Sergio Vera Muñoz revive la crisis del lucro desatada en 2011
Cinco años después que la Universidad del Mar fuera condenada política y moralmente como el ejemplo más claro del lucro, de la ambición y de la conformación de estructuras societarias para permitir a sus dueños enriquecerse a costa de los trabajadores y de los estudiantes, la investigación penal no encontró delito alguno. En esta entrevista, el único de los socios que llevó la defensa de la casa de estudios hasta el final, desclasifica una “trama oculta”, con amenazas, irregularidades y los “buenos oficios” ofrecidos por el sobrino del Presidente de entonces, Sebastián Piñera, para solucionarle “rápidamente” todos los problemas que enfrentaba o, de lo contrario, borrarla del mapa.
Durante los años 2011-2012 la palabra lucro fue sinónimo del mismo diablo. Encarnó al “mal” en la sociedad del consumo, por contraste dotó de sustancia política al movimiento estudiantil, en nombre suyo cayó un ministro de Educación, se demolieron prestigios, sembraron desconfianzas, pero también la ciudadanía despertó. Se salió del letargo en que la transición sumió a los movimientos sociales por más de 20 años (con excepción de la Revolución Pingüina que vino a ser un anticipo de lo que arribaría más tarde) y se estimularon los afanes de control de la actividad pública y privada, adormecidos por la inercia y la desidia.
Con el Gobierno de Piñera sumido en una crisis de proporciones, el 31 de mayo de 2012 el abogado y ex diputado de Renovación Nacional, Raúl Urrutia, por entonces rector de la Universidad del Mar –una universidad vista como “provinciana” por los grandes grupos de la educación superior privada, pero que había crecido exponencialmente en los últimos cinco años, llegando a tener más de 20 mil estudiantes, convirtiéndose así en la tercera universidad privada más grande del país– detonó una bomba de racimo.
A través de una carta a la Junta Directiva que se difundió con publicidad, Urrutia renunciaba a la rectoría acusando millonarios desvíos de dinero, cuantiosas deudas previsionales, salarios impagos al cuerpo docente y, con especial énfasis, denunciaba el lucro de sus cuatro socios fundadores, quienes a través de inmobiliarias y sociedades espejo lucraban con los arriendos de las sedes y mobiliarios universitarios, en perjuicio de sus estudiantes y del proyecto académico.
La casa de estudios, entonces, se transformaba en el símbolo del lucro y la mala calidad de la educación. Fue una masacre. En la formalización el Ministerio Público denunció que los controladores, “a sabiendas de la crisis financiera” y de la “insolvencia por la cual atravesaba la corporación”, habrían fingido tener las espaldas económicas para “abrir la admisión 2012 para las carreras del área de la salud”, estafaron a sus estudiantes mediante engaños publicitarios, se llevaron toda la plata para la casa y, “aparentando la voluntad de cumplir” con sus obligaciones, “abandonaron la misión corporativa que buscaban –según declaran– en sus estatutos”.
El peso de la ley, de la opinión pública y de la institucionalidad gubernamental, les cayó encima. La institución entró en quiebra, se le canceló la personalidad jurídica, el Consejo Nacional de Educación le quitó el reconocimiento oficial y el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, a pocos días de iniciada la investigación penal, la condenó moralmente con una lapidaria sentencia: “La Universidad del Mar engañó a sus alumnos, la Universidad del Mar defraudó a sus alumnos”.
Cinco años después, cuando la palabra “posverdad” reemplazó al demonizado “lucro”, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, a fines de noviembre del año pasado, terminó su investigación. Tras acumular decenas de tomos con antecedentes, el fiscal Claudio Reveco, no encontró delitos ni insolvencia económica. Aunque algunos de sus socios fundadores cometieron irregularidades, no era una maquinaria para defraudar. Así, no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar con seriedad una acusación fiscal”.
