Nominación presidencial es el nuevo gallito entre gobierno y oposición
En los últimos días, más de un senador de oposición ha dicho que de comprobarse que la jueza ha fallado sistemáticamente contra los consumidores, sería un factor relevante a la hora de evaluar la propuesta de Piñera.
Cuando se confirmó que el Presidente Sebastián Piñera eligió a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich, para nominarla a la Corte Suprema, la noticia cayó bastante mal en sectores de la oposición, porque fue visto casi como una suerte de “afrenta” querer ascender a la magistrada que cumplió un rol clave en el polémico caso Mop-Gate, dolor de cabeza de la administración de Ricardo Lagos. Sin embargo, lo que realmente puede complicar la nominación de la jueza en el Senado es la suerte de “prontuario” que tiene de sentencias en desmedro de los reclamos por infracciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
No es un tema menor, ha adquirido relevancia en estos años y ha sido la propia Corte Suprema la que ha dado cátedra en esta materia con fallos en sentido contrario a la tendencia de Chevesich.
Antes de partir a su viaje a Canadá y Estados Unidos, el miércoles de la semana pasada, Piñera dejó zanjado el nombre de Chevesich, de una quina —dicen— hecha a la medida de la magistrada para ser nominada, ya que el resto de los nombres propuestos —Carlos Cerda, Emilio Pfeiffer, Juan Muñoz Pardo y Carlos Aranguiz— ya han sido vetados por la oposición o la derecha en su momento.
En la oposición algunos vieron en el nombramiento de Chevesich una agenda oculta del oficialismo para revivir rencillas pasadas, pero sobre todo molestó profundamente que el gobierno no cumpliera el compromiso adquirido de sondear primero con las bancadas los posibles nombres a elegir. La ministra de Justicia, Patricia Pérez, nunca avisó a nadie y tanto el presidente del Senado, Jorge Pizarro, como representantes de las distintas bancadas de oposición hicieron patente su molestia, provocándose un clima bastante adverso a la propuesta de Chevesich.
En los últimos días, más de un senador de oposición ha dicho que de comprobarse que la jueza ha fallado sistemáticamente contra los consumidores, sería un factor relevante a la hora de evaluar la propuesta de Piñera.
Algo que no es complejo comprobar. En casi todos los casos que han pasado por las manos de la magistrada relacionados con infracciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, falló en contra, fue el voto de minoría contrario a la resolución favorable o, en el mejor de los casos, se inclinó por reducir multas e indemnizaciones ya establecidas.
[cita]La Segunda Sala de la Corte Suprema revocó esa sentencia (donde participó Chevesich), reponiendo la decisión del tribunal de primera instancia. El máximo tribunal hizo presente que “los jueces en alzada han incurridoen falta grave al desconocer, sin antecedentes que lo justifiquen, las circunstancias fácticas y sus consecuencias jurídicas y que convencieron al Tribunal de primer grado que la demandada incurrió en negligencia al hacer efectivo el contrato dubitado —elemento que configura la infracción denunciada— lo que claramente era de su responsabilidad”.[/cita]
Así, el principio pro-consumidor que ha imperado en los últimos años, no ha sido parte de su razonamiento jurídico y se evidencia que tiende a exigir estándares superiores de diligencias a los querellantes. Los fallos en los que participa los sustenta generalmente en la falta de pruebas o en reducir la gravedad de las conductas, argumentando que el servicio se prestó igual, a pesar de no haber sido lo prometido y contratado.
De 29 fallos en esta materia en los que ha participado Chevesich, solo 8 fueron favorables al consumidor, uno de ellos con su voto en contra, mientras que los 21 restantes fueron desfavorables.
El más reciente y connotado fue la sentencia contra Cencosud por cobros abusivos a sus clientes de la tarjeta Jumbo Más, una sentencia que le costó la carrera presidencial al otrora candidato de la UDI, Laurence Golborne, quien era el gerente general de ese holding cuando se realizaron esas prácticas.
En junio de 2011 la magistrada dejó constancia de una inhabilidad en el caso, ya que “don Rodrigo Aste Díaz, cónyuge de una pariente por afinidad en tercer grado, en la línea transversal, es gerente de negocios Electra de la cadena de Supermercados Wong S.A, en Lima-Perú, que pertenece al conglomerado de empresas de Cencosud”. Sin embargo, las partes no lo consideraron relevante, por lo que Chevesich efectivamente votó por aplicar la prescripción de la acción, revirtiendo el fallo de primera instancia. La Corte Suprema decidió revocar esa decisión y restableció la condena por cobros abusivos.
