El servicio definió no indagar delitos tributarios que involucren a más empresas
Numerosas son las grandes empresas que acudieron al llamado hecho por el Servicio de Impuestos Internos en marzo a rectificar aquellos pagos que consideraran fuera de la norma. Hasta ahora no hay claridad respecto de cuántas compañías realizaron el procedimiento. Públicamente se sabe de al menos diez, varias de las cuales aparecen entregando recursos a dirigentes políticos en años de elecciones. Aguas Andinas, Caburga, Copec, Celulosa Arauco y Alsacia son algunas de las que han rectificado.
La investigación de la Fiscalía por platas irregulares de grandes empresas a campañas políticas partió por Penta, el conglomerado de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín que aportó masivamente recursos a la UDI. A medida que la indagatoria avanzó, se fueron sumando otros nombres.
El 7 de noviembre de 2014, el fiscal Carlos Gajardo envió un informe al Servicio de Impuestos Internos dando cuenta de la aparición de otras empresas vinculadas a pagos a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett. En ese documento estaban incluidas CorpBanca, Alsacia, una filial de Ripley, Inversiones El Bosque, Eurocorp y Soquimich (SQM), la minera controlada hoy indirectamente por Julio Ponce Lerou que se transformaría en la protagonista de un terremoto político que, meses después, azotaría al Gobierno.
Fueron las primeras. Con el paso de los meses fueron apareciendo otras compañías, las que hoy son las grandes ausentes del caso que ha terminado por derrumbar la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Con la irrupción de SQM, y el involucramiento de La Moneda en el escándalo, las presiones sobre el SII se incrementaron y la política inicial del “caiga quien caiga” perdió vigencia.
Según fuentes internas del Servicio, el ex director Michel Jorratt ordenó detener las investigaciones por delitos tributarios contra esas nuevas empresas que iban apareciendo. Las mismas fuentes agregan que la política en ese momento derivó en que tales casos se trataran en la subdirección de Fiscalización, para que se les diera una solución administrativa, a través de rectificaciones que derivaran en multas por los tributos que no se habían pagado producto de aportes irregulares a campañas.
El cambio significó que se diluyera la posibilidad de presentar querellas o denuncias por delitos tributarios contra las empresas involucradas. “Como la mayoría de esas aristas que empezaron a surgir estaban relacionadas con financiamiento de la política, como las empresas del grupo Angelini, la instrucción de Jorratt fue no seguir indagando esas empresas por delito tributario”, comenta alguien que presenció reuniones donde se trató el tema.
[cita] El llamado realizado a las grandes empresas a autodenunciarse no fue la única acción ejercida luego de tomada la decisión. En el SII comentan que la salida de Jorratt de la jefatura, a fines de mayo, significó profundizar la mano blanda con las nuevas empresas que se vieran involucradas en la investigación de la Fiscalía, y a ello atribuyen la circular del 10 de junio que indicó que la decisión de presentar querellas o denuncias se tomaría por recomendación de un comité especial formado por los subdirectores de Normativa, Jurídica y Fiscalización. Esa política fue instruida por quien reemplazó a Jorratt en la práctica, el actual director subrogante del Servicio, Juan Alberto Rojas. [/cita]
Esta decisión marcó el distanciamiento final que tuvieron dos protagonistas de este caso: el ex director Michel Jorratt y el ex subdirector jurídico, Cristián Vargas, quien era partidario de un mayor protagonismo del servicio en la persecución penal de quienes evadieron impuestos por esta vía. El caso Penta-SQM fue el que terminó separando a ambos funcionarios, según consignó hace una semana El Mostrador.
El 12 de marzo, el SII realizó un llamado a las grandes empresas a autodenunciarse y rectificar los pagos que ellas consideraran que podían no apegarse a la norma. En la ocasión, el organismo indicó que “acogiendo las numerosas consultas recibidas por parte de los propios contribuyentes, el SII instó a todos quienes puedan presentar brechas de cumplimiento tributario a acercarse voluntariamente a la institución para regularizar su situación tributaria, entregar todos los antecedentes sobre boletas, facturas y otras operaciones, rectificar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes”.