¿Qué pasó entonces? ¿Por qué en solo un año esta universidad pasó a ser la peor de todas cuando poco antes de la catástrofe había tenido al propio Sebastián Piñera como uno de sus ilustres oradores? ¿Por qué se afectó el prestigio de 17 mil titulados y se les truncó el destino a otros 20 mil estudiantes?
Sergio Vera Muñoz, ingeniero naval y uno de los socios fundadores de la Universidad de Mar, quien además fue el único de los cuatro controladores que decidió presentar una defensa jurídica, no solo de esta causa penal sino también de otras 20 querellas, decidió romper el silencio.
-La Fiscalía no encontró delito. Usted no sufrió pena alguna, ¿por qué decide hablar ahora?
-Porque si bien la causa terminó positivamente, yo quería un juicio oral.
-¿Por qué?
-Para que se conociera la verdad.
-¿Cuál verdad?
-Que todo esto fue una infamia. Que todo el mundo buscó sacar provecho. Que desde un comienzo existió la decisión política de reventar a la universidad, pudiendo salvarse, pudiendo salvar a los estudiantes.
-¿Habla de una operación política?
-Hablo de que hubo gestiones ofreciéndoseme “buenos oficios” por parte de Herman Chadwick Larraín para “salvar” la universidad, traspasándola a terceros (muy interesados en adquirirla) o, de lo contrario, dejando claro que la reventarían. Supe de reuniones secretas, de irregularidades en el proceso que le quitó el reconocimiento oficial a la universidad, y en todo esto jugó un rol central el ex ministro de Educación Harald Beyer (actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez). También, como dije, de Herman Chadwick Larraín (formalizado por el caso Caval y que por este caso arriesga una pena de 10 años de cárcel), sobrino del Presidente de entonces, Sebastián Piñera.
Sergio Vera Muñoz
-La universidad, para cuando todo esto explota, estaba en toma, tenía problemas de caja, deudas previsionales, y la relación entre los socios estaba en su peor momento. ¿No percibió que todo eso era una bomba de tiempo?
-A ver, la universidad tenía problemas económicos, de liquidez y también de gestión académica, que yo mismo denuncié a los miembros de la Junta Directiva. Entre el 6 de octubre de 2011 y el 12 de marzo de 2012 fui el presidente de la Corporación Educacional Universidad del Mar. En la cuenta que hice de la gestión, expliqué –y está documentado– que la experiencia de la Universidad del Mar no fue adecuada ni conveniente en cuanto a la gestión académica y administrativa y especialmente reparé en que la rectoría estuviera a cargo de alguno de sus socios fundadores, como era el caso del ex rector Héctor Zúñiga. En otros puntos también informé que pasábamos por una difícil situación económica, con morosidad y atraso en el pago de proveedores. Pero nada muy diferente a la realidad de otras universidades. En rigor, en esos momentos éramos más solventes que muchas de las universidades hoy en día.
-Pero la falta de solvencia económica fue uno de los principales argumentos contra la U. de Mar ¿En qué se basa para sostener que estaban mejor que otras?
-Hay auditorías, informes, hay una inspección especializada que verificó la totalidad de la cartera de letra, que la hizo la consultora Fidelitas. Es más, hay un análisis que está en la misma comisión del Lucro de la Cámara de Diputados, donde las universidades insolventes están todas nombradas. Y la Universidad del Mar no figura. Además, existe también el índice de cobertura de intereses, que en el fondo dice ‘yo soy capaz de endeudarme y pagar lo que debo’, y no teníamos grandes problemas que hicieran peligrar a la universidad. Ahora, fuera de todo esto, también fuimos sometidos a un profundo estudio que hizo un importante fondo de inversión, en donde estuvimos a punto de firmar una alianza estratégica, todo ello poco tiempo antes de que estallara el escándalo.
-¿Habla del acuerdo con Grupo Southern Cross que la misma universidad comunicó que no había logrado concretarse?
