En 4 meses se sabrá quién reemplazará a Hugo Dolmestch
Es uno de los nombres que se barajan junto a Carlos Künsemüller y Haroldo Brito para llegar a lo más alto del máximo tribunal. Sin embargo, esa posibilidad despierta encono entre quienes no le perdonan no haber tenido un rol más activo en la protección de la infancia hace 4 años, cuando los primeros informes del Poder Judicial sobre el Sename comenzaron a revelar la podredumbre del sistema.
En agosto de 2014, un grupo de diputados se unió en una causa común: formalizar una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño. ¿La razón? La llamada comisión investigadora Sename I concluyó, entre otras cosas, la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe –elaborado por el Poder Judicial y la Unicef– donde se detectaron casos de vulneración de derechos de menores en hogares del Sename.
Aunque finalmente la acusación no prosperó, porque fue rechazada por la Cámara, es un fantasma que envuelve a la figura del magistrado a 4 meses de que Hugo Dolmestch abandone la presidencia del máximo tribunal y abra paso a los nombres que más suenan para su reemplazo: Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el propio Carreño.
Carreño era en 2013 el encargado de la Unidad de Apoyo a la Reforma de Familia y la acusación constitucional trató de apuntar a su responsabilidad “por notable abandono de deberes” y “prevaricación”, debido al ocultamiento del informe que constató y registró casos de vulneración de derechos de menores en diversos hogares del Sename.
Respecto al nombre de Carreño como máximo representante del tribunal, el diputado René Saffirio –quien presidía la comisión en 2013 y además lideró la idea de una acusación constitucional contra el magistrado– no vacila: “Es una vergüenza. Primero no estuvo disponible para concurrir el año 2013 a la comisión investigadora y hacerse responsable ante el Congreso de lo que ocurría con la justicia de familia, y un magistrado que se asila en la autonomía del Poder Judicial para impedir que se investigue de niños niñas y adolescentes es un magistrado que no tiene ni la estatura jurídica ni ética”, señala el parlamentario.
Respecto a las investigaciones que viene realizando el Poder Judicial sobre la situación de los niños y las niñas vulnerados del Sename, desde el año 2011 no existe solo un documento, pero sí uno final. Al comienzo se publicaron dos boletines: el primero se refería a los niños susceptibles de ser adoptados sin enlace de la Quinta Región; el segundo era sobre la situación de las Aldeas SOS.
Hubo un tercer informe, referido a cerca de 6.500 fichas de niños y niñas, con nombres, apellidos, situación puntual de vulneración y residencia donde se encontraban. Ese último es el que se conoció popularmente como “Informe Jeldres”, porque era coordinado por la jueza Mónica Jeldres.
El producto final de todo esto fue la sistematización del trabajo en terreno por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que levantó un informe “estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile”.
Al leer las páginas de este documento, aparece como evidente que si cualquier juez de familia, en cualquier región, contaba con esa información tan detallada, podría haber levantado un proceso de intervención capaz, incluso, de salvar la vida de un menor.
En el informe de la CAPJ, publicado ayer por El Mostrador, se muestra en cifras el sufrimiento infantil en Chile. En el Maule, por ejemplo, ante la pregunta de si los había agredido algún adulto al interior de las residencias donde vivían, entre el 25 y 30 por ciento contestó que sí. Este resultado se elevó incluso al 67% en una residencia, cuando la pregunta apuntó a los pares. La violencia psicológica quedó registrada en 5 de las 6 residencias. En otras regiones quedaron en evidencia la falta de escolaridad y la ausencia de atención de enfermedades crónicas.
Al interior del Poder Judicial insisten en que este último documento jamás ha sido secreto y que se lo han pasado a quien lo pida; sin embargo, esa opinión no es coincidente con otras. “Una cosa es que no esté oculto y la otra es que no la compartan y no sirva para guiar el trabajo de los jueces de Familia en cada zona y región. Debió ser un material guía, pero muchos jueces no conocen esa información”, indica un abogado.
