Libelo busca responsabilidad por crímenes de lesa humanidad a partir del Golpe
A comienzos de este año las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos presentaron una acción para buscar a los responsables del Golpe de Estado, porque no la consideran una acción política sino que un crimen de lesa humanidad. Nombres como los de Pablo Rodríguez Grez, Roberto Thieme y el propio Agustín Edwards están entre quienes debería citar a declarar el juez Mario Carroza. Es la “complicidad pasiva” de quienes colaboraron con el régimen que dejó más de 3.500 muertos y decenas de miles de torturados.
En diciembre de 1975, el senador norteamericano Frank Church dio a conocer una serie de investigaciones sobre actividades que realizó EE.UU. en Chile durante 10 años. El documento, conocido ampliamente como el Informe Church, relataba que “entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 la CIA mantuvo 21 contactos con oficiales clave de los militares y la policía militarizada (Carabineros) de Chile. A los chilenos que se sentían inclinados a ejecutar un Golpe de Estado se les aseguró que habría apoyo decidido al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, tanto con anterioridad como después de consumarlo”. El documento también detalla que después de haber asumido Salvador Allende, “todos los esfuerzos de la Casa Blanca estaban orientados al Golpe Militar”.
Entre los detalles y los nombres de civiles del informe, uno de los que destaca es el de Agustín Edwards y El Mercurio: “Con mucho, el más significativo caso de apoyo a organizaciones de comunicación fue el dinero suministrado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, bajo presión durante el régimen de Allende. El apoyo tuvo su origen en un proyecto de propaganda existente. En 1971 la Central juzgó que El Mercurio, la más importante publicación de la oposición, no podría aguantar la presión del gobierno, incluyendo la intervención en el mercado del papel, prensa y la retirada de publicidad del gobierno. La Comisión 40 autorizó $ 700,000 para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y añadió otros $ 965,000 a esa autorización el 11 de abril de 1972. Un memorándum del renovado proyecto de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por la Agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende”.
Justamente este tipo de episodios —relatados en el informe Church— es uno de los pilares de la querella que no sólo va tras militares sino que también, por primera vez, contra los civiles que instigaron el Golpe de Estado en Chile; una acción judicial que presentaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados políticos a comienzos de este año y que busca determinar que la brutalidad de ese 11 de septiembre no respondió a una acción política, sino que a un crimen de lesa humanidad.
[cita]La avanzada de las organizaciones de derechos humanos, en este sentido, no es aislada en el ámbito internacional. Ellos tienen los ojos puestos en la jueza uruguaya Mariana Mota —un ícono en el tema de los derechos humanos y los crímenes que dejó la dictadura en su país— y que el año pasado dictó la única sentencia que se conoce en el mundo respecto a considerar el Golpe de Estado como un delito de lesa humanidad.[/cita]
“Ese criminal Golpe no fue, por cierto, una locura matinal del dictador. Ese crimen de lesa patria y de lesa humanidad se vino fraguando con tiempo y en esa sórdida conspiración de políticos, mandos de las Fuerzas Armadas, dueños de medios de prensa, poderosos empresarios y aparatos de inteligencia extranjeros, participaron muchos individuos que nunca han sido procesados y que siguen gozando de inmerecida impunidad y libertad”, señala la querella.
En el escrito se expone que para impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico o político que pudiera afectar los intereses norteamericanos en Chile, se puso en movimiento a organizaciones terroristas como “Patria y Libertad” dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez o el Comando Rolando Matus; “se entregó cuantiosos recursos a gremios como el de los camioneros o a líderes del comercio, se provocó el acaparamiento y la escasez de productos, el estallido de bombas y la ejecución de atentados, las huelgas patronales y del transporte y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro”.
La acción judicial también menciona que el gran empresariado nacional no estaba ajeno en absoluto a lo que ocurría. “Un papel destacado jugaba Agustín Edwards, propietario de El Mercurio y fundador en 1968 junto a oficiales retirados de la Armada de una llamada “Cofradía Náutica del Pacífico Austral”. Allí se incorporaron los almirantes José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Arturo Troncoso, Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Este grupo de escogidos mantenía activos contactos con los servicios secretos norteamericanos. Debe mencionarse también a René Silva Espejo, que dirigió El Mercurio y que tenía contactos de alto nivel con las FF.AA.”.
