Los imputados son Patricio Rosende, subsecretario del Interior en el anterior Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010); la exjefa de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen Fernández y Johaziel Jamett, exjefe de alerta temprana de la Onemi.
Seis ex funcionarios considerados responsables de una fallida alerta de tsunami, tras el terremoto de 2010 aceptaron hoy un acuerdo con la justicia para suspender el trámite y evitar así un juicio oral, mientras los familiares de las víctimas calificaron la decisión como «una burla».
Según fuentes judiciales, dentro del acuerdo se contempló el pago de una indemnización de 235 millones de pesos, que serán distribuidos entre los querellantes y cancelados en tres cuotas.
Los imputados son Patricio Rosende, subsecretario del Interior en el anterior Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010); la exjefa de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen Fernández y Johaziel Jamett, exjefe de alerta temprana de la Onemi.
También los exmiembros de la marina de guerra Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez, que el 27 de febrero del 2010, cuando ocurrió la tragedia, se encontraban en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Parte del dinero se destinará a la realización de un seminario que aborde un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita evitar un tsunami como el ocurrido en 2010 que dejó 156 muertos.
La actuación de los exfuncionarios fue, según la Fiscalía, la causa de que no se diera de forma oportuna la alerta de tsunami y que incluso en algún momento se descartara esa posibilidad, lo que finalmente fue un factor determinante en la pérdida de vidas humanas.
El acuerdo fue zanjado este lunes entre los seis autores de la alerta fallida y la jueza Carolina Gallardo, en una jornada en que solo 34 de los 141 familiares de las víctimas del tsunami alcanzaron a prestar testimonio.
En una tensa audiencia con desgarradoras declaraciones, contaron cómo perdieron a sus hijos, hermanos, padres y nietos. «Exigimos que se condene a los culpables» y calificaron el acuerdo como «inaceptable», una «burla» y una «vergüenza nacional».
La mayoría de los familiares coincidió en que fueron las autoridades de la época las que actuaron de manera negligente, ya que eran ellos los que en ese entonces estaban a cargo de la seguridad de la población.
Incluso, los querellantes relataron a la jueza que algunas de las víctimas regresaron a sus hogares después de que se levantara la alerta detsunami, provocando que muchos fallecieran tras ser alcanzados por el «tren de olas».
Tania González detalló en su testimonio cómo perdió a su hijo de 5 años en el tsunami que azotó las costas de Constitución, en el sur de Chile. «Nunca más pude decirle feliz cumpleaños ni celebrar la Navidad con él. Me quitaron lo más importante de mi vida», agregó González, quien logró salir con vida tras ser alcanzada con su hijo por una gran ola.
Otro testimonio fue el de Silvana Sanzana, quien una vez en el estrado recordó cómo murió su padre tras ser arrastrado por una tromba de agua la madrugada del 27 de febrero de 2010. «Hubo negligencias claras y precisas de las personas que estaban a cargo de la seguridad de nuestro país», dijo en alusión a los seis acusados que hoy aceptaron los requisitos para optar a una salida alternativa al juicio oral.
Asimismo, rechazó el acuerdo económico al señalar que «las personas no tenemos valor en pesos. Como país me da vergüenza aceptar lo que acá se ha planeado, no creo que corresponda», apostilló.
El abogado Luciano Fouillioux, que defiende a dos de los imputados, explicó a los periodistas que la propuesta hecha por la Fiscalía «es totalmente legal dentro del procedimiento y está establecido en la ley».
El único condenado en el caso es el exjefe de turno de la Onemi Osvaldo Malfanti, quien aceptó el año pasado -en un procedimiento abreviado- los cargos por cuasidelito de homicidio en relación con 74 personas que le imputó el Ministerio Público, siendo sentenciado a 541 días de pena remitida.
El terremoto, de magnitud 8,8 en la escala de Richter, con epicentro en la región del Bío-Bío, fue seguido de un tsunami que mató a 156 de las 526 víctimas del cataclismo, que arrasó con viviendas e infraestructuras en seis regiones del sur y centro de Chile el 27 de febrero de 2010.
