha llevado el proceso está reuniendo en estos días “los últimos antecedentes” y esta semana, puntualmente, esperan “reunir una importante cantidad de firmas de parlamentarios de todos los sectores políticos para presentar la solicitud de remoción”, explicó Inti Salamanca, abogado de Poder Ciudadano y parte del equipo de profesionales del FA.
Son diez las firmas que necesitan. La idea es que sean apoyados de forma transversal por la oposición, y hasta algunos parlamentarios de Chile Vamos habrían solicitado ver los argumentos para respaldar la iniciativa.
La tarea no ha sido fácil, ya que la jugada no ha estado exenta de críticas por una supuesta “falta de argumentos” o pruebas para “desafiar a una autoridad” tan relevante como el Fiscal Nacional, frases que han circulado al interior del Partido Socialista (PS). Hasta en el seno del propio Frente Amplio se han hecho sentir resquemores respecto a la “seriedad” de la solicitud liderada por la diputada Claudia Mix y que surgió tras las declaraciones de Abbott en su cuenta pública de este año.
Los cargos que se presentarán son –hasta el momento– cinco. Y uno de ellos apunta a la “negligencia manifiesta en el ejercicio” de las funciones como Fiscal Nacional, establecidas en el artículo N° 89 de la Constitución y el artículo N° 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Este cargo apuntaría principalmente a las reuniones que sostuvo Abbott en su calidad de Fiscal Nacional en relación con la causa denominada “Caso Penta”. El jefe del Ministerio Público –mientras se encontraba postulando al cargo– se comprometió a inhabilitarse respecto a dicho caso, debido a su parentesco con el entonces presidente del Banco Penta, Alfredo Moreno, hoy ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Sebastián Piñera.
Pero ese compromiso pasó a la historia, porque el Fiscal Nacional mantuvo dos encuentros, justamente para tratar el señalado caso. El primero, el 18 de diciembre de 2017, cuando Abbott recibió en dependencias de la Fiscalía al entonces senador de la UDI y actualmente ministro, Hernán Larraín, reunión que tenía como objetivo tratar la situación de su par gremialista, Iván Moreira, acusado en tal causa.
[cita tipo=»destaque»]Hilando más fino en los argumentos legales que se llevarán a la Corte Suprema, la violación a la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado residiría en el hecho de que Abbott habría actuado en contra de tres artículos de dicha ley: el Nº 52, inciso segundo, en el que se establece una “conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. También habría violado el Nº 53, que dispone que el interés general se “expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público (…) en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas”. Y, en tercer lugar, el punto 6 del artículo N° 64, que señala expresamente que “participar en decisiones en que existe cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” va en contra de la probidad administrativa.[/cita]
En la reunión, Larraín planteó la necesidad de acelerar el proceso penal al que se encontraba sujeto el senador Moreira, argumentando la necesidad de no afectar los cuórums necesarios en el Senado.
No fue la única reunión. Un año antes, el 20 de enero de 2017, el Fiscal Nacional se reunió con uno de los abogados del Caso Penta, Rodrigo Zegers, quien lleva la defensa del ex administrador de la campaña de Sebastián Piñera el año 2099, Santiago Valdés. El profesional llegó hasta las dependencias del Ministerio Público para reunirse con Abbott, además de la directora de la Unidad Anticorrupción y Asesoría Jurídica, Marta Herrera, y el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández.
En dicha cita, se “realizó una petición que incidía directamente en la tramitación del denominado caso Penta”, explicaron aquellos que impulsan la solicitud de remoción de Abbott. Esto, debido a que el objetivo de este encuentro habría sido unificar las causas Penta y SQM, las que habían sido divididas por el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.
Además, ese mismo día se registra otra cita. El registro del Ministerio Público consigna que asistieron los mismos integrantes, salvo que el encuentro se centró en la causa de SQM. En dicha ocasión, Abbott conversó con el abogado Samuel Donoso, en representación de Patricio Contesse, imputado en dicho caso, SQM. Aunque no se especifica si se realizaron ambas reuniones en un mismo encuentro, las dos citas tuvieron un registro de duración de 50 minutos.
Tras estas reuniones, Abbott le solicitó al fiscal Manuel Guerra que le informara sobre el estado de la causa, “concluyendo finalmente que se negaba” a la solicitud de ambos abogados.
La trayectoria de Jorge Abbott como Fiscal Nacional ha sido flanco de críticas y resquemores desde su nominación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, a finales de 2015.
Abbott tenía que lograr encantar al mundo político y acallar los incipientes cuestionamientos por sus lazos familiares con parte del Grupo Penta, puntualmente con su primo hermano Alfredo Moreno Charme, lo que fue tema obligado durante aquellos días en los pasillos del Senado. Es que se trata de una relación fuerte, son “extremadamente cercanos, son familia”, recalcó un miembro de su entorno, que recuerda que durante su infancia y adolescencia los hermanos Moreno Charme pasaron veranos completos con la familia Abbott Charme en Viña.