“En septiembre de 1971 los empresarios con el apoyo de la citada Cofradía realizaron un seminario en el Hotel O`Higgins de Viña del Mar. En ese cónclave golpista estuvieron Javier Vial, Hernán Cubillos y Eugenio Heiremans”.
La querella señala que a la par, seguía activo el movimiento nacionalista ultra reaccionario “Patria y Libertad”. El general Alexander Haig recomendó por escrito entregarle recursos a Pablo Rodríguez. Acompañaban a dicho abogado, que en su juventud había militado en el Partido Radical, personajes como Roberto Thieme, el que años después contrajo matrimonio con la hija mayor del dictador”. Y también se menciona que al complot se sumaban la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y también la Sociedad Nacional de Agricultura con Benjamín Matte, Álvaro Puga y Enrique Campos Menéndez.
En este contexto que imponía el gobierno de Allende como blanco y los conspiradores como contraparte, es que entre otros nombres que se mencionan están el gerente general de Ladeco, Juan Costabal –como uno de los principales contribuyentes de Patria y Libertad–, León Villarín, Rafael Cumsille, Raúl Bazán, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, Sergio de Castro, Sergio Undurraga, Arturo Fontaine, Emilio Sanfuentes y Alvaro Bardón, sólo por mencionar algunos. “Casi todos estos personajes están vivos, conocen acabadamente los hechos y deberán prestar declaración en el proceso. La lista es larga y sólo a vía de ejemplo señalemos a Hermógenes Pérez de Arce, Pedro Ewing, Federico Willoughby, Roberto Kelly, Pablo Baraona, Emilio Sanfuentes, José Radic, Gonzalo Vial y tantos otros que en su momento se solicitará sean citados ante el tribunal”, señala la acción judicial.
El abogado Eduardo Contreras, uno de los profesionales que lleva a delante la querella, señala que antes no se había hecho una acción de este tipo porque los abogados de DD.HH. no llegan a media docena. “Primero centrados contra la DINA y contra Pinochet, pero llega el momento en que ya no es posible seguir eludiendo el tema. Desde el punto de vista jurídico es como considerar el delito de Golpe de Estado. Si se considera delito político está prescrito, pero si se considera como delito de lesa humanidad es imprescriptible”, señala Contreras.
La avanzada de las organizaciones de derechos humanos en este sentido no es aislada en el ámbito internacional. Ellos tienen los ojos puestos en la jueza uruguaya Mariana Mota –un ícono en el tema de los Derechos Humanos y los crímenes que dejó la dictadura en su país– y que el año pasado dictó la única sentencia que se conoce en el mundo respecto a considerar el Golpe de Estado como un delito de lesa humanidad.
Los nombres de civiles asociados al Golpe de Estado, pero que además ayudaron a sostener la dictadura, el modelo económico y constitucional que legó, no son sólo los que aparecen en esta querella.
El comentado adjetivo del presidente Sebastián Piñera que afirmó que en Chile hay “muchos cómplices pasivos”, como jueces y periodistas, en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, suma nombres que han ido figurando –una vez caído el régimen– en libros, investigaciones y reportajes.
JAIME GUZMÁN es el artífice la Constitución que amarra los derechos políticos de los chilenos hasta hoy. Admirador de Franco, casto y célibe –aunque su sobrino deslizó una presunta homosexualidad en una película estrenada recientemente–. Según recuerda el libro “Guzmán”, de Manuel Salazar, fue uno de los principales impulsores de la Ley de Amnistía en 1978 que pretendía cubrir a quienes habían cometidos excesos antes y después del Golpe. “La preparación y dictación de esa ley coincidió con las revelaciones periodísticas que apuntaban a la Dina como eventual responsable del asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, en 1976”, dice el texto.
Jaime Guzmán fue el encargado de redactar el famoso discurso de Chacarillas, pronunciado por el dictador en 1978 ante 70 jóvenes que portaban antorchas.
MANFREDO MAYOL DURÁN fue un periodista emblemáticodurante la dictadura militar. Es sindicado como uno de los cerebros detrás de algunas legendarias maniobras mediáticas durante el gobierno de Pinochet. Por ejemplo el inusitado despliegue de la prensa sobre la llegada del cometa Halley o las supuestas apariciones de la Virgen María en Villa Alemana, entre 1983 y 1988, en medio de masivas protestas contra el régimen.
