Opinión
El itinerario institucional constituyente para abordar la CLIS, crisis de legitimidad institucional sistémica, como he denominado a este fenómeno de crisis, que también es aplicable para otros países, demuestra que, en el marco de la negociación política de los partidos que suscribieron el ‘Acuerdo por la paz social y la nueva constitución’, tiene una doble implicancia en la construcción de una paz sostenible. Este acuerdo político amplio ha fijado plazos y mecanismos para dirimir presente y futuro de Chile en tanto interés convergente por una salida política pactada.
Por una parte, el acuerdo pone énfasis en la necesidad de volver a un clima de gobernabilidad política y estabilidad social, apelando, después del estallido social a una paz y justicia social, donde la clase política muestra su convicción por una salida pacífica a la crisis y contraria al ejercicio de expresiones de violencia directa que ha provocado daño generalizado al funcionamiento de las ciudades en tanto ecosistemas de convivencia cotidiana, visible el perjuicio en transporte, comercio, su cadena de abastecimiento y consumo, cierre de año en el sistema educativo, servicios sociales, salud pública, afectando de manera sostenida la calidad de vida de las personas.
Somo testigos y protagonistas de cómo se han afectado los estados de ánimo y se ha hecho evidente un trauma psicosocial de proporciones, así como la violación de los derechos humanos a ciudadanos víctimas de la represión militarizada por parte de quienes han debido restablecer el orden público. Dicho lo anterior, la paz social es un anhelo, aunque aún no está resuelto el proceso de construcción de cultura e infraestructura de paz sostenible para Chile en sus cuatro dimensiones: crisis, conflicto, diálogo y negociación.
En segundo lugar, el acuerdo convoca y establece un itinerario constituyente institucional que llama a pronunciarse a la ciudadanía exclusivamente a través del voto en tres instancias electorales. Primero, un plebiscito de entrada sobre la necesidad de una nueva constitución con dos opciones: aprueba – rechaza, junto a la definición del órgano para redactar la nueva constitución, nuevamente con dos opciones: convención mixta – convención constitucional (asamblea constituyente) para abril del 2020.
Seis meses después se convoca a votar para elegir a los encargados de redactar la nueva constitución para octubre del 2020, junto con la elección de alcaldes y gobernadores, es decir, tres elecciones en la papeleta de octubre (a un año del inicio del estallido social 18-O) donde el tipo de convención electa tendrá que sesionar por 9 meses para redactar desde una hoja en blanco la nueva constitución, proyectándose eventualmente su redacción para junio o septiembre del 2021 dependiendo una extensión de plazo por tres meses, es decir, apenas a dos o tres meses de la elección presidencial y parlamentaria del 2021, fecha en la que expira el mandato de Piñera.
Por último, el itinerario trazado en el acuerdo establece un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio entre esas fechas, que pudiese ser en septiembre del 2021 o marzo del 2022. Al respecto, hoy, se cumple un mes del estallido social y tenemos al menos por delante 16 meses para abordar en sus aspectos procedimentales el hecho que como país históricamente podamos asumir un proceso constituyente que decante en una nueva constitución.
El encabezado del acuerdo político 15N, indica además que se recurre -por opción propia de los partidos políticos signatarios del acuerdo- a un procedimiento inobjetablemente democrático. Efectivamente es inobjetable desde el orden que impone una democracia representativa, sin embargo, y volviendo al concepto de CLIS, el estallido social, por ahora irrefrenable y cotidiano, con su frase histórica ‘CHILE DESPERTÓ’ pone precisamente en tensión los alcances y límites de la democracia representativa con la democracia participativa para abordar la CLIS.
Según el SERVEL los chilenos tendremos por delante, no solo las votaciones sobre el proceso constituyente en las tres instancias descritas, sino que también primarias para elecciones de nuevas autoridades y las elecciones propiamente tal a nivel de alcaldes, gobernadores, congresistas y elección presidencial con primera y segunda vuelta probablemente. Por decir lo menos, en el actual escenario diseñado habrá una maratón de elecciones sabiendo de antemano que la participación ciudadana en los procesos electorales ha ido sistemáticamente a la baja.
La tensión entre los soportes de la democracia representativa para el desafío presente y futuro y la exigencia de mayor democracia directa por parte de una ciudadanía activa y organizada pueden potencialmente entrar en una zona de incompatibilidad por el solo hecho que se restrinja o se siga viendo al ciudadano como un mero sujeto votante en un proceso de cambio de proporciones como es establecer nuevas reglas del juego para un Chile, que aspira a mayor dignidad sin la desigualdad estructural y cultural tan aplastante que ha dado espacio y forma al estallido social.
La naturaleza de la CLIS, es decir, una sociedad afectada en la legitimidad de sus instituciones y, por efecto de esta, afecta al conjunto de la nación, tornando crítico el devenir de la política, la economía y la convivencia social, amerita un reexamen del acuerdo político para que este se abra a empalmar con la exigencia de ejercicios de democracia directa expresada en la necesidad de diálogo ciudadano constituyente vinculante.
Por tanto, no es necesario la inacción entre abril y octubre 2020. De hecho, es el espacio propicio para que los futuros delegados constituyentes a elegir en octubre del próximo año no partan con una hoja en blanco, sino con el mandato directo del diálogo ciudadano vinculante, un insumo incluyente inobjetablemente democrático, surgido desde la ciudadanía dialogante para el mayor de los éxitos de la convención o asamblea constituyente que estará sesionando a partir de octubre o noviembre del 2020, sabiendo que tienen un mandante, el soberano de Chile.
Diálogo ciudadano y negociación política no son incompatibles, todo lo contrario. Para abordar la CLIS es necesario, sobre todo en tiempos de mayor exigencia por transparencia e inclusividad, que el diálogo ciudadano sea capaz de restituir paso a paso la necesaria legitimidad que requieren nuestras instituciones para entrelazar la política democrática con la economía y el desarrollo sostenible. En cada espacio de la política, la economía y la convivencia social habrá un chileno o una chilena que votará por una nueva constitución y participará del bienestar social compartido. Solo así la CLIS será abordada con innovación colaborativa desde una nueva chilenidad.
