«Hemos vivido una enfervorizada defensa del egoísmo y del pragmatismo que prescinde de las nociones de bien común, cooperación y solidaridad. Las consecuencias que ello ha tenido en la sociedad chilena son evidentes. Desde este posicionamiento extremo se puede calificar de «estatismo» cualquier iniciativa que nos vuelva a representar como sociedad, cualquiera institucionalidad que garantice a cada chileno su derecho a la educación y que procure encauzar los esfuerzos de nuestra inteligencia en pos de un desarrollo cultural, social y económico. Estas son responsabilidades que debe asumir cualquier Estado», agregó el rector.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se refirió al proceso prelegislativo del proyecto de Reforma a la Educación Superior y a su próximo ingreso.
En una columna publicada en El Mercurio Vivaldi analizó las distintas reacciones ante lo que un sector ha definido como una «visión extremadamente estatista» en la reforma y señaló que «sl cabo de mucho tiempo en oscuridad, un objeto que refleja un mínimo de brillo puede parecernos de un resplandor que enceguece. Quizás eso es lo que está sucediendo con el concepto de «estatismo»», término que acuñó el rector de la PUC, Ignacio Sánchez.
«Hemos vivido una enfervorizada defensa del egoísmo y del pragmatismo que prescinde de las nociones de bien común, cooperación y solidaridad. Las consecuencias que ello ha tenido en la sociedad chilena son evidentes. Desde este posicionamiento extremo se puede calificar de «estatismo» cualquier iniciativa que nos vuelva a representar como sociedad, cualquiera institucionalidad que garantice a cada chileno su derecho a la educación y que procure encauzar los esfuerzos de nuestra inteligencia en pos de un desarrollo cultural, social y económico. Estas son responsabilidades que debe asumir cualquier Estado», agregó el rector.
«Ese posicionamiento extremo también nos puede hacer parecer natural la actual desregulación insólita y la falta de mecanismos que garanticen que el uso de fondos fiscales por parte de privados sea pertinente a la labor educativa. Incluso, como ocurrió con la gratuidad, que se niegue toda injerencia del Estado argumentando que ella afectaría los derechos individuales de los estudiantes, pero sí se acepte que esos derechos individuales les sean denegados por las universidades privadas, pues estas son libres de incorporarse o no a la gratuidad», continúa el texto.
«La asignación de fondos a las universidades chilenas ha sido extensamente documentada por la Contraloría General de la República. Los datos y su tendencia histórica evidencian una distribución de fondos fiscales con marcado desmedro del sector público. Los principios que rigen esa distribución nunca han sido debatidos, menos decididos, por la sociedad chilena.
Ha resultado imposible conversar sobre universidades prescindiendo del posicionamiento que cada una hoy tiene y defiende. Hay temor de otorgar ventajas en lo que se percibe como fiera competencia económica. Todo se entraba para que nada cambie. Aún no hay una propuesta prelegislativa sobre financiamiento», finaliza la columna de Vivaldi.
