«El mal desempeño político se premia con cargos, el servicio público de carrera se castiga sin razones; sin respuestas o con falsos argumentos; sin respeto por las instrucciones del propio Ministro de Hacienda en los últimos acuerdos con los trabajadores», sostuvo la timonel de la ASOFUMI.
La presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Delia Arneric, dio a conocer el despido de 12 funcionarios de Arica, Concepción y Santiago, mientras se recontrataba a dos ex candidatos a diputados por la UDI en la Región Metropolitana.
«Una de las funcionarias despedidas tiene una discapacidad congénita que dificulta su desplazamiento. Pese a ello no sólo ha ejercido su trabajo por 17 años, en un pésimo grado de remuneraciones, sino que además es jefa de hogar con hijos a su cargo. Claramente su despido no tiene otra explicación que una ‘pasada de cuenta’ política de muy pésima señal cívica. Sólo ayer el Secretario Ministerial Metropolitano le comunicó verbalmente que ‘esta era una decisión de la Subsecretaria’, se entiende de doña Luz Granier Bulnes», sostuvo la dirigente.
«Otros 11 funcionarios conforman la nómina de exonerados; todos calificados en listas de Distinción y Buena; con funciones claves en el Ministerio en las áreas de evaluación de políticas sociales, en el diseño y mantención de numerosos sistemas informáticos; en la difusión y ejecución de programas como el Ingreso Ético Familiar; muchos de ellos profesionales jóvenes que con mucho entusiasmo se incorporaron al servicio público», agregó.
«No existen razones objetivas para estos despidos, pero sí existen recontrataciones de ex candidatos a diputados por la UDI en la Región Metropolitana: uno de ellos, Daniel Escobar Escobar (‘recontratado’ menos de 48 horas después de fracasada su elección como diputado), ahora Jefe de la División de Protección y Promoción Social y autor de varias de estas ‘desvinculaciones’; el otro, Rubén Carvacho Sáez; recientemente contratado a honorarios después de su fracaso electoral», acotó.
«El mal desempeño político se premia con cargos, el servicio público de carrera se castiga sin razones; sin respuestas o con falsos argumentos; sin respeto por las instrucciones del propio Ministro de Hacienda en los últimos acuerdos con los trabajadores», concluyó.
