Ex dueño de la cadena Santa Isabel, posee un diversificado portafolio de negocios:
Esta es una historia común en el mundo de los negocios. Un empresario próspero, Eduardo Elberg, le ofreció al ejecutivo que llevaba sus negocios en Perú el 10% de la sociedad que desarrollaría los emprendimientos. Pero a la hora de hacer realidad el acuerdo, la promesa se diluyó, judicializó y, al cabo de siete años, Juan Luis Bacigaluppi, su ex brazo derecho en Perú, deberá pagarle a Elberg US$700 mil, que –según él– fueron un adelanto de aquel compromiso.
Una disputa entre Eduardo Elberg, fundador de la cadena de supermercados Santa Isabel, y su principal ejecutivo en Perú, Juan Luis Bacigaluppi, arroja hasta ahora un resultado inesperado: el acreedor (Bacigaluppi) se convirtió, al cabo de siete años de batalla judicial, en deudor (de Elberg).
Durante casi 15 años –desde 1993 a 2008– Bacigaluppi manejó los negocios del empresario en Perú: partió con cinco locales que transformó en Santa Isabel y los hizo crecer hasta llegar a 33, y creó Boticas Fasa en alianza con Farmacias Ahumada, que se convirtió en la principal cadena farmacéutica de Perú.
Ambos, oriundos de Viña, se ligaron profesionalmente cuando Bacigaluppi, ingeniero comercial de la U. de Chile, fue reclutado a través de un head hunter, para llenar la vacante de gerente general de Santa Isabel en Perú, hasta donde se trasladó a vivir con su familia.
En 1997, Elberg vendió Santa Isabel al grupo uruguayo Vélox en US$229,7 millones, como informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a la Securities & Exchange Comission, su equivalente en Estados Unidos, dado que la cadena transaba ADR en la Bolsa de Nueva York. Entonces, le propuso a Bacigaluppi continuar la relación comercial.
“Acordamos crear Surco Inversiones S.A. Perú, en la que yo tomaría el 10% y el 90% quedaría en manos de Elberg, quien aportaría hasta US$30 millones para desarrollar nuevos negocios en el vecino país”, explica. La dueña de Surco Inversiones Perú era Surco Investment, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez era de propiedad de Cochrane, de Elberg, y Chacarillas, de Bacigaluppi, en las que empresario y ejecutivo mantenían los mismos porcentajes.
La mayoría de los proyectos desarrollados por Surco –detalla Bacigaluppi– fueron inmobiliarios: tres hoteles, uno en el exclusivo sector de San Isidro (Posada del Inca), un Marriott en el barrio de Miraflores y otro en Cusco que estaba en construcción; un centro comercial de 13 mil m² en la comuna Surco y otro en desarrollo en Jesús María; cuatro edificios de departamentos en San Isidro y uno de oficinas en Miraflores, y una propiedad industrial que arrendaron a la Telefónica de España para un call center. En casi todos contaban con socios peruanos.
“La única inversión fallida en 14 años fue Limatex”, acota Bacigaluppi. Era una empresa de confecciones creada en 2003, aprovechando que Estados Unidos eliminó el arancel de 28% que regía para las prendas de algodón, como parte de un acuerdo con los países productores de coca. Exportaba el 90% de su producción a clientes como Guess, Abercrombie & Fitch, Dockers y Wal Mart en Estados Unidos, y la española Adolfo Domínguez, pero la moneda peruana se revaluó tanto frente al dólar, que dejó de ser un buen negocio. En 2008, Limatex debió cerrar sus puertas.
“A fines de 2007, Elberg me solicita una reunión en su oficina en Viña, donde me comunica su intención de poner término a nuestra relación societaria en Surco Inversiones, la firma que teníamos en Perú”, relata el ejecutivo que ocupó la presidencia ejecutiva de Surco Inversiones entre 2001 y 2008. No le extrañó la solicitud de separar aguas, porque el fallido negocio textil había generado algunos roces.
El empresario le pidió liquidar Limatex, cosa que ocurrió en marzo de 2008, y que solicitara una valoración de Surco Inversiones. A los pocos días cambió de idea: planteó comprarle su 10% y acordaron que sería el Santander Investment en Chile el encargado de valorizar dicho paquete.
Ante la falta de noticias, Bacigaluppi contactó y se reunió nuevamente con Elberg, “quien me dijo que podía ofrecerme US$500 mil, le respondí que era una burla, dado que en el sector inmobiliario existen tasaciones permanentes de los bancos y cuando el fondo de inversión peruano Enfoca quiso coinvertir con nosotros valorizó el patrimonio de Surco –descontando las pérdidas de Limatex y las deudas propias del negocio inmobiliario– en una cifra que oscilaba entre US$60 millones y US$80 millones, dependiendo de la tasa de descuento”. Por lo tanto, su 10% valía, al menos, US$6 millones.