Para cumplir con las rectificaciones se dispuso de un equipo especial que operó en la Dirección de Grandes Contribuyentes. La decisión se apoyó en al artículo 6, letra B) número 5 del Código Tributario que “autoriza a resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan”. También en “el artículo 8 bis número 1 de dicho Código consagra el derecho a los contribuyentes de ser asistidos por el Servicio sobre el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. A su turno, el artículo 7° de la Ley orgánica del SII en su letra a) señala que el SII planifica, desarrolla políticas y programas que promuevan la más eficiente administración y fiscalización de los impuestos”, aseguró en la ocasión el SII.
El plazo impuesto para realizar las rectificaciones y posterior pagos de multas e intereses expiró el pasado 30 de junio. Hasta ese día las empresas debieron presentar una solicitud en la Dirección de Grandes Contribuyentes acompañada de “una carta en que se indique que se acogerá al procedimiento voluntario de rectificación y pago de impuestos referido y de la documentación de que disponga para los fines de dar inicio a la revisión, ello sin perjuicio de que durante dicho procedimiento deberá entregar la totalidad de los antecedentes necesarios para la correcta determinación de las diferencias impositivas”.
Las rectificaciones pudieron realizarse con un periodo máximo de seis años, es decir, de 2009 en adelante.
Quienes conocieron de cerca ese proceso afirman que la decisión de Jorratt significó un viraje de la política del “caiga quien caiga” que se había asumido a inicios del caso Penta. Agregan que ese cambio obedeció a las presiones ejercidas en ese entonces por autoridades de La Moneda sobre el ex director del servicio.
El llamado hecho a las grandes empresas a autodenunciarse no fue la única acción ejercida luego de tomada la decisión. En el SII comentan que la salida de Jorratt de la jefatura, a fines de mayo, significó profundizar la mano blanda con las nuevas empresas que se vieran involucradas en la investigación de la Fiscalía, y a ello atribuyen la circular del 10 de junio que indicó que la decisión de presentar querellas o denuncias se tomaría por recomendación de un comité especial formado por los subdirectores de Normativa, Jurídica y Fiscalización. Esa política fue instruida por quien reemplazó a Jorratt en la práctica, el actual director subrogante del Servicio, Juan Alberto Rojas.
En la misma circular se establecieron criterios bajo los cuales el SII podría decidir querellarse contra algún gran contribuyente, como el monto del perjuicio fiscal, la reiteración de la falta, el efecto “ejemplificador” que pudiese lograrse con la acción y el mérito de la prueba reunida.
La decisión no ha sido bien digerida al interior del organismo. Funcionarios comentaron a El Mostrador que “indagar a estas empresas por delito tributario es parte del rol legal del Servicio, y el que no se haga significaría solo que se obedece a las presiones políticas”.
Contactado por este medio, el SII aseguró que aún no cuenta con la información de cuántas empresas acudieron al llamado a la autodenuncia, y que se encuentran centralizando esos datos. De todas formas, agregaron que cuando logren reunirse puede tratarse de información reservada, por lo que no existe seguridad de que esa información llegue a ser pública.
Sin embargo, existen indicios. Según diversas investigaciones de prensa, son al menos diez las grandes empresas que rectificaron sus declaraciones de impuestos por dudar de los pagos que realizaron a diversos personeros, en su mayoría, cercanos a dirigentes políticos de la Alianza y la Nueva Mayoría. Estas compañías son Aguas Andinas, Inversiones Caburga (del grupo Said), Endesa, Alsacia, CorpBanca, VTR, Ripley y las pertenecientes al grupo Angelini: Celulosa Arauco, Copec y la Compañía de Petróleos de Chile.
Diversas investigaciones realizadas por El Mostrador han dado cuenta de los pagos efectuados por varias de estas empresas a dirigentes políticos o, bien, a sus asesores más cercanos. Aunque la mayoría de los involucrados declaró a este medio que las boletas o facturas emitidas corresponden a servicios efectivamente prestados, será la Justicia la que deberá determinar la legalidad de esos pagos.
Una de las empresas involucradas es Inversiones Caburga, propiedad del grupo Said, la que rectificó sus declaraciones de impuestos entre 2009 y 2014, incluyendo entre los pagos rectificados boletas emitidas en 2009 a los diputados Fuad Chahín (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN). Pero la contabilidad de Caburga incluye otros nombres vinculados a la política.