Mientras era candidato, no solo se comprometió a dar la batalla contra la delincuencia, sino también a inhabilitarse de cualquier espacio que lo involucrase con el Caso Penta, lo que ayudó a apaciguar las críticas en ese momento.
Ese compromiso quedó plasmado el día 21 de octubre de 2015, en la sesión especial de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, audiencia de rigor para conocer el programa del entonces candidato para conducir el Ministerio Público: “En los últimos días se me ha reprochado, se me ha impugnado, por tener un primo hermano a quien estimo, con quien tengo una muy buena relación, que está vinculado, no a una investigación penal, sino que más bien, con empresas cuyos propietarios están vinculados a una investigación penal y esto, de algún modo, podría significar un obstáculo para ser yo Fiscal Nacional”, dijo Abbott en el Congreso y luego añadió que «desde el primer día, el primer día que se inició esta investigación, yo le comuniqué al Fiscal Nacional, mi parentesco con Alfredo Moreno y que me liberara de cualquier conocimiento, de cualquier especie de esa causa, aún de los aspectos administrativos, es decir, si alguien hace una consulta respecto a una causa Penta, va a ser respondido y será respondido por mis subrogantes”.
Abbott manifestó que se inhabilitó desde el primer minuto, sin tener obligación legal de hacerlo, «me inhabilité porque me parecía que era lo que correspondía hacer (…). Si asumo como Fiscal Nacional, evidentemente tendré que inhabilitarme respecto de esa causa y asignársela a algún Fiscal Regional, para que siga la tramitación (…) quería aclarar ese punto, porque no ha sido grato que mi primo tenga que pagar las consecuencias de haberme postulado a ser Fiscal Nacional”.
Postura que fue aplaudida por varios de los senadores presentes, quienes reconocen a El Mostrador que en dicha fecha “su compromiso a inhabilitarse” fue fundamental para su nombramiento. Es más, el mismo –entonces– senador Larraín, quien dos años después lo visitó para hablarle de la causa Penta, el día de la sesión en el Congreso destacó la “sinceridad y disposición” de Abbott. Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) indicó en la comisión que “ha quedado clara su inhabilidad en las investigaciones relativas al caso Penta, por su parentesco con el Presidente del Banco del mismo nombre”.
Estas reuniones son solo parte del contenido argumentativo de la solicitud de remoción de Abbott. Según los abogados que han preparado el documento, el Fiscal Nacional ha mantenido una conducta “reprochable, toda vez que no ajustó su comportamiento al principio de probidad, que rige los actos de los funcionarios públicos”.
“El solo hecho de que Jorge Abbott haya aceptado reunirse en su calidad de Fiscal Nacional en una audiencia formal realizada en dependencias del Ministerio público con un tercero, en ese entonces senador Larraín, en relación con el Caso Penta, del cual se había inhabilitado, a fin de escuchar una petición sobre la situación de un acusado, y cuya aceptación implica vulnerar el principio de probidad administrativa, constituye una negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo”, explicó Salamanca.
El abogado agregó que resulta irrelevante si la solicitud “para la cual se citó a la respectiva reunión, fue finalmente concretada y accedida por parte de la autoridad, toda vez que Abbott –actuando como Fiscal Nacional del Ministerio Público– no debió haber siquiera aceptado y participado en esa reunión”.
Según el jurista, el máximo persecutor del país intervino “en un asunto donde manifiestamente carecía de imparcialidad (…). Claramente las conductas ejecutadas por Abbott no constituyen una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función del cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular”.
Es más, sobre la base de la recopilación de información y antecedentes, realizada por el equipo de abogados del Frente Amplio, Abbott –más allá de su inhabilitación– ni siquiera tenía la potestad de poder “agilizar las causas”, menos aún el caso específico del senador Moreira. Dicha potestad recaía en el 8° Juzgado de Garantía, por lo que si realmente Larraín esperaba agilizar el proceso y no afectar los cuórums en el Senado, debió pedir a la defensa de Moreira que hiciera entrega de una solicitud al referido tribunal, no ir a hablar en una audiencia pública con el Fiscal Nacional.
Hilando más fino en los argumentos legales que se llevarán a la Corte Suprema, la violación a la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado residiría en el hecho de que Abbott habría actuado en contra de tres artículos de dicha ley: el Nº 52, inciso segundo, en el que se establece una “conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. También habría violado el Nº 53, que dispone que el interés general se “expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público (…) en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas”. Y, en tercer lugar, el punto 6 del artículo N° 64, que señala expresamente que “participar en decisiones en que existe cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” va en contra de la probidad administrativa.
Son cinco los cargos en contra de Jorge Abbott. Además de las dos reuniones sobre el caso Penta, también se incluirían casos “que atentan contra la libertad sindical y tratados internacionales establecidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Asimismo, se incluiría el contenido de la presentación de la cuenta pública del Fiscal Nacional, en donde se “da una instrucción clara y general para acelerar los procesos de personeros de otros servicios del Estado”, detalló el abogado Salamanca.
