En 2006 la presidenta creo la comisión por la «Probidad de la Gestión Pública»
En el discurso que entregó por cadena nacional, la Presidenta anunció la eliminación de aportes de empresas a las campañas políticas, para poner fin a la perversa relación entre el dinero y la política, en tanto que el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró que las medidas «son muy ambiciosas, no tienen precedentes en su historia». Parece haber olvidado que hace 9 años, también se hablaba de corrupción, y que en el informe la comisión de «probidad», encargada por la jefa de Estado, tras el estallido del escándalo «Chile Deportes», el ministro de Economía Alejandro Ferreiro, planteaba una serie de iniciativas calcadas a las de ahora.
Tras el estallido del caso Penta, SQM y Caval, la corrupción y la lucha para erradicarla de la política chilena ha sido una lema constante que resuena entre los mismos políticos y en diversas propuestas de fundaciones y organizaciones ciudadanas que buscan aportar para sacar al país de lo que se ha denominado como una «crisis política» profunda.
El martes en la noche, la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba en cadena nacional la nueva agenda de «probidad y transparencia», basada en el informe de la comisión liderada por el economista Eduardo Engel, que tiene unas 260 medidas contenidas en cinco capítulos: prevención de la corrupción, regulación de los conflictos de interés, financiamiento de la política, confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos.
“Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados”, dijo la Presidenta. Acto seguido, sentenció que “las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.
“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, agregó, además de establecer que se generará una nueva Constitución, por medio de un «proceso constituyente».
Ante las medidas anunciadas, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde sostuvo que «son muy ambiciosas, no tienen precedentes en su historia, dan cuenta del compromiso del Gobierno por construir una mejor democracia, una mejor forma de convivencia y que siempre prime la voz de los ciudadanos y que el dinero no presente un tipo de distorsión respecto de la voluntad de los chilenos», dijo, según La Nación.
Pero si retrocedemos 9 años, en 2006, también se hablaba de corrupción, era el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y ella en su primer año como Mandataria anunciaba una comisión para la «probidad», tras el estallido del escándalo «Chile Deportes».
Esto, a pesar de que en el año 2003 se generó el acuerdo político entre Ricardo Lagos, entonces Presidente de la República y Pablo Longueira, quien era timonel de la UDI. El pacto pretendía modernizar el Estado y entre las medidas se consignaba que «el financiamiento de la actividad política es parte de la modernidad del Estado chileno. Una democracia sólida tiene que tener partidos sólidos y desde ese punto de vista hemos planteado que la modernidad del Estado incluye el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos», señalaba el presidente de la UDI en 2003 a Emol.
En 2006 se planteaba la idea de revisar y reforzar ese acuerdo político para evitar las «malas prácticas» al interior del mundo público y su relación con el dinero. Para ello la Presidenta mandató la entrega de un informe por parte de una comisión integrada por el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; la subsecretaria de Hacienda, María O. Recart; Enrique Barros del CEP; Davor Harasic, entre otros. Este equipo escribió el «Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública encargado por S.E. la Presidenta de la República», que contemplaba 30 medidas que fueron descritas por el ministro de Economía de la época, Alejandro Ferreiro.
El ministro declaraba en la época que los casos de corrupción «han sido intolerables para la sociedad chilena y se ha buscado reaccionar ante ellos a través de medidas como las propuestas por la Mandataria», dijo, según la agencia Orbe citada en Emol.
«Los países corruptos son lo que observan casos como los que hemos visto con indolencia, con resignación, sin asombrarse y sin reaccionar, ese es un país corrupto. Lo que tenemos en Chile son casos graves, lamentables, inaceptables, focos de corrupción y lo que afortunadamente tenemos es intolerancia social, indignación y capacidad de reacción», manifestó Ferreiro.
Un discurso que parece retumbar en estos días entre la clase política en la actualidad. «Aquí se ha buscado un paquete equilibrado de medidas, aquí no hay un esfuerzo práctico por favorecer a uno u otro sector. Se ha dicho por una parte transparencia completa en la relación entre el dinero y la política, no a las donaciones de empresas, no a cualquier tipo de donación cuya fuente se desconozca, pero por otro lado se ha dicho que hay formas de intervención electoral que no son aceptadas en una democracia», dijo el ministro de Economía de la época.
Recorte de La Tercera 2006 – de Ivan Vitta
Es más, hablaba de «la inhabilitación del legislador de su cargo» si se comprobaban irregularidades en el financiamiento de campañas. En cuanto a la medida que expresa que las empresas no podrán hacer aportes a las campañas electorales de los candidatos, Ferreiro explicó que «los ciudadanos son los que deben aportar y no nos parece razonable que éstas hagan aportes porque detrás de ello puede esperarse una retribución indebida de parte de quien recibió ese aporte», frase casi calcada en ésta época por diversos personeros de Gobierno.