Historias que copaban espacio mientras fue gerente general y jefe de prensa en TVN a mediados de los ’80. En 1988, año marcado por el plebiscito que definiría la continuación o salida de Pinochet, el magíster en Ciencias Políticas era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas. En ese tiempo, junto a Jovino Novoa, Carlos Alberto Délano y Joaquín Lavín, fue convocado desde Interior para revertir la desastrosa campaña de la Franja del Sí, cuyo último capítulo fue protagonizado por el testimonio de Carmen Weber, denostando a su ex marido, Ricardo Lagos Escobar, una de las figuras en la oposición. Maniobra que en una entrevista dada en 2004 el actual senador Ricardo Lagos Weber rechazó apuntando como responsables de la utilización de su madre del trío Novoa, Mayol y Délano.
El rol en los medios de Mayol estuvo presente desde los inicios de la dictadura. Cuando el sacerdote Raúl Hasbún es nombrado director ejecutivo de Canal 13-férreo opositor a la Unidad Popular (UP)- en enero de 1972, pide la renuncia al jefe del Departamento de Prensa, reemplazándolo por Vicente Pérez Zurita, que fue secundado por su periodista de mayor confianza: Manfredo Mayol. Fue así como en septiembre de 1973 ocupaba el cargo de subeditor de prensa de la estación católica. Dos años después, cuando Hasbún salía del canal por una ostensible caída en la sintonía, el periodista asume como director de prensa.
Durante este período Mayol también fue vicepresidente de Radio Minería y director de Ercilla. Su cercanía con el régimen fue más allá de sus labores como periodista. Su nombre aparece en la lista de los participantes del Acto de Chacarillas en 1977. Además, mantuvo fuertes vínculos con agentes de seguridad. En mayo de 2007 fue suspendido del Colegio de Periodistas por un año, a raíz del montaje en torno al asesinato a manos de la DINA de seis personas en Villa Grimaldi en noviembre de 1975, lo que fue informado como un enfrentamiento por varios medios mientras Mayol era gerente general de TVN.
En democracia se transformó en un asesor comunicacional clave de las campañas políticas de la UDI. Lograr la victoria senatorial para Jovino Novoa en 1997 le valió el respeto de la cúpula de calle Suecia como buen estratega. De ahí ha sido un infaltable en las campañas presidenciales: como la de Joaquín Lavín, Pablo Longueira y ahora en la de Evelyn Matthei. Actualmente, Manfredo Mayol forma parte de la Junta Directiva de la Universidad de Las Américas.
JOAQUÍN LAVÍN. “Detenidos Desaparecidos, sumergidos voluntariamente”. Así se titulaba una crónica de El Mercurio publicada el 21 de marzo de 1988, en la que se afirmaba que “fuentes oficiales de organismos de seguridad” habían denunciado que los movimientos “subversivos terroristas y marxistas-leninistas “sumergían” como medida de seguridad a sus integrantes para evitar las investigaciones de los servicios de seguridad.
El entonces editor de informaciones de El Mercurio, era Joaquín Lavín Infante, quien dos meses después debió comparecer ante el tribunal para esclarecer quienes eran las fuentes oficiales y quién había escrito el artículo, que entre los “escondidos” mencionaba a los detenidos desaparecidos Sergio Ruiz Lazo y Julio Muñoz Otárola. Pero el hoy generalísimo de Evelyn Matthei no entregó mayores antecedentes, señalando que la información “ignoro por quien fue proporcionada”.
Su aterrizaje en el diario de Agustín Edwards, a comienzos de 1980, donde llegó como editor de Economía y Negocios, tenía como antecedente una activa participación en el gobierno de Augusto Pinochet, principalmente en el área económica. Perteneciente al grupo de los Chicago Boys, tras titularse de la UC en 1976, trabajó como asesor en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), liderada por su mentor y ex profesor de la PUC: MIGUEL KAST. Fue en Odeplan donde se cimentaron las reformas económicas de la dictadura.
Luego Kast recomendó a Lavín a la Universidad de Chicago, donde fue a estudiar en 1977. Dos años después, al volver, fue designado por el gobierno como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. Luego, y por tres meses fue asesor del ministro del Trabajo, que en 1981 era Kast.
El ex candidato presidencial, no solo tuvo cercanía con el régimen a través de la economía. Conocido como “el regalón” de Pinochet, Lavín fue uno de sus grandes partidarios: en julio de 1977, fue uno de los 77 participantes en el acto de Chacarillas organizado por el gremialismo, entre los que se contó a Jaime Guzmán los actuales ministros ANDRÉS CHADWICK y CRISTIÁN LARROULET, así como a Luis Cordero, uno de los dueños de la Universidad San Sebastián.
