Opinión
Hace más de seis meses Víctor Chanfreau y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), junto a otras organizaciones, tomaron la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El pretexto de los ocupantes para efectuar el ilícito fue lo que consideraron una complicidad del director de la institución, Sergio Micco, en los casos de violaciones de los derechos humanos a partir del estallido social. Desde el instituto –que recibió un petitorio de los manifestantes durante los últimos días– se han abstenido, desde julio, de pedir el desalojo.
La toma –su prolongación, para ser más precisos– no dice tanto de Chanfreau, ni de la ACES, ni de las organizaciones que se sumaron a la ocupación. Dice bastante, en cambio, de las autoridades de la entidad y la institucionalidad chilena.
La incomodidad para abordar ciertos temas deriva muchas veces en la omisión de los mismos. El director del INDH, sus consejeros, y una parte considerable de las autoridades políticas, siente inquietud al plantearse la posibilidad de un desalojo por la fuerza de la sede de la institución. Aquella ansiedad emerge debido a que, por un lado, no tienen claridad acerca de qué elección es la correcta en estas circunstancias y, por el otro, no quieren ser apuntados como quienes desalojaron a “luchadores por los derechos humanos” de la institución que tiene como mandato protegerlos.
Esto último, a su vez, devela una cuestión compleja: el director Sergio Micco y los consejeros del INDH reconocen en quienes se han tomado la institución –aunque sea inconscientemente– a sujetos moralmente superiores a ellos en cuanto al amparo de las garantías fundamentales. Si, en cambio, reconocieran en sí mismos a personas capacitadas para cumplir con la labor que deben llevar a cabo, habrían pedido el desalojo.
Lo descrito, sin embargo, no es lo único que se puede leer entre líneas. La prolongación de la toma refleja la debilidad que aqueja a la institucionalidad chilena. Este decaimiento de los organismos no se debe a que no existan mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones, pues los hay. Su desfallecimiento más bien obedece a la carencia de poder que aqueja a las instituciones. Micco y los consejeros del INDH, a pesar de contar con los instrumentos legales para recuperar la sede, no tienen certeza de las consecuencias que aquello podría conllevar. Una institucionalidad sólida les podría entregar certidumbres, una institucionalidad endeble, en cambio, no. Y no saber a lo que se estarán enfrentando, pese a utilizar las leyes, es la muestra más manifiesta de la carencia de poder que aqueja a las autoridades.
Durante diciembre, Víctor Chanfreau aseguró que la toma pasaría a ser “permanente”. Si el INDH se ve en la obligación de comenzar a operar formalmente en otra sede, aquello no hará más que contribuir al ya inalterable debilitamiento de la institucionalidad chilena.