En un informe de contabilidad de 2009 aparecen también pagos a un sobrino del ex diputado PPD Patricio Hales, al ex jefe de campaña del diputado de RN José Manuel Edwards, a un asesor de los senadores de la DC, al ex intendente de Valparaíso en el Gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Celis, y al analista político de la UDI, Gonzalo Cordero, entre otros. Caburga fue vinculada al caso debido a una declaración de la contadora DC Clara Bensán, quien aseguró que el recaudador Giorgio Martelli le solicitó emitir facturas falsas a esta empresa durante la candidatura presidencial de 2009.
En el caso de Aguas Andinas –sanitaria en manos de un conglomerado francés-español–, figuran diversos pagos a figuras ligadas al mundo de la política, aunque ha destacado el aporte que le hicieron a una sociedad vinculada al ex director ejecutivo de CHV, Jaime de Aguirre, quien declaró en la Fiscalía que facturó a esa empresa por petición de sus entonces jefes en el canal, cuando este estaba en manos del ex Presidente Sebastián Piñera.
De la misma empresa, un cercano al también ex Presidente Eduardo Frei, Pedro Yaconi, aparece recibiendo más de $120 millones en 2009. Entre 2012 y 2013 los pagos se repitieron, esta vez por más de $188 millones.
Aguas Andinas también figura emitiendo pagos a centros de pensamiento ligados a la política. Según datos a los que accedió El Mostrador, entre 2009 y 2011 se entregaron $128 millones a Cegades –ligado a la DC–, los que se suman a otros pagos a Chile 21 –del progresismo–, Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán –vinculados a la UDI–, la Corporación de Asuntos Públicos y a Imaginaccion, del lobbista Enrique Correa. Entre 2006 y 2010, figura también recibiendo pagos el senador de la DC Andrés Zaldívar.
CorpBanca, propiedad del empresario Álvaro Saieh, aparece también en la investigación de la Fiscalía con pagos a centros de pensamiento. Se repiten Chile 21 y Cegades, y se suman Democracia y Comunidad –DC– y el Instituto Libertad –cercano a RN–. CorpBanca fue inicialmente investigado por aportes irregulares a la campaña senatorial del UDI Pablo Zalaquett.
Según un informe interno que también dio a conocer El Mostrador, Endesa, a través de Enersis –controlada por la italiana Enel–, desembolsó $549 millones en aportes a la personas políticamente expuestas durante 2012. En las últimas semanas esa empresa ha estado en el centro de la polémica por la forzada renuncia de su ex presidente, Jorge Rosenblut, conocido recaudador de las campañas de la Concertación y quien debió declarar en la Fiscalía por estos motivos. La empresa también figura con pagos a Pedro Yaconi y Giorgio Martelli.
Hace dos meses este medio informó además que, en la contabilidad de una de las operadoras del Transantiago, Alsacia, aparecían pagos a un hijo del ex diputado DC Juan Carlos Latorre y al actual presidente del directorio de TVN, el PS Ricardo Solari. Alsacia también fue incorporada a la indagatoria por pagos al margen de la ley a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett.
Aunque al interior de la Fiscalía algunos han temido que la reciente decisión del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, de separar en tres la indagatoria –con equipos especiales para las aristas Penta, SQM y Corpesca– signifique abandonar la investigación a las otras empresas involucradas, el abogado querellante del caso en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, dice no temer por ello.
“Es un riesgo, pero no creemos que eso llegue a ocurrir. El motor de esta investigación, quienes abrieron este tema, son los fisales Arias, Gajardo y Norambuena. Mientras se mantenga ese equipo debe haber confianza, básicamente por el trabajo anterior, donde no se han limitado cuando existen indicios potentes, a indagar a una u otra empresa”, aseguró el jurista, aunque agrega que la iniciativa en esta materia debiera estar en manos del SII.
“No sabemos qué está haciendo el SII, pero tenemos la convicción de que en los casos donde ha ocurrido algo similar con lo que pasó en Penta, se debiese actuar. Donde haya boletas o facturas que hayan servido para reducir la base tributable de la empresa, lo que corresponde es que el SII ejerza su rol legal y presente acciones judiciales”, comentó.