[cita tipo=»destaque»]En el informe de la CAPJ, publicado ayer por El Mostrador, se muestra en cifras el sufrimiento infantil en Chile. En el Maule, por ejemplo, ante la pregunta de si los había agredido algún adulto al interior de las residencias donde vivían, entre el 25 y 30 por ciento contestó que sí. Este resultado se elevó incluso al 67% en una residencia, cuando la pregunta apuntó a los pares. La violencia psicológica quedó registrada en 5 de las 6 residencias. En otras regiones quedaron en evidencia la falta de escolaridad y la ausencia de atención de enfermedades crónicas.[/cita]
De hecho, en noviembre de 2012 –como quedó registrado en las conclusiones de la Comisión Sename I– el magistrado Héctor Carreño detuvo el trabajo en terreno. Por esta razón están ausentes regiones como Valparaíso y La Araucanía. No solo eso, según reza una de las páginas finales del mismo documento: “La información obtenida por el equipo original, no tuvo el destino natural proyectado, que era ser enviada –en cuanto estuviese completamente sistematizada– a los jueces de Familia presidentes de los respectivos tribunales de cada región, con vistas a trabajar, a partir del año 2013, en la implementación de todas las soluciones necesarias, con los equipos interdisciplinarios, de jueces de Familia, consejeros técnicos, representantes del Sename”, etc.
La Corte Suprema se encuentra a solo cuatro meses de elegir a un nuevo presidente y no existe claridad de quién será el sucesor del actual jerarca del máximo tribunal del país, Hugo Dolmestch.
El juez Patricio Valdés es el que sigue en antigüedad a Dolmestch, pero en febrero del próximo año cumple los 75 años, el límite de edad establecido en el Poder Judicial para jubilar. Si bien al ser elegido Presidente de la Suprema se le prorrogaría dicho plazo para cumplir las funciones, ya habría precisado al interior del tribunal que no va a aceptar la nominación.
El cuarto en la lista es el magistrado Guillermo Silva, pero según explicaron en el tribunal el juez es partidario de respetar el criterio de antigüedad, no anteponerse a cuatro de sus pares para ocupar él la presidencia, por lo que también ya habría dejado en claro su negativa de asumir.
Quienes conocen la trastienda del máximo tribunal y se codean cotidianamente con los jueces, dicen que Carreño –que es mirado con buenos ojos por Sergio Muñoz y Milton Juica– se caracteriza precisamente por “tratar de pasar inadvertido”, que “nunca se mete en nada, menos en problemas” y que es conocido por “su timidez”.
Tiene un fuerte rasgo artístico, puntualmente la música. Es fanático del tango, toca el bandoneón y admira a Astor Piazzolla. Más de una vez ha animado retiros de los magistrados y también tenía un grupo musical con dos de sus hijos.
Quienes le conocen cuentan que, además de su timidez, se le conoce por ser muy sensible, como quedó demostrado el 2014, año de la idea de acusarlo constitucionalmente. Los que compartieron con él en esas semanas, recordaron que estaba “muy afectado” por la presentación del libelo, lo consideraba injusto y lo atribuyó a los costos que se deben pagar por llegar al máximo tribunal del país.
El libelo fue presentado por un grupo transversal de diputados: René Saffirio, los DC Yasna Provoste, Iván Flores y Ricardo Rincón; Andrea Molina (UDI), los PPD Cristina Girardi y Tucapel Jiménez; la independiente Alejandra Sepúlveda, y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull. En el texto, los parlamentarios aseguraron que Carreño dictó un instructivo para acelerar las causas y conseguir más sentencias a cambio de “bonos por eficiencia”, lo que quedó establecido en el acta 98-2009 sobre “Gestión y Administración en Tribunales de Familia”.
En la defensa que hizo Carreño en ese momento, argumentó que estaba tranquilo. “Pienso haber hecho las cosas bien. He actuado dentro de la legalidad”, explicó, junto con enfatizar que no hubo “ocultamiento. Yo he hecho todo conforme a la ley, he procurado poner de mí lo más posible en beneficio de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes”. En ese mismo tiempo, Carreño consideró que aprobar la acusación constitucional en su contra implicaba “una natural inhibición del órgano máximo del Poder Judicial” e intervenir por “vía oblicua” en la independencia de las atribuciones de la Corte Suprema.
Explicó que no hizo la denuncia ante el Ministerio Público porque los antecedentes de que dispuso “no tenían mérito para ello”, ya que “por haber sido recogidas en encuestas anónimas, no contenían la identificación de sus víctimas. Tampoco el relato permitía identificar las circunstancias en que habrían ocurrido tales ilícitos”.
El 14 de septiembre del 2013, la acusación constitucional contra Carreño fue votada en la Sala de la Cámara de Diputados y rechazada por 71 votos, 30 a favor y 10 abstenciones.