Once años después, Lavín formó parte del equipo de producción en la franja del Sí junto al actual senador JOVINO NOVOA (quien en 1979 fue elegido como subsecretario general en el gobierno de Augusto Pinochet), el periodista Manfredo Mayol, el empresario Carlos Alberto Délano y el director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), Jorge Eugenin.
En 1990, con parte de este equipo fundó la Universidad del Desarrollo: el presidente de empresas Penta y amigo de Sebastián Piñera, Carlos “Choclo” Délano, además del ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, el secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, el vicepresidente de Penta, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, el fallecido Ernesto Silva Bafalluy, el ex presidente de Azul Azul y actual rector de la casa de estudios, Federico Valdés Lafontaine.
El abogado FRANCISCO JAVIER CUADRA fue ministro secretario general de Gobierno entre los años 1984 y 1987 y no se hizo querer en La Moneda. Acaparó tanto poder que se transformó en el jefe político del gabinete de Pinochet siendo vocero. En su libro de memorias “Mi lucha por la democracia”, publicado en 1994 –como recuerda una nota publicada en El Mostrador en 2010– Sergio Fernández cuenta que cuando asumió por segunda vez como ministro del Interior, en 1987, pidió que Cuadra fuera reemplazado por Orlando Poblete, actual rector de la U. de Los Andes. “Me parecía que durante la gestión de mi predecesor (Ricardo García: 1985-1987) había asumido un papel que, en algunos aspectos, aparecía en paralelo al del ministro García. De mantenerse esa situación, daría lugar a roces y desentendimientos. Eso era desaconsejable en la decisiva etapa que iba a comenzar, de ardorosa campaña política”.
El 6 de noviembre de 1984, cuando Francisco Javier Cuadra asume como ministro, el “biotono del gobierno de la dictadura cambia”, recuerda el libro “Crónica de la Transición”, de Rafael Otano. Llegó a ese cargo por azar: el ofrecimiento inicial había sido para Sergio Rillón (hermano gemelo del humorista Andrés Rillón, que desechó la propuesta) y así escaló el nombre del joven Cuadra.
“El manejo de poder que hizo el nuevo secretario fue extremoso”, relata Otano, quien suma más líneas: “Este discípulo de Maquiavelo, cortés, suasorio y a la vez inflexible, tuvo un grueso encontronazo con Jarpa inmediatamente después de llegar a La Moneda. En la grave situación en que se encontraba el país, se quería decretar estado de excepción. Las últimas protestas (la más reciente el 30 de octubre) habían puesto en alerta máxima al gobierno. Jarpa pedía una reacción mesurada. Cuadra quería la medicina radical mediante el decreto de estado de sitio en su aplicación más rigurosa. El joven ministro ganó esta pelea y entró dispuesto a cambiar la agenda del gobierno. Según él, había que formalizar la política, dejar bien sentado ante la oposición, que un Ejecutivo fuerte iba a imponer inapelablemente planes y tiempos, con la regla fija de la Constitución del ’80”.
La definición actual de Francisco Javier Cuadra de lo que debe ser un gobierno, no dista mucho de la que tenía hace tres décadas, cuando ocupaba la Secretaría General de Gobierno de la administración Pinochet.
En septiembre del año pasado, Cuadra hablaba así a la revista Caras: “La derecha chilena ha tenido siempre tres almas: una autoritaria y más nacionalista; una conservadora, que está muy cerca de la anterior, pero que tiene un alma más católica, muy vinculada con la Iglesia, cuestión que hoy naturalmente está en crisis; y una derecha liberal que, curiosamente, en sus principios y valores, tiene algunos puntos en común con la derecha autoritaria. Lo interesante es que todas esas almas de la derecha no son compartimentos estancos. Se mezclan. A mí, personalmente, la definición política que me gusta es la portaliana: es decir, gobiernos autoritarios y muy reformistas”.