-Sí. Hubo un acercamiento a través de algunos agentes intermediarios, en los cuales se plantea la incorporación de Southern Cross a la corporación. Estábamos dispuestos a ceder el control en una operación muy compleja. Se basaba básicamente en que Southern Cross invertiría en la universidad con miras a desarrollar un grupo educacional muy potente, el más grande de Chile. De hecho, la inversión de Southern Cross en el área de educación iba a ser de alrededor de U$100 millones. Estos millones eran para invertir en el área educación. En mejoras, etc. El esquema de negociación tenía que ver con reestructuraciones de cartera, ventas de cartera, reestructuraciones de pasivos. Esta inversión hubiera llevado a la U. del Mar a constituirse en un consorcio de educación, en el más potente del país.
-¿Cómo reaccionó la competencia ante este aumento de capital?
-Yo creo que eso generó, entre comillas, al menos un gran susto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Southern Cross, que antes del caso de La Polar era uno de los fondos de inversiones más prestigiados de América Latina, que manejaba 4 fondos, que entiendo llegó a tener un cupo de U$4 mil millones.
-Eso habría cambiado el mapa de las universidades privadas
-Completamente. Aparte que Southern Cross traía la voluntad, y me consta, y el acuerdo era hacer fuertes inversiones. Pero finalmente el acuerdo no se concretó, porque entiendo que a Southern Cross se le cayeron algunos clientes con toda la crisis que conllevó La Polar. Después de esta fallida negociación, que no sé si tiene relación con todo lo que pasó después, se produjo una reunión al menos extraña.
-¿Qué tipo de reunión?
-Fui convidado a un almuerzo con el entonces rector Ángel Maulén (ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia que en junio de 2016 fue condenado a 5 años de pena remitida por delitos de soborno en el sistema de acreditación universitaria), la que fue convocada por una tercera persona que nos conocía a ambos. Yo, la verdad, a este señor nunca lo había visto y después nunca más lo volví a ver. En esa reunión, aparte de las trivialidades de un almuerzo de dos personas que nunca se han visto, a título de nada él me dice que tiene antecedentes de que se ha concertado una acción conducente a evitar que la Universidad del Mar se desarrolle. O sea, para que se acabe.
-¿Fue una advertencia? ¿Qué le dijo específicamente?
-Que se había llevado a efecto una reunión en la que se dieron cita representantes de 5 o 6 personas importantes de universidades de Santiago y que no veían con buenos ojos la expansión de la Universidad de Mar. Derechamente querían que se acabara, que no siguiera viva.
-¿Y esto antes de la crisis y el escándalo público?
-Solo meses antes. Pero la verdad, yo (que en ese momento era presidente de la corporación) no le di mayor importancia, pensé que era alguna paranoia, no me imaginé que fuera algo más que eso.
-Cuando estalló públicamente el caso de la universidad los acusaron de todo. Lo menos que les dijeron era que se llevaban la plata para la casa, siendo una corporación educacional sin fines de lucro.
-La universidad fue acusada de todo. Desde que esta era una unidad económica para defraudar, que estaba compuesta de una serie de sociedades espejo, que había retiros indebidos. Yo he tenido que enfrentar los más variados juicios. Son alrededor de 20. Y en todos ellos se ha comprobado que esto es falso. Solo los juicios laborales son como 10. Ningún juez laboral, lo que no es fácil, ha dictado sentencia condenatoria. No solo eso. Nunca me voy a olvidar la cara de sorpresa de una jueza cuando me pregunta que cuánta plata sacaba de la universidad con la fórmula de las relaciones inmobiliarias, con esa situación de sangramiento de la institución que perjudicaba a los trabajadores. Y yo le hago ver que en el período de las sociedades inmobiliarias estas le habían prestado $2 mil millones a la universidad. Y hasta ahí no más llegó el juicio. Y eso hoy en día el síndico lo sabe. Está todo respaldado en documentos.
-El ex rector Raúl Urrutia, en su renuncia que se hizo pública a fines de mayo del 2012, dijo expresamente que ustedes preferían pagarse a sí mismos a través de los arriendos inmobiliarios que cancelar los sueldos a los trabajadores. ¿Cuál era el conocimiento que tenía Urrutia de esta situación?
