Opinión
Pasada más de una década que se iniciara la implementación de la última reforma al sistema de salud, éste se ha constituido en uno de los elementos esenciales del profundo estallido social desencadenado en octubre de este año, lo que es una clara señal de expectativas no resueltas.
Los cambios propuestos por agrupaciones de la sociedad civil en el marco del movimiento social, se pueden resumir en modificaciones constitucionales que aseguren el derecho a la salud, alcanzar un gasto público de al menos 6% del producto; aumentar financiamiento al primer nivel de atención; y a partir del actual Fondo Nacional de Salud generar un “seguro único de salud”, donde las Isapres sean sólo seguros complementarios.
El momento político actual, con un presión enorme para una agenda de reformas políticas y sociales muy amplias en el ámbito de la constitución, del sistema político, de las pensiones, la educación y el transporte público, entre otros muchos tópicos, puede generar escaso margen para acometer cambios en salud de relevancia, centrándolos exclusivamente en mejoras declarativas o solo acotadas a ámbitos puntuales, tales como del aseguramiento, requiriéndose mayores espacios para generar evidencia para la reflexión y el debate sobre los próximos profundos cambios que se requieren.
La creación de un seguro único público, conlleva en Chile innumerables desafíos técnicos, tales como la definición de un plan de salud universal; los cambios que se requerirán en la gobernanza actual del Fondo Nacional de Salud, a objeto de evitar su captura por intereses ajenos a las necesidades de las personas y sus comunidades y así generar confianza en todos los sectores ciudadanos; y, modificaciones en su estructura y competencias para que pueda articular adecuadamente a los prestadores públicos y privados y asegurar que el plan universal sea posible.
El debate sobre cambios constitucionales, de suyo complejo y con la exigencia de un alto quorum, obligará a discutir sobre la comprensión que la sociedad chilena tiene sobre el concepto de “derecho a la salud”, ya que siendo imposible garantizar el derecho a estar sano, ni adecuado reducirlo al campo de las enfermedades, ni al de los meros servicios de atención médicos, habrá que ver si en la eventual labor constituyente, puede el derecho a la salud ser comprendido en un espacio amplio, que guarde relación con la integralidad de los requerimientos socioeconómicos que determinan la posibilidad del “buen vivir”, de que todas las personas –plenas en dignidad- puedan desarrollar todo su potencial y gozar el máximo bienestar en las múltiples dimensiones de lo humano. Desde dicha construcción, las instituciones del Estado tendrán que salir fortalecidas en su capacidad de regular el mercado, para favorecer condiciones más saludables de vida y para que junto a las personas, las familias y sus comunidades, se pueda actuar de modo más efectivo sobre las determinantes sociales de la salud. Cualquier definición reduccionista arriesga a ser sólo declarativa o a dejar en manos de los jueces su interpretación práctica.
Con respecto al necesario aumento del gasto público, esencial para disminuir el alto componente de gasto de bolsillo (que está sobre el 30%), habrá que también mejorar la calidad y eficiencia de dicho gasto. Más recursos, por supuesto necesarios, no serán suficientes sino se aborda en Chile una transformación profunda a los prestadores, su modelo de atención, de gestión, los mecanismos de pago y las políticas de desarrollo de capital humano para el sector prestador público y privado. Es evidente que hay un gran desafío pendiente para que el sistema de salud chileno gane en calidad del gasto, estando efectivamente estructurado en redes integradas basadas en la estrategia de la atención primaria a la salud.
Chile requiere de un modelo de atención común para todos los prestadores públicos o privados, que supere la relación de mercado por uno de cooperación, que supere la actual múltiple captura del sistema por los intereses del paradigma biomédico, de los de la industria de la salud, los corporativos y gremiales, y los partidistas clientelares, que ponen por delante otras necesidades que la de las personas, sus familias y comunidades. Modelo que evite que las personas acudan directamente a un especialista o que la puerta de entrada siga siendo la urgencia de hospitales agudos. El modelo de atención, debe asegurar que toda persona acceda a un equipo de familia interdisciplinario, cercano, resolutivo, confiable y de alta calidad, centrado en las personas, las familias y sus comunidades con mirada de territorio. Para ello hay que desarrollar nuevas soluciones y dispositivos ambulatorios en el propio hábitat de las personas; potenciar la creación de establecimientos de alta complejidad ambulatorios y de internación comunitaria para largas estancias; desarrollar eficaces redes de cuidados socio sanitarios para el manejo de requerimientos de adultos mayores, rehabilitación, manejo en el domicilio de personas sin autovalencia y de los cuidados paliativos y de largo plazo; incorporar nuevos elementos de gestión y gobernanza en las redes para la integración efectiva de los actores y asegurar la labor intersectorial y la continuidad del cuidado; y, aumentar sustantivamente la inversión en el primer nivel de atención mucho más allá del actual 23% del total del gasto, de modo hacerlo más resolutivo, lo que sin duda contribuirá a una mejor percepción de su calidad y a un mayor costo efectividad.
El debate sobre los cambios necesarios para el futuro próximo, debe colocar al centro las necesidades de salud más urgentes de personas y comunidades y en base a ellas implementar el mejor modo de organizarnos para cumplir con dichos requerimientos. Escuchar el descontento ciudadano y poner en el centro las necesidades de las personas y sus comunidades, nos obliga a aprender de los logros alcanzados y a preguntarnos sobre los próximos pasos, que sin duda no es más de lo mismo. Lo importante es que lo hagamos sobre evidencia, esforzándonos por dar gobernanza a un sector presionado por intereses de múltiples actores, lo que requiere no sólo de consensos técnicos, sino también de amplios acuerdos sociales. Luego de octubre del 2019, no hay otra forma posible.
