Opinión
En los días pasados, se ha reflexionado en estas páginas acerca de las problemáticas y desafíos que la pandemia ha planteado para el ejercicio de la función de jueces y juezas en las diversas materias de las que conocen nuestros tribunales, escenario para el que se han propuesto reformas legales transitorias para enfrentar el previsible atochamiento que vendrá y promovido el trabajo colaborativo entre los distintos intervinientes como punto central para ir solucionando los problemas que se han ido e irán presentando, con estricto apego a las reglas del debido proceso y protección de los derechos de las y los justiciables.
Las grandes reformas procesales como las implementadas en lo penal, familia y laboral –y así también ocurrirá con la pendiente en materia civil– tienen un denominador común, cual es, junto con superar problemas latamente discutidos en sede académica durante la tramitación de esos procedimientos, el propender a una cautela más efectiva de derechos y mejorar el acceso a la justicia, especialmente de los grupos más vulnerables.
Y dentro de las cuestiones que pueden afectar severamente el debido proceso, influir en el resultado del mismo, y, en definitiva, disminuir la posibilidad de jurisdicción, está el derecho a que la causa en la que se tiene interés sea conocida por un juez (o jueza) imparcial; es decir, que se vincule solo a los antecedentes que se ventilan en ese proceso y la prueba rendida en ese juicio con estricto apego a la Constitución y las leyes.
Este principio, que se traduce en una garantía para las personas, se sustenta en la independencia con la que puede desempeñarse ese juez o esa jueza. Y aquí está el gran desafío pendiente para nuestro sistema de justicia, que subsiste a pesar de las sucesivas reformas procesales de las últimas décadas: el diseño institucional vigente del Poder Judicial chileno conserva gran parte de sus cualidades y atributos de corte monárquico.
La persistencia de este diseño de organización vertical y jerárquico, más allá de su permanente ímpetu modernizador –más bien tecnológico– favorece la existencia de prácticas que se encuentran muy arraigadas, que se replican y refinan, pues forman parte de la cultura institucional que tiende, como es explicable desde un punto de vista sociológico, a la autopreservación.
¿Cómo afecta ello la aspiración de contar con un juez imparcial? Bueno, ese juez o esa jueza se encuentran hoy sometidos a una serie de mecanismos de control que tienden a modelar su conducta con sujeción a esa cultura institucional sobre la base del ejercicio de las facultades que hoy se concentran en los tribunales superiores, distintas de lo jurisdiccional. Dicho en simple, el mismo órgano que revisa las resoluciones de ese juez, elevadas como consecuencia de su impugnación a través del sistema de recursos, es quien decide acerca de su carrera (nombramiento, promoción, traslados); su permanencia a través de las calificaciones y su eventual corrección si sus actuaciones o comportamiento merecen algún reproche desde un punto de vista disciplinario. A ello se debe sumar que cada una de estas materias adolece de sustanciales deficiencias tanto en los procedimientos como en el fondo.
El peligro de lo anterior es obviamente que ese juez o esa jueza no solo deberá preocuparse de construir y fundar su sentencia para “decir el derecho”, sino que también que esa decisión no incomode a sus superiores jerárquicos a riesgo de no ver afectada, por ejemplo, su carrera. Nada de esto ha cambiado en las particulares condiciones de trabajo actuales.
Las facultades a las que me he referido, que suelen distraer a nuestros tribunales superiores de su tarea principal, son las que en su conjunto suelen llamarse de “gobierno judicial”, y su existencia y perpetuación configuran por cierto una anomalía de conocidas manifestaciones en nuestra historia reciente, debido a la prevalencia de lo que autores han calificado como áreas grises o de opacidad.
Nuestra asociación ha promovido incansablemente la separación de esas facultades, al menos, desde 1990 (Convención de Pucón), con el convencimiento de que Chile y su democracia merecen un Poder Judicial que se deconstruya desde su identidad colonial para abandonar de una vez por todas las tareas gerenciales y que permita a sus jueces y juezas desempeñarse con total independencia.
Hasta antes del estallido social y posterior pandemia, el actual Gobierno había avanzado en la etapa prelegislativa de una reforma al sistema de nombramientos, cuyo propósito era precisamente innovar en la línea de lo planteado más arriba, quitándoles a las cortes sus actuales atribuciones en esa materia, trasladándolas a un órgano autónomo de integración mixta, iniciativa que estuvo precedida de un grueso trabajo en el que participamos junto a diversas instituciones (CEJA, CEP, Universidad de Chile, Universidad Católica, Colegio de Abogados, Instituto Igualdad, Observatorio Judicial, Libertad y Desarrollo).
Sin duda un primer esfuerzo relevante y diagnóstico inequívoco de que algo no anda bien.
Creemos firmemente que, superada la contingencia y retomado que sea el debate constitucional, el país no puede obviar una cuestión catedral para el futuro de su democracia, ya resuelta en otras latitudes, cual es dotar a jueces y juezas de una real independencia –especialmente interna– para la tutela judicial efectiva y oportuna de derechos en las causas sometidas al conocimiento de nuestros tribunales de justicia, discusión que no debiera omitir a las organizaciones representantes de la sociedad civil, cuya presencia es vital para el enriquecimiento de cualquier diálogo acerca de algo tan importante y usualmente invisible para la ciudadanía.