-El conocimiento suficiente para cometer una infamia. Cuando yo era apoderado en la universidad, revisaba todas las cuentas corrientes. Como teníamos problema de caja, la instrucción era que se pagaran inmediatamente los sueldos más bajos, dígase 400 mil pesos para abajo. Y que se pagara la mitad a los sueldos más altos, y a los 10 días la otra mitad. De pronto me encuentro que se había pagado un cheque equivalente a un directivo. Y que se había cobrado los primeros días del mes. Estaba el cheque, la fotocopia ahí, en la carpeta. Entré en cólera, pedí la fotocopia del cheque, y resulta que era del señor Urrutia. Él, el rector, que apenas llevaba poco más de un mes a cargo de la rectoría, era el primero que se estaba pagando. Eso ocurrió entre 3 o 4 de mayo. Pocos días después, a fines de mayo, publicó en la prensa que la universidad no les estaba pagando a sus trabajadores. Y la reacción del Mineduc fue inmediata.
-Las denuncias de Urrutia, en medio de la crisis que experimentaba el Gobierno por el movimiento estudiantil, prendieron todas las alertas. ¿Usted tiene dudas de las verdaderas motivaciones de las autoridades de entonces?
-Para mí fue muy sospechoso que, al día siguiente de que apareciera la carta de Urrutia en los medios, el ministro de Educación de entonces, Harald Beyer, sin tener ninguna investigación a la vista, dijera públicamente que esto podría ameritar el cierre de la universidad. De hecho, él estaba reunido en Puerto Montt con el Cruch cuando un representante de una universidad estatal me informa que el señor Beyer había manifestado su determinación de cerrar la universidad. Él no respetó ningún procedimiento. Hay que recordar que casi dos meses después recién se informa que el Mineduc abrió una investigación.
-Las acusaciones de Urrutia eran muy graves…
-Claro. Eran escandalosas. Pero yo he sabido que una semana antes se hizo otra reunión, en la que estuvo presente el mismísimo Raúl Urrutia, y en la que se le instó a hacer públicas ciertas cosas con publicidad. O sea, actuar con publicidad. A través de los medios. En esa oportunidad se adoptó la decisión política de reventar la universidad. Recuerde que en ese minuto el Gobierno de Piñera estaba muy complicado con la crisis estudiantil. Si no, ¿por qué el ministro de entonces, quien ahora es rector de una universidad privada (la Adolfo Ibáñez), actuó tan rápido? Y, además, se manda esa frase para el bronce: ‘Estamos dispuestos a usar todas las atribuciones’.
-¿Aparte de esas reuniones que menciona, qué pruebas tiene de que el Mineduc estaba llevando, según usted, un proceso irregular?
-Además de contar con la certeza de que el Mineduc no haría una investigación imparcial, ya que fue el propio ministro quien condenó a la universidad apenas iniciada una auditoría en su contra, al mes siguiente pasó algo muy decidor. Se formó una junta directiva ilegal que comenzó a operar con el Mineduc.
-¿Qué atribuciones y cómo operó esta junta directiva?
-Le explico, porque esto tiene una historia hacia atrás: en octubre de 2011, yo asumo como presidente de la Junta Directiva, tras la denuncia de otro de los socios fundadores, Raúl Baeza. En ese mes detecto e informo un conjunto de irregularidades con responsabilidad directa e indirecta del rector Héctor Zúñiga, también socio, y de Baeza. En noviembre, Zúñiga renuncia frente al cuestionamiento de su gestión y sus sociedades se retiran de la universidad, y comienzo, a partir de diciembre, una reestructuración. En febrero del año siguiente, ya en 2012, informa que no seré reelegido como presidente por afectar intereses personales de los socios. En marzo, Mauricio Villaseñor es elegido presidente y al mes siguiente eligen a Urrutia como rector, que en ese momento tenía el cargo de secretario general. En ese contexto yo expongo en la cuenta, como presidente saliente, de todas las irregularidades detectadas, además de encontrar el cheque con el que se estaba pagando a Urrutia, justo cuando estábamos con falta de liquidez.
