El militar tendría un capital personal cercano al millón de dólares
Mientras el ex comandante en Jefe hoy investigado por su alto patrimonio estuvo al mando de la institución, Ricardo Martínez ascendió rápidamente hasta convertirse en la segunda antigüedad en el período de Humberto Oviedo. Parte de una familia de oficiales, apenas fue nombrado circuló la historia de que su padre fue un militar constitucionalista perseguido por Pinochet en los días del golpe, versión que es seriamente puesta en duda en el mundo de los Derechos Humanos, ya que, de haber sido así, el futuro comandante en Jefe jamás habría podido ingresar a las filas del Ejército, menos cuando el poder absoluto del país lo ostentaba la Junta Militar.
Luego de 30 años de carrera desde que se graduó como oficial del Ejército, el año 2010 fue determinante para Ricardo Martínez Menanteau. En marzo, un día antes de que Sebastián Piñera se convirtiera en Presidente de la República, asumía la Comandancia en Jefe de la institución armada más antigua de Chile el general Juan Miguel Fuente-Alba, que actualmente es investigado por el ministro en visita Omar Astudillo y el fiscal José Morales, a partir de las sospechas que genera su patrimonio, en el caso que se conoce como “Milicogate”, por un presunto fraude a la Ley Reservada del Cobre.
En octubre de ese año, Fuente-Alba anunciaba un profundo recambio en el alto mando para los meses siguientes y entre los coroneles que ascendieron a general de Brigada estaba Ricardo Martínez Menanteau, que pasó a encabezar la Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército, que –según el organigrama de la institución– tiene como tarea asesorar al comandante en Jefe “en el proceso de desarrollo de capacidades e implementar aquellas definidas para el Ejército y la Fuerza Terrestre en la planificación de desarrollo, por medio de la formulación o supervisión de proyectos”. En otras palabras, un asesor directo de Fuente-Alba, en tiempos en que paralelamente ocurría el grueso de los pagos irregulares (septiembre de 2011 y diciembre de 2014) que ahora están siendo indagados por la justicia.
De cualquier manera, Martínez Menanteau continuó ascendiendo mientras Fuente-Alba ejercía el mando de la institución. En 2012 fue nombrado comandante de la II División Motorizada, que incluye el mando sobre seis regimientos en la zona centro sur del país. Martínez escogió la rama de Infantería y además es comando paracaidista, igual que el actual comandante en Jefe, Humberto Oviedo, a quien sucederá el 9 de marzo del próximo año.
Mientras duró el mando de Fuente-Alba, la carrera de Martínez Menanteau siguió progresando. En 2013 fue ascendido a general de División y pasó a ser subjefe del Estado Mayor Conjunto. Un lugar codiciado y estratégico, que implica generar una relación fluida y eficiente con los representantes de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, que componen este grupo clave en los asuntos de seguridad nacional.
Proviene de una familia militar en la que cuatro de sus seis hermanos han sido oficiales de Ejército y su hermana Leticia Martínez Menanteau fue la jefa del Departamento de Finanzas del Estado Mayor Conjunto mientras él era subjefe.
Durante esta jefatura, la hermana del futuro comandante en Jefe se vio envuelta en problemas administrativos detectados por Contraloría. Un informe de la entidad fiscalizadora cuestionó la firma de órdenes de compra por parte de Leticia Martínez para la empresa Repuestos Automotrices Limitada, para lo cual no estaba facultada, y aunque la institución defendió la autorización como regular, la Contraloría en su auditoría, fechada en abril de 2016, mantuvo su observación. Leticia Martínez no fue sancionada, pero al poco tiempo pasó a retiro.
Su otra hermana, Alicia Martínez Menanteau, fue teniente Coronel y al pasar a retiro fue recontratada a honorarios, entre 2009 y 2012, en el Estado Mayor Conjunto, para «actualizar los antecedentes de los profesores del Centro Conjunto para Operaciones de Paz”. En junio de 2012, su hija fue seleccionada con una beca del Ejército para estudiar Licenciatura en Química en la Universidad Católica, estímulo que entregó el propio Fuente-Alba.
En 2015, a instancias del nuevo comandante en Jefe, el general Martínez Menanteau fue ascendido a jefe del Estado Mayor del Ejército, convirtiéndose en la segunda autoridad en el mando, como el más antiguo del Cuerpo de Generales. Incluyendo a su hermano, Leonardo Martínez Menanteau, a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), quien, con el ascenso de Ricardo al puesto máximo, pasará a retiro.
