Opinión
Desde la década del 2000, fuimos testigos en Chile de una serie de movilizaciones sociales que evidenciaron un genuino interés en la participación e involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. El movimiento estudiantil fue la cristalización más fiel de ese impulso, pero este se replicó a nivel nacional en relación con otros temas y actores. A través de estas manifestaciones se fue conformando una cierta convicción respecto a la necesidad –y efectividad– de que los ciudadanos demandaran abierta y directamente al mundo político.
Si bien la acción colectiva demostró que podía acarrear triunfos, se trató muchas veces de logros parciales, a veces simplemente cosméticos y muy por debajo de las expectativas transformadoras de sus protagonistas. De este modo, lo que se fue incubando hasta el estallido social de octubre de 2019, no fue la indiferencia ni el desinterés por la participación política, sino la profunda desesperanza en la forma de participación ofrecida, la distancia creciente entre representados y representantes, y la desconfianza en que quienes decían escucharlos, fueran efectivamente capaces de llevar esas voces a la esfera de las decisiones públicas.
Entonces, es indudable que el proceso constituyente debiera hacerse cargo de esa historia y de esa frustración. Ello implica incorporar la participación ciudadana como un eje central, evitando replicar la lógica de la representación política que ha sido incapaz de comprender las reales necesidades de las y los gobernados. En este sentido, las expectativas puestas en la incorporación de la participación ciudadana en la Convención Constitucional es una cuestión de fondo y forma. No se espera solo que esta sea la vía para redactar un texto constitucional que permita verdaderamente la deliberación democrática, sino que el anhelo es que la forma de funcionamiento de la propia Convención no reproduzca las malas prácticas del pasado.
Si la Constitución del 80 le “temía” a la democracia y fue realizada a espaldas de los ciudadanos, plasmando en su texto una serie de mecanismos para bloquear la participación democrática, debiésemos esperar que una nueva Constitución no solo delinee las bases de un nuevo trato entre el mundo de la política y los ciudadanos, sino que en el proceso mismo de su redacción motive, convoque e incorpore activamente a todas las personas.
Ello implica desarrollar más y mejores mecanismos para incidir en los asuntos públicos. En especial, se trata de hacer esfuerzos para incluir a quienes han estado históricamente marginados de las esferas de decisión política, como los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los que viven en zonas geográficas rurales y distantes, los adultos mayores institucionalizados, las personas privadas de libertad, entre otros. Así, ya no basta con el clásico modelo de representatividad. La Convención Constitucional tiene la oportunidad de mostrar que es posible desarrollar nuevas formas de democracia directa y participativa.
Las opciones metodológicas para ello son variadas, entre otras, audiencias públicas donde personas u organizaciones exponen sus propuestas; instancias de diálogo y deliberación tales como cabildos, mesas redondas y asambleas; y consultas ciudadanas a través de mecanismos presenciales o digitales. La experiencia internacional nos ofrece múltiples ejemplos de procesos constituyentes donde la participación ciudadana fue una realidad. Es el caso de Colombia (1991), en el cual se implementaron 1.580 espacios de diálogo abiertos para toda la ciudadanía, coordinados por alcaldías, organizaciones sociales, universidades y cabildos indígenas, y sistematizados en 100.569 propuestas. También en Sudáfrica, donde la Asamblea Constituyente (1994 – 1996) promovió la comunicación con la sociedad civil a través de campañas mediáticas, la creación de un periódico impreso y una página web, y recibió un total de 2 millones de opiniones y comentarios de propuesta constitucional. Un tercer ejemplo es el proceso irlandés (2012-2014), donde la Convención Constituyente contó con audiencias de expertos y agrupaciones de interés en los diversos temas. También la experiencia nacional nos ofrece un vasto abanico de ejemplos de participación colectiva, donde las personas se organizan, debaten, sistematizan y dan a conocer sus ideas.
Algunas de las lecciones aprendidas de estas experiencias, es que cualquiera que sea la forma en que la participación se materialice, esta no debe quedar entregada a la improvisación. Se requiere destinar recursos humanos y financieros para diseñar un proceso de participación integral, incorporado en el propio reglamento de la Convención y que idealmente cuente con un equipo técnico que implemente cada una de las acciones requeridas. Asimismo, la participación debe tener como punto de partida la información, es decir, hacer del proceso constituyente un acto comprensible, transparente, auditable y accesible universalmente, donde cada ciudadano pueda sentirse parte y seguir la ruta de sus aportes y opiniones en el curso del debate.
La relevancia de la participación ciudadana en este proceso constituyente es tal, que no es exagerado pensar que lo que se juega a través de ella no es solo la legitimidad de una nueva Constitución, sino que la recuperación misma de la confianza en nuestra democracia.