-Ahí viene la renuncia y todo el escándalo…
-Exactamente. Mientras la universidad se encontraba en paro y el Mineduc iniciaba una auditoría, ahora ya en junio, el ex rector Zúñiga, fuera de la universidad, se involucra en la constitución ilegal de una nueva junta directiva, en complicidad con dirigentes de profesores en paro. La idea de todo eso era bloquearme. Hay correos electrónicos, en la carpeta investigativa, que prueban todo eso.
De forma paralela, el 10 de julio de 2012, Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc y hombre de confianza de Harald Beyer, notifica que había iniciado un procedimiento de investigación para determinar irregularidades que podrían terminar con la revocación del reconocimiento oficial y pérdida de la personalidad jurídica. El punto es cómo lo hace. Manda una notificación genérica al representante legal, documento que no lleva nombre del destinatario. O sea, a cualquiera; o sea, al portador. Y lo manda, mientras está operativa una junta ilegal, pero no precisamente para defenderse ni defender a la universidad.
-¿Y cómo tomaba usted estos “buenos oficios” de Chadwick? ¿No le llamaba la atención?
-Bueno, él siempre me dejó claro, e incluso con mi abogado de testigo, cuál era su familia. Eso lo dejó clarito.
–¿A través de qué miembros de su familia decía Chadwick que podía intervenir?
-El se dejó entender muy claramente. Si yo accedía a dejar la universidad en sus manos, él se encargaría del resto, que no le costaba nada, y que justo anoche –me decía– había estado hablando de esto en una comida familiar
–Su red no era para nada menor. En ese momento, Andrés Chadwick Piñera era secretario general de Gobierno y su padre, Hermán Chadwick, era presidente de la Universidad de las Américas, uno de los grandes de la educación universitaria privada. ¿Con quién específicamente dijo que haría gestiones?
-Con el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
-¿Pensó usted en ese momento qué podía pasar si no accedía a la propuesta?
-Sí, que todo seguiría un curso desastroso y que fue exactamente lo que ocurrió.
-¿Y todas las comunicaciones del Mineduc llegaban sin nombre?
-Las que les convenían. Cuando meses después se presentó la solicitud de la primera quiebra, que yo anulé después, porque era irregular, el ministerio le informó al tribunal de que Raúl Baeza era el representante legal y eso a través de un documento oficial del tribunal. O sea, cuando se trata de quebrar la universidad dan un nombre, pero cuando se trata de notificarnos de la resoluciones del Mineduc, no saben quién es el representante. Esto es una cosa de una irregularidad tremenda.
-¿Y qué pasó con esa quiebra?
-Esa es otra cosa extraña. Cuando la Tesorería le pide a la universidad la quiebra por $45 millones, la síndico, en el proceso, a foja 565, reconoce que tiene en su poder $484.951.228 en la cuenta corriente 0504016401001153, del Banco BBVA, pero no paga esos 45 millones…
-¿Por qué no paga si tiene plata?
-No entiendo por qué no paga, si se debían 45 (millones), por qué no paga, si tiene 400 (millones). Pero no paga. Así se manejó esto. Así fue este proceso. Todo se hizo así, irregular. Es también en este mismo periodo en que la junta ilegal solicita a Ingresa, en cuyo consejo estaba el señor Juan José Ugarte, el pago de los dineros del CAE.
-¿Pero la universidad corría el riesgo de perder el reconocimiento oficial?
-Sí. En agosto yo presté declaración al Mineduc y ahí expongo las irregularidades en la constitución de la “otra” junta directiva y acompaño un recurso de protección, pero Ingresa igual libera los fondos del CAE.