Bacigaluppi le propuso a Elberg que le vendieran todo el portafolio inmobiliario al fondo Enfoca y se repartieran los porcentajes correspondientes, “lo que en principio le pareció una buena opción, pero al día siguiente me comunicó por correo electrónico que prefería mantener los activos en Perú y que compraría mi parte”.
El mail, que comenzaba con “estimado Juan Luis”, le pedía no reunirse con ninguna institución financiera ni potenciales compradores. Y agregaba que “en relación al plan a seguir para la separación de la sociedad, nosotros compraremos tu parte. Para determinar el valor de la compañía en Perú, contrataremos una asesoría financiera de común acuerdo, que realice la valorización, la cual será la base para nuestra negociación de cierre. Estimamos concluir la separación en el mes de Agosto” (ver archivo 1).
A los 15 días, recibió una nueva oferta. Iván Sheward, cuñado de Elberg, le informó que estaban dispuestos a pagarle US$1,3 millones. “Le respondí que no, era muy baja. Y no consideraba una valorización real y objetiva, como habíamos acordado, hecha por una empresa externa”, detalla el ejecutivo.
Cansado por la dilación y la falta de señales para cumplir con lo pactado, el 11 de septiembre de 2008 Bacigaluppi interpuso una demanda por grave incumplimiento del acuerdo por escrito entre los dos accionistas, de valorización de Surco Inversiones S.A. Perú y el pago correspondiente a su 10% en el 2º Juzgado Civil de Viña en contra de Elberg y su empresa Algeciras, el holding que agrupa sus inversiones en Chile y Perú y otros países.
El empresario reaccionó anunciando demandas en Chile y Perú por “acciones dolosas” o, al menos, negligentes de su brazo derecho por las cuantiosas pérdidas de Limatex.
Lo concreto: en los dos países presentó demandas por indemnización de perjuicios en contra de Bacigaluppi. En Perú pidió US$16,5 millones por las pérdidas de Limatex, las que –según Bacigaluppi– «fueron como máximo US$6 millones y se debieron a los cambios en las condiciones de mercado, no a acciones dolosas”. Elberg ganó en primera instancia, pero Bacigaluppi apeló y la demanda fue declarada nula. En Chile, solicitó una indemnización por $600 millones por las pérdidas sufridas por Intitop, la comercializadora de los productos de Limatex en nuestro país, la que no prosperó porque no pudo acreditarse el monto de los daños.
Como consecuencia de estos juicios, la casa en Santiago de Bacigaluppi mantiene una medida precautoria, que hasta ahora le impide celebrar cualquier contrato.
Para intentar un arreglo fuera de los tribunales, Bacigaluppi se reunió con Elberg en su oficina del edificio Coraceros de Viña, en diciembre de 2009. El empresario elevó la oferta: US$3,75 millones, que era inferior a los US$6 millones que estimaba su ex ejecutivo, pero, después de dos años de juicios, optó por aceptar. A cambio, ambas partes retirarían todas las demandas cruzadas en Chile y Perú.
Así fue como, el 9 de febrero de 2010, se firmó en la notaría Alberti de Lima un “compromiso de contratar”, equivalente a un contrato preparatorio (ver archivo 2).
“En la oportunidad, se me adelantaron US$700 mil contra la firma de un pagaré. Si yo no concurría a firmar el acuerdo definitivo, en un plazo de 45 días, debería devolverlos”, acota Bacigaluppi. De surgir diferencias, estas debían ser resueltas por un tribunal arbitral de tres miembros designado por la Cámara de Comercio de Lima.
Lo que parecía ser un auspicioso inicio, terminaría siendo una bomba de tiempo.
El día que expiraba el plazo fatal para sellar el acuerdo definitivo, Bacigaluppi asegura que conoció su contenido recién una hora antes de firmar, pese a las reiteradas peticiones a Elberg para que le remitiera los documentos a firmar. “Unas diez personas, entre abogados y ejecutivos del holding Algeciras, en representación de Elberg, se presentaron en la notaría y me informaron que me descontarían US$300 mil del saldo que era US$3.050.000 por concepto de impuesto a la renta, pero la mayor parte de la operación no estaba sujeta al pago de impuestos, porque se trataba de una transferencia de acciones. Ellos querían pasar la transacción como gasto para rebajar su base imponible de Algeciras S.A.», explica.