RICARDO CLARO. El empresario ampliamente conocido, quien falleció en octubre de 2008, fue sabido cercano a la dictadura. En los capítulos 8 y 16 del libro “La Danza de los Cuervos” del periodista Javier Rebolledo, Jorgelino Vergara, “el mocito” del general Manuel Contreras, da a conocer detalles escabrosos de cómo funcionaba el cuartel de la DINA “Brigada Lautaro” que se ubicaba en la comuna de La Reina y sobre la desaparición de prisioneros durante la dictadura militar. Y una cosa más: la relación del fallecido empresario Ricardo Claro —quien fuese principal accionista del Grupo Claro, propietario del canal Megavisión y la Compañía Sudamericana de Vapores— con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “¿Cómo sabía que Claro estaba detrás? Cuando comenzaron a atrasarse los sueldos, él y otros civiles pidieron explicaciones al encargado de la plana mayor del cuartel. En ese momento era el “Viejo” Sagardía. Tomó el teléfono delante de ellos y habló con la secretaria de Boxer y Asper. Le decía a ella que por favor le pidiera los sueldos a don Ricardo Claro. Y eso pasó varias veces. Cada vez que se atrasaban los sueldos, el “Viejo” Sagardía siempre hablaba directamente con la “Chica” Peki, que trabajaba en el cuartel general con el coronel. Entonces ella le decía: “Ya está lista la solicitud firmada por el coronel [o por Pedro Espinoza] para que salgan los sueldos de Boxer y Asper”, señala el texto de Rebolledo.
RAUL HASBÚN. En octubre y noviembre de 1973, después de haber hecho arengas contra el gobierno de Salvador Allende, Raúl Hasbún, sacerdote diocesano, tampoco cerró la boca. El libro “Guzmán”, de Manuel Salazar, describe una de sus alocuciones contra Salvador Allende, post Golpe: “Algo que siempre me chocó de él fue su soberbia… nunca le vi un acto de nobleza humana frente a un adversario. No estaba indudablemente bajo la acción del espíritu de Dios. La soberbia, desde Lucifer, es el abismo que se traga todas las buenas intenciones de los hombres y hace imposible de la acción de Dios”
Pocos meses antes del Golpe de Estado de 1973 fue acusado de cómplice en el asesinato del obrero Jorge Tomás Henríquez G., un obrero que murió en marzo de ese mismo año y que pese a que no tenía posiciones políticas, tenía una misión: proteger el equipo con el que el gobierno de Salvador Allende interfería la transmisión de Canal 13, que por esos años tenía a Hasbún de director de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. La causa se sobreseyó en 1974.
La imagen de Hasbún fue siempre de un aliado del régimen militar, cuando la máxima autoridad de la Iglesia en Chile, el Cardenal Silva, estaba justamente en la vereda contraria. De hecho, entre las víctimas de la dictadura también se cuentan sacerdotes: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán.
El día del funeral de Pinochet, en diciembre de 2006, en el hall central de la Escuela Militar lleno de partidarios del dictador, Hasbún dijo sus últimas palabras de despedida para su admirado general y rogó porque “su ejemplo y testimonio muevan a muchos hijos de nuestra Patria a entregarse a la tarea de ser custodios de la libertad, promotores de la soberanía y de la unidad nacional”.
El legado de la dictadura también es el centro del modelo económico por el que han ido creciendo las protestas desde 2011. GUILLERMO ARTHUR, actual presidente de la Asociación de AFP, fue ministro del Trabajo y Previsión Social de Pinochet. Arthur es vicepresidente de Capital, es abogado de la PUC y militante de la UDI, donde ha sido miembro de su comisión política en varias ocasiones, y frente a las críticas a la industria ha señalado que lo que ha venido sucediendo es que “se ha demonizado el sistema de AFP”, un negocio que ha puesto este panorama sobre la mesa: mientras millones de pensionados reciben 150 mil pesos a fin de mes, las súper rentabilidades de las AFP alcanzan los $ 2,5 millones de millones desde su creación en los 80.
El legado económico y la perpetuación del modelo económico es una parte de la conjunción dictadura+ poder y dinero. Según el abogado José Zalaquett, aún falta una arista menos explorada que las vulneraciones a los Derechos Humanos, sobre la que poner una gran lupa: “No sé si hay responsabilidad legal, pero sí hubo un claro abuso de funcionarios públicos, incluidos parientes de Pinochet, encargados de privatizar empresas del Estado, que se quedaron con ellas, en flagrante conflicto de intereses. Después de 1978 no hubo una segunda amnistía penal, pero sí una ley, pasada en el último año de la dictadura, prohibiendo que la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados pudiera abordar tales privatizaciones”, dice Zalaquett.