En septiembre, con los votos favorables del Mineduc, se autorizan traspasos de fondos del CAE a la Universidad del Mar, pese a no existir claridad de quién es el representante legal. Por esa misma época, se filtra a la prensa que el Mineduc había solicitado al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar. Es ahí, después de eso, cuando viene la presión financiera y la propuesta de “buenos oficios” de Herman Chadwick hijo.
“Fueron tres reuniones. La primera fue en el Club de Viña. Estábamos los tres socios que quedábamos y él se presentó inicialmente como una persona a la que le habían solicitado sus buenos oficios desde el Banco BCI, porque él conocía el banco, etc., y querían buscar una solución. Que el banco era un acreedor, etc.”.
-¿Qué les propuso el señor Chadwick?
-Se habló que, para lograr gobernabilidad, él proponía suscribir un convenio preventivo de quiebra. Le dije que lo iba a estudiar y, después, le mandé un correo señalándole que su propuesta no tenía nada de preventivo sino que derechamente nos íbamos a la quiebra. Y le dije que no, que ese no era el camino.
– ¿Y cómo tomó la negativa?
-Después se produce una segunda reunión, en la cual él plantea su voluntad de apoyar un proceso que implicara salir de esta situación. Manifiesta que esto también tiene al Gobierno muy complicado. Y plantea, de nuevo, sus buenos oficios, incluso para interceder con algunas personas del Ministerio de Educación para evitar el cierre.
-Interceder ante quiénes
-Habló de Raúl Figueroa, jefe de asesores y del Departamento Jurídico.
-Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, es una de las personas que suena fuerte para que asuma el Ministerio de Educación en este segundo Gobierno de Piñera.
-Sí, el mismo. Figueroa, según me indicaron fuentes que yo tenía al interior del Mineduc, fue la persona que más presionó para que se cerrara la universidad, junto a Fernando Rojas, quien era subsecretario y actual decano de la UDD.
-¿Qué fue lo que le dijo Herman Chadwick?
-Que intervendría directamente con él para solucionar el problema, ya que su finalidad –dijo– era dar una continuidad a la universidad, basado en un cierto plan de reestructuración, ante lo cual me pide que se lo entregue de un día para otro, textual, ‘de un día para otro’, me dijo. Yo le digo que no. Él mencionaba la posibilidad de efectuar una transferencia de la universidad a terceros y, claro, le reiteré que no.
-¿Qué implicaba esa reestructuración?
-Implicaba básicamente que se cerraran tres sedes: Iquique, Punta Arenas y Santiago. Para achicarse. Yo le digo que no veo viable ningún plan, porque había habido intervenciones irregulares desde la gente del ministerio y le planteo que, mientras esas personas estuvieran en el ministerio, yo no iba a aceptarlo, porque encontraba que el mal no se arreglaba si seguían los mismos causantes del problema, que estaban pidiendo el cierre de la universidad a todo evento.
-¿Cuál fue la condición que le puso para aceptar?
-Le pedí que se investigaran ciertas irregularidades que había cometido la otra Junta Directiva y que, por los antecedentes que teníamos, estaban amparadas por el Ministerio de Educación. También le dije que me parecía que el jefe de Medición de Educación Superior era una persona que no había actuado a la altura, el señor Juan José Ugarte. Le planteé también que tenía antecedentes de que uno o dos asesores legales del ministro habían estado interviniendo en este proceso, situación que me había sido informada a través de otros elementos… A mí, la verdad que me llegaba mucha información desde dentro del ministerio y desde dentro del propio Palacio La Moneda. Y finalmente le dije que yo consideraba que el ministro de Educación, Harald Beyer, había actuado de manera irresponsable. Y que, mientras él no estuviera fuera, yo no veía que la universidad pudiera estar tranquila. Mi aprensión era que con estos personajes la educación caía en alto riesgo, o sea, con los tres mencionados.
-¿Cómo toma esto Chadwick?
-Me dice que con los otros no hay ningún problema. Pero que con el ministro, por ningún motivo. Pero al final las cosas cayeron por su peso. Fue destituido por acusación constitucional.