[vita tipo= «destaque»]“Es una irregularidad que pretendan cobrar un pagaré suscrito en Lima en Chile. Cualquier controversia, incluido el pagaré, debió haber sido resuelta por un tribunal arbitral nombrado por la Cámara de Comercio de Lima. No pagaron en Chile el impuesto de timbre y estampillas, pero el Poder Judicial admitió a trámite el cobro ejecutivo, con lo cual permitió una evasión tributaria”, afirma el ejecutivo.[/cita]
El ejecutivo lo consideró “un nuevo abuso” y se negó a firmar. “Además, yo había aceptado que me pagaran en un plazo de dos años, pero en la notaría me di cuenta que no querían documentar la deuda, mediante letras o cheques, y así me lo confirmó verbalmente Rafael Villanueva Merino, presidente ejecutivo de Algeciras S.A. ¿Cómo iba a aceptar un pago con un descuento, en cuotas y no documentado?”, señala.
Bacigaluppi recurrió, como estaba estipulado en el “compromiso de contratar”, a la Cámara de Comercio de Lima para que designara un tribunal arbitral que resolviera las diferencias entre las partes. “La respuesta de su gerente general en Algeciras, enviada por correo electrónico, fue que no reconocían ninguna deuda conmigo ni tampoco la competencia de la Cámara de Comercio de Lima”, asegura. Bacigaluppi pierde un juicio y debe pagar
El asunto terminó en tribunales. Elberg solicitó en abril de 2010 al 12° Juzgado Civil de Santiago la devolución, mediante juicio ejecutivo, de los US$700 mil entregados a su ex brazo derecho en Perú como anticipo en la notaría limeña, porque no cumplió el requisito de firmar el acuerdo definitivo.
El tribunal falló a favor de Elberg, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Y, en julio pasado, por la Suprema. “Yo no le debo nada. Este fue un pago a cuenta de una deuda que él mantiene conmigo. Nunca pensó pagarme. Yo firmé el pagaré por US$700 mil, sin imaginar que a la hora de sellar el acuerdo definitivo me iban a descontar US$300 mil. Tampoco sospeché que iban a desconocer a la Cámara de Comercio de Lima como el único mecanismo para resolver diferencias”, explica el ejecutivo, representado en este juicio por el abogado Sergio García Valdés, de García, Montes, Olivos, Eyzaguirre y Cía.
“Es una irregularidad que pretendan cobrar un pagaré suscrito en Lima en Chile. Cualquier controversia, incluido el pagaré, debió haber sido resuelta por un tribunal arbitral nombrado por la Cámara de Comercio de Lima. No pagaron en Chile el impuesto de timbre y estampillas, pero el Poder Judicial admitió a trámite el cobro ejecutivo, con lo cual permitió una evasión tributaria”, afirma el ejecutivo.
Bacigaluppi tampoco obtuvo un buen resultado en la demanda que presentó en 2008 en el 2º Juzgado Civil de Viña. La jueza Cecilia Sagredo Olivares determinó, en marzo pasado, que no se encontraba acreditada la existencia de una relación comercial entre Elberg y Bacigaluppi, y que tampoco se acreditó la valorización de su porcentaje en Surco Inversiones, cosa que el demandante solicitaba en la demanda.
También resolvió que no pudo probarse que el demandado (Elberg) y su holding Algeciras tengan participación accionaria en Algeciras S.A. Perú, “pese a que en el proceso de dos mil fojas existen pruebas e incluso hay declaraciones de Andrés Solari, gerente general del holding Algeciras S.A., en marzo de 2008 en El Mercurio, que confirman que Eduardo Elberg es dueño de Algeciras en Chile y Perú», explica Bacigaluppi, quien se vio sorprendido con la sentencia, ratificada el pasado 17 de diciembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En este juicio su defensa estuvo a cargo de Jaime Figueroa, socio del estudio Bartolucci, Donoso y Figueroa, de Valparaíso. Mientras, Elberg es representado por Rodrigo Zegers, socio del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers.
“Mi abogado solicitó un peritaje caligráfico de un documento manuscrito que Elberg me entregó en agosto de 1997, donde explicaba que íbamos a crear una sociedad aún sin nombre en Perú, el monto que iba a aportar él y cómo íbamos a operar. Él se negó a someterse al peritaje, al menos, tres veces», afirma Bacigaluppi.