No fue la primera vez. En abril del 2009, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones —compuesta por Lamberto Cisternas (hoy en la Suprema), Chevesich y la abogada Claudia Chaimovich— revocó una sentencia de primera instancia rechazando la denuncia, la demanda civil de indemnización y un recurso de queja que presentó el Sernac en una causa por imitación de firma.
El argumento de la sala —cuyo fallo redactó Chevesich— fue que la demandada “no ha incurrido en una conducta negligente, sino que habría sido víctima, al igual que” la querellante “del actuar de terceros inescrupulosos que habrían suplantado a esta última”.
Pero en agosto, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó esa sentencia, reponiendo la decisión del tribunal de primera instancia. El máximo tribunal hizo presente que “los jueces en alzada han incurrido en falta grave al desconocer, sin antecedentes que lo justifiquen, las circunstancias fácticas y sus consecuencias jurídicas y que convencieron al Tribunal de primer grado que la demandada incurrió en negligencia al hacer efectivo el contrato dubitado —elemento que configura la infracción denunciada— lo que claramente era de su responsabilidad”.
En enero del 2010, la misma Tercera Sala de la Corte de Apelaciones —con otro abogado integrante, Bernardo Lara— resolvió sobre una causa por servicio deficiente prestado en una fiesta de matrimonio. La querella fue acogida parcialmente por Chevesich y se rebajó el monto de indemnización, considerando que “el servicio contratado se prestó aunque en forma deficiente; lo que implica que el evento efectivamente fue realizado, pues se dispuso del mobiliario, vajillas, garzones, etc., y se proporcionó a los invitados la comida y bebida acordada. Lo anterior, conduce al rechazo de la demanda, en cuanto se solicita se indemnice el daño directo que se dice sufrido”.
En julio del 2011, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago —presidida por Chevesich— se pronunció sobre una demanda contra el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por una intervención quirúrgica para el retiro de un «balón intragástrico que no pudo ser realizada el día y hora fijada previamente, porque faltó un «kit» de insumos esenciales para efectuarla”.
La Ley del Consumidor establece que todo proveedor de bienes o servicios está obligado a respetar “los términos, condiciones y modalidades, conforme a las cuales ofreció o convino con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio” y el artículo 23 agrega que es una infracción “la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”.
La Octava Sala revocó lo resuelto en primera instancia, que favorecía a la demandante, argumentando que no se prestó el servicio convenido “por haberse malogrado los instrumentos requeridos para la intervención” y que “el concepto jurídico de negligencia importa la inobservancia del cuidado debido en la conducta susceptible de causar daño a otros, descuido o desidia que no se advierte en la conducta desplegada” por el hospital.
Las vacantes en la Corte Suprema han sido uno de los dolores de cabeza permanentes de la administración Piñera. No sólo ha sido la demora en elegir los nombres de las quinas, sino que especialmente la falta de consenso para llevar las propuestas adelante, como sucedió con el fracasado intento que impulsó La Moneda durante meses con Muñoz Pardo, objetado por sus fallos a favor de la prescripción en materia de DD.HH.
Conscientes de las críticas, ha sido evidente la arremetida para defender la nominación de Chevesich, lo que refleja el grado de conflicto soterrado que genera la propuesta. No es casual ni gratuito, pero sobre todo es inusual que el propio presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, saliera dos veces en menos de 48 horas a poner presión al Senado, hablando del tema y haciendo despliegue de las cualidades de la ministra.
Ballesteros dijo ayer que espera que el Senado actúe “como corresponde, de acuerdo a los méritos del candidato y a las facultades que tiene en este círculo de generación de ministros”, y agregó que “no hay a la vista situaciones de mérito que hagan tomar una decisión distinta” a ser aprobada por la sala del Senado y aludiendo directamente al caso MOP-GATE, sentenció que “algún proceso que haya llevado adelante en el pasado como ministra en visita no puede afectar su legítimo derecho a ser aceptada por el Senado”.
Ya el domingo, en una entrevista a La Tercera, había dicho que Chevesich “es una persona plenamente habilitada y preparada para ser ministra de la Corte Suprema” y deslizó una crítica por la fallida postulación de Muñoz Pardo: “Esperemos que en un futuro no tengamos un problema de esa naturaleza (…) No es bueno lo que le sucedió ni lo que ha ocurrido en años anteriores respecto de otros postulantes a la Corte Suprema que fueron rechazados. Esperemos que de ahora en adelante las cosas marchen más fluidamente”.
Si es poco común que el presidente de la Corte Suprema comente un posible ascenso, lo es menos que lo haga justo cuando en el Senado se desplegaban ayer todo tipo de reuniones y debates en las bancadas de oposición para dilucidar si apoyaban o no a la jueza, quien requiere de los dos tercios de la sala —25 votos en total— para ser aprobada.