-¿Y cómo tomaba usted estos “buenos oficios” de Chadwick? ¿No le llamaba la atención?
-Bueno, él siempre me dejó claro, e incluso con mi abogado de testigo, cuál era su familia. Eso lo dejó clarito.
-¿A través de qué miembros de su familia decía Chadwick que podía intervenir?
-Él se dejó entender muy claramente. Si yo accedía a dejar la universidad en sus manos, él se encargaría del resto, que no le costaba nada, y que ‘justo anoche’ –me decía–había estado hablando de esto en una comida familiar.
– Su red no era para nada menor. En ese momento, Andrés Chadwick Piñera era secretario general de Gobierno y su padre, Hermán Chadwick, era presidente de la Universidad de las Américas, uno de los grandes de la educación universitaria privada. ¿Con quién específicamente dijo que haría gestiones?
-Con el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
-¿Pensó usted en ese momento qué podía pasar si no accedía a la propuesta?
-Sí, que todo seguiría un curso desastroso y que fue exactamente lo que ocurrió.
Con el fracaso de la negociación con el sobrino del entonces Presidente, quien enfrenta hoy duras acusaciones en el marco del caso Caval, Vera recuerda que en los días finales de 2012 se produjo la última posibilidad de salvar a la universidad y al plantel de estudiantes. Esta posibilidad estaba en manos de las iglesias evangélicas.
“A ellos les interesaba mucho la idea de invertir, su intención era tener una facultad de Teología. Llegamos a redactar un preacuerdo donde lo único que pedíamos como condición era que hubiera libertad de culto”.
-Eso fue en noviembre y también fracasó.
-Una vez cerrada la puerta a Chadwick, afloró más claro que nunca que había una voluntad inquebrantable, irrevocable, de parte del Gobierno, de cerrar la universidad, de no permitirle vivir. El obispo Durán sostuvo una reunión en el ministro y después de ella se juntó conmigo y me contó que le recomendaron que no invirtiera, que la universidad el ministro Beyer la iba a cerrar sí o sí. Lo que quedó mucho más claro aún después que la derecha perdiera en las elecciones municipales del 2012.
-A esas alturas el proceso administrativo de la cancelación de la personalidad jurídica avanzaba rápidamente.
-Ya se había tomado la decisión política. La universidad fue un chivo expiatorio. Son también esos mismos días cuando me entero que el CNED había enviado una notificación para que la universidad presentara los descargos antes de la solicitud de Beyer de quitarle el reconocimiento oficial, pero la junta directiva ilegal, que se relacionaba con Chadwick –es más, ellos lo trajeron y hacían lo que él les pedía–, me la ocultó hasta el último día. Solo 24 horas antes de que venciera el plazo tomé conocimiento de que tenía que presentar los descargos. No alcancé a responder. Ya estaba todo condenado. No había nada que hacer.
-A cinco años de todo este episodio, ¿qué cuentas saca?
-El daño de todo esto fue muy grande, y era perfectamente evitable. Al menos 200 mil millones de pesos, incluido lo que tuvo que pagar el Estado para reubicar a los estudiantes. Se dañaron las aspiraciones de 18 mil jóvenes, 17 mil titulados que en el día de hoy a veces en sus currículos ya no colocan el nombre de la universidad, 4 mil 500 empleados. Si uno toma –que es lo que yo siempre digo– la población de San Antonio, son 40 mil familias: ese es el daño que se hizo. Un San Antonio completo. No logro comprender cómo fue posible causar tanto daño a tanta gente inocente con la excusa de convertir a la Universidad del Mar en un demonio del lucro en la educación. Triste es aceptar lo cruel que fue esta persecución. Sin duda hubo errores o cosas que pudieron haberse hecho mejor. Qué duda cabe. Los momentos complicados de caja y atrasos de pagos en nada eran diferentes de lo que ocurría en otras instituciones universitarias en esa época, cuando recién salíamos de una de las mayores recesiones mundiales. Una triste vergüenza para todos los que impulsaron esta infamia.