En este ir y venir de tribunales, Elberg demandó la incompetencia del 2º Juzgado de Viña porque los negocios se habían hecho en Perú. Y más tarde, acusó a la jueza Cecilia Sagredo Olivares de “implicancia, que significa que tendría interés personal en el resultado del juicio”, explica Bacigaluppi, quien agrega que su abogado de entonces, Alejandro Romero, era parte del estudio Allende Bascuñán, que tenía de corresponsal en Valparaíso a una oficina de abogados donde trabajaba el ex marido de la jueza Sagredo.
Actualmente, Elberg es socio de la concesionaria Auto Summit, que tiene una alianza con Sigdo Koppers en Perú; de los hoteles Atton en Chile y Perú; participa en el negocio agrícola y es uno de los socios del Banco Internacional, cuyo control fue adquirido por ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
A eso hay que sumar los US$150 millones que recibió por la venta por su paquete de acciones (36,95%) de Santa Isabel. No fueron los US$229,7 millones comunicados en 1997 a los organismos de valores, ya que, en marzo de 2011, Elberg declaró en una entrevista en El Mercurio que el comprador (Vélox) le descontó US$80 millones. El senador Alejandro Navarro pidió iniciar una investigación a la Cámara Alta y a la SVS por la entrega de información falsa al mercado –cuando ya había estallado el caso La Polar– que hizo aparecer a la cadena de supermercados como sobrevalorada, con los consiguientes efectos para los accionistas minoritarios. No pasó nada.
A raíz del reportaje publicado por este diario acerca de lo ocurrido con Santa Isabel, Elberg presentó una querella por difamación en contra de Bacigaluppi, solicitando una indemnización de $300 millones.
El caso no ha sido fallado. “Yo reclamé por el perjuicio económico que sufrí. Compré acciones de Santa Isabel después de la venta que hizo Elberg en base al valor que él informó originalmente al mercado, y perdí US$800 mil en plata de 1998”, concluye.
Mediante un documento escrito, Azerta –la empresa de comunicaciones que lleva la cuenta de Algeciras, el holding de inversiones de Elberg– informó que “tras desempeñarse varios años como presidente ejecutivo de Algeciras Perú (antes Surco Inversiones Perú), el señor Bacigaluppi fue desvinculado de esa sociedad luego de liderar una ruinosa incursión en el sector textil, la que generó pérdidas a la compañía por más de US$ 15 millones”. Y agrega que realizaron gestiones de valorización de los activos de la empresa (Surco) destinadas a determinar si tendría o no los recursos suficientes para afrontar las millonarias pérdidas. “Esto generó la molestia de Bacigaluppi, quien ejerció una serie de acciones legales y con medios de comunicación para presionar a Algeciras y a don Eduardo Elberg. Esas acciones legales han sido sistemáticamente desestimadas por la justicia”, manifiestan.
Precisa el texto que, durante este conflicto, “por razones estrictamente humanitarias (que no se especifican) Algeciras estuvo dispuesta a una transacción que involucraba poner término a los juicios y finiquitar temas legales y laborales pendientes”. Pero Bacigaluppi, según el documento, no cumplió con la firma del acuerdo final y se negó a devolver el adelanto (US$700 mil), razón por la cual fue demandado.
Detalla, asimismo, cada uno de los juicios, donde no hay mayores diferencias con lo expuesto por Bacigaluppi, excepto en la demanda por indemnización de perjuicios presentada por Elberg en Perú, en la cual –precisan– el tribunal de primera instancia (Sétimo Juzgado Civil de Subespecialidad Comercial de Lima) condenó a Bacigaluppi a pagar US$4 millones y 568 mil soles por daño emergente y moral, pero este último apeló y, en junio pasado, la Corte Superior (equivalente a la Corte de Apelaciones) dispuso que el juzgado de primera instancia revisara y complementara la sentencia y devolviera el expediente para revisar el fondo de la apelación. Según Bacigaluppi, “se omite que la Corte Superior de Lima determinó que era nula la demanda, porque debió haber sido dirigida en contra el directorio de la empresa (Limatex), y no solo en contra mía y además no se acreditaron actos dolosos en mi gestión. El juzgado de primera instancia debe resolver si acoge el fallo de la Corte Superior o revisa su sentencia para remitírsela nuevamente a la Corte Superior”.
Explica, por último, el documento, que «la razón por la cual don Eduardo Elberg se vio obligado a interponer la referida demanda, dice relación con una campaña difamatoria que el señor Bacigaluppi inició durante el año 2010 y que se extiende hasta la fecha. En relación a este juicio, don Eduardo Elberg dedujo un Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, ante el Tribunal Constitucional, el que fue acogido (en fallo dividido)».