Todas propuestas que también fueron entregadas en el informe de la época y se transformaron en 41 medidas anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet el 24 de noviembre de 2006, que los titulares de los medios de comunicación calificaban como «ambicioso plan de medidas anticorrupción» que viene a «endurecer el pacto de Lagos», según La Tercera.
Pero no sólo los discursos políticos parecen haber sido calcados, sino que también las propuestas entregadas, lo que hace comprender que las iniciativas planteadas por el primer informe pasaron a ser letra muerta.
«El trabajo del grupo ha estado orientado por la idea transmitida por la Presidenta de la República de que las situaciones referidas dan lugar a una inmejorable oportunidad para avanzar en las reformas pendientes y más urgentes, que favorezcan la probidad y transparencia de la gestión pública y la modernización del Estado», dice la introducción del «Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública encargado por S.E. la Presidenta de la República», del año 2006.
«Reformas al sistema de alta dirección pública», sobre lo cual en el informe de 2006 ya se hablaba de «extender el sistema (ADP) hacia todas las áreas del gobierno, incluyendo programas y servicios donde el responsable defina políticas y sea de designación directa del Presidente de la República o de otra autoridad política del gobierno, con los fines de construir una administración superior profesional, que favorezca la eficiencia, introduzca una práctica generalizada de rendición de cuentas y neutralice el clientelismo».
Por otra parte, en el informe del Consejo Asesor Presidencial de este año, se determina que es necesario el «fortalecimiento del sistema de Alta Dirección Pública» y se habla de que el sistema de la ADP debe ser aplicado «a los cargos más altos de las instituciones públicas, partiendo por las jefaturas de servicio, y que desciende a grados de segundo nivel jerárquico».
Otro ejemplo es el de «Financiamiento de Campañas y Partidos Políticos», respecto de lo cual ambos informes plantean que es necesario fortalecer y democratizar a los partidos políticos, como asimismo regular y equilibrar la relación entre dineros públicos y privados para las campañas políticas.
«Reforzar la transparencia en la relación entre el dinero y la política. La democracia requiere una relación transparente entre la política y la influencia del dinero, sea de origen privado o estatal. La gravedad de los hechos recientes, en materia de control y contabilidad de las candidaturas, y su repercusión pública, demuestran la necesidad de ampliar y afinar los ilícitos por violaciones a la ley electoral, así como aumentar el control y la fiscalización», establece el informe del año 2006. En el texto se informa que, debido a que no hay consenso ante el «régimen óptimo de financiamiento electoral», se determina reforzar y ejecutar la legislación de 2003.
En este texto ya existía la propuesta de «restringir donaciones anónimas y crear nuevo mecanismo para favorecer aportes reservados de personas de bajo monto», junto con proponer que se estableciera que las grandes donaciones no fueran a dar a los partidos y candidatos, sino que todo pasara por un Servel robustecido. También hace extensiva la regulación a la elecciones primarias de los conglomerados políticos.
Respecto a este punto, el informe de este año reconoce la insuficiencia de la legislación dictada en el periodo de Ricardo lagos, y establece que es necesario reforzar la legislación en cuanto al financiamiento, que «la regulación del financiamiento electoral permita evitar diversas prácticas nocivas para la democracia, tales como la corrupción, la extorsión y la relación clientelar que muchas veces bordea en el cohecho –como por ejemplo la entrega de regalos a particulares y el pago de sus cuentas–. De la misma forma, es necesario evitar el desvío de fondos públicos para financiar campañas y actividades políticas por parte de autoridades electas y funcionarios públicos», dice.
El último documento marca un hito que fue anunciado con bombos y platillos por la Presidenta Michelle Bachelet hace dos días, porque a pesar de que también plantea la necesidad de que refuerce la figura del Servel y la prohibición de la utilización de dineros de funcionarios públicos para las elecciones, establece que es necesario «prohibir los aportes de empresas y organizaciones no gubernamentales (personas jurídicas) a campañas políticas», un hecho que aparece en el informe de 2006, como lo dejó en evidencia el ministro de Economía de la época, al señalar que aquí «se ha dicho por una parte transparencia completa en la relación entre el dinero y la política, no a las donaciones de empresas, no a cualquier tipo de donación cuya fuente se desconozca», manifiesta en su entrevista el ministro.
De esta manera, ambos informes pueden seguir comparándose y encontrando similitudes en el origen de los problemas y en las propuestas para solucionarlos. La pregunta que es necesaria en este punto es si realmente el último informe no se transformará en letra muerta y, por el contrario, avanzará hacia las reformas que anunció la Presidenta Michelle Bachelet.