[cita tipo=»destaque»]Cuando fue nombrado, parte de la prensa mencionó que tenía un perfil “desideologizado” con respecto a sus antecesores. Sin embargo, fuentes de Defensa aseguran que la detención de su padre habría sido el resultado de un problema de carácter económico y que en ningún caso la motivación habría sido política, ya que, de haber sido así, sus hijos –incluido el propio futuro comandante en Jefe– difícilmente habrían podido ingresar al Ejército. Uno de sus hermanos, el coronel Carlos Martínez Menanteau, fue herido en una protesta en Lo Hermida el 4 de septiembre de 1985.[/cita]
Como jefe del Estado Mayor, Ricardo Martínez debió ordenar un sumario por el pago irregular de US$4,1 millones de dólares en repuestos a la empresa C&M Corporation, del conocido vendedor de armas Virgilio Cartoni (proveedor del 25% del material licitado por el Ejército, al menos hasta 2016), firmado por uno de los subalternos de Martínez, el general Guillermo Núñez, a cargo de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE). Este pago fue autorizado en diciembre del año pasado.
El próximo comandante en Jefe del Ejército asumirá siendo el general con más alto patrimonio entre sus pares. Una investigación de Radio Bío Bío, publicada en junio, demostró que Martínez Menanteau tiene un patrimonio superior a los $555 millones de pesos, basados fundamentalmente en inversiones en Fondos Mutuos y acciones, pero especialmente en los $403 millones que mantiene en una cuenta en la Jefatura de Ahorro Para la Vivienda del Ejército (JAVE), inversión que –según aclaran fuentes del Ejército– declaró en forma voluntaria.
Martínez Menanteau recibe un sueldo de 3,8 millones de pesos, pero además un monto no publicado como director de la Mutualidad del Ejército y Aviación de Chile, una corporación de derecho privado en la que representa al comandante en Jefe del Ejército. Martínez tiene competencias académicas para manejar dinero, pues cursó un magíster en Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Su nombramiento, el 15 de noviembre pasado, representa el puesto más alto que ha alcanzado alguien de su familia con tradición militar, de la que es parte su padre, Carlos Martínez Aguirre, comandante del Regimiento Aconcagua, en Quillota, en 1973. El militar, por esos días, fue detenido, según algunos cercanos al próximo comandante en Jefe, por oponerse a Pinochet.
Cuando Martínez Menanteau fue nombrado, parte de la prensa mencionó que tenía un perfil “desideologizado” con respecto a sus antecesores y se difundió el rumor acerca de las dificultades de su padre. Sin embargo, fuentes de Defensa aseguran que la detención de este habría sido el resultado de un problema de administración económica y que en ningún caso la motivación habría sido política, ni menos de crítica al régimen. De haber sido así, difícilmente sus hijos –incluido el propio futuro comandante en Jefe- podrían haber ingresado al Ejército o haberse mantenido en servicio. Uno de sus hermanos, el coronel Carlos Martínez Menanteau, fue herido en una protesta en Lo Hermida el 4 de septiembre de 1985.
Su nombramiento ha puesto en alerta a abogados de Derechos Humanos, quienes se encuentran solicitando antecedentes que permitan esclarecer sus vínculos y algunas actuaciones que lo rozan o le conciernen, especialmente de su hermana Leticia. Paralelamente, cuando fue Jefe del Estado Mayor, Martínez se apegó a la ley para no entregar los nombres de los agentes de la CNI que fueron recontratados por el Ejército. Además, apenas fue anunciado su nombramiento, se reveló que Martínez firmó un informe en el que se confirmaba la quema de cientos de microfilmes con información de la CNI entre 1980 y 1987.
Sobre este aspecto, es necesario recordar que, a raíz de una presentación de diciembre de 1989 hecha por los abogados Hernan Bosselin y Ramón Briones a la Contraloría General de la República, sobre la quema de documentos por parte de organismos de seguridad, se generó un dictamen del contralor de ese entonces, indicando que, dada la dependencia de estos organismos del Poder Ejecutivo de la época, no tenían el carácter formal de militares y debían resguardar de manera íntegra toda su documentación. Es decir, un aspecto que un oficial de su rango y competencia no podía desconocer.
Fuentes del Ministerio de Defensa afirman que su pensamiento está en la línea del actual comandante en Jefe, Humberto Oviedo, quien en julio de este año pidió “considerar el contexto” en el que ocurrieron las violaciones de Derechos Humanos y señaló que los involucrados tuvieron que “obedecer órdenes de sus superiores”.
El Ejército, consultado para esta nota, se rehusó a entregar una versión, en el entendido de que el nuevo comandante en Jefe aún no asume.
