Opinión
El estallido social que se desató en Chile como consecuencia de décadas de abuso ha hecho aflorar dos formas de violencia desquiciada, ambas inaceptables: la proveniente del lumpen y la ejercida por el gobierno a través de carabineros y militares.
La primera se grafica en lo ocurrido el lunes pasado: acciones vandálicas protagonizadas por delincuentes, dirigidas exprofeso a hacer daño a la propiedad pública y privada, y que, según parece, no serían espontáneas, sino muy bien planificadas y organizadas.
La segunda, en los asesinatos, actos de tortura, violaciones y agresiones cometidos por carabineros y militares, algunos, según parece, con la anuencia y la aprobación del gobierno. Sirvan dos ejemplos como botón de muestra de esto último:
Es un hecho sabido que el uso de balines y perdigones provocará de manera inevitable que un número importante de personas, niños entre ellas, quedará minusválido para siempre. Por ello, deberían estar prohibidos como medios de represión. El gobierno, sin embargo, no ha frenado su uso. ¿Será que aceptan las mutilaciones de la gente como daño colateral?
Todos sabemos, no es necesario ser médico para ello, que si alguien es apaleado de manera brutal, de seguro tendrá graves secuelas. El gobierno y el general Rozas también. No obstante, hay varios videos que muestran apaleos con saña, golpizas demenciales y cobardes a personas que luego se abandonan tiradas como basura en el piso. Hubo, de hecho, al menos un muerto por dicha causa. Pese a ello, se siguen repitiendo, lo que parece comprobar que serían un método aceptado por el gobierno para controlar las manifestaciones. Golpear a manifestantes hasta la muerte… es terrorífico, ¿verdad?
Pero no son solo las dos formas de violencia mencionadas, ambas abominables, las que hoy se ejercen contra los chilenos. Hay varias más —tan condenables, pero no tan evidentes como ellas— que están presentes en nuestra sociedad desde hace décadas sin que se haya hecho nada, pero nada en absoluto, para erradicarlas. Veamos algunos ejemplos:
La extrema desigualdad: Es, tal vez, la principal. Consiste en el acaparamiento del ingreso y la riqueza por parte de un pequeño grupo que concentra el poder político y económico. Es una forma de violencia permanente y sostenida perpetrada en contra de la inmensa mayoría de los chilenos. Al respecto, no hay ni ha habido jamás un intento serio de parte de los políticos para reducirla, tanto así que ni siquiera se han fijado objetivos medibles para tal efecto (pese a que no se puede mejorar aquello que no se mide).
La impunidad: Como se ha visto en tantos casos (Martín Larraín, Délano y Lavín, Ponce Lerou, Longueira, Von Baer, Pizarro, Moreira y un larguísimo etcétera), la justicia no es pareja. Las clases de ética no están disponibles como sanciones para todos los delincuentes, sino solo para unos pocos: los que pertenecen a ese pequeño núcleo que ejerce el control político y económico del país. Eso, no cabe duda, es una brutal forma de violencia en contra de los “menos iguales”. También, la omisión de querellas en los casos de delitos tributarios (¿o no, Fernando Barraza?).
El despojo de los bienes públicos: No me refiero al obsequio de las grandes empresas públicas que se hizo a unos pocos afortunados durante la dictadura, sino al que se está efectuando en estos momentos de los únicos bienes que no deberían tener dueño, aquellos que la naturaleza pone a disposición de todos los chilenos: los minerales, las pesquerías, el bosque nativo, las playas, los paisajes y el agua. Quienes concentran el poder político y económico ya se adueñaron de ellos o están en proceso de hacerlo. ¿Califica como forma de violencia?
La corrupción: el abuso del poder en beneficio propio (así se define «corrupción») es una de las formas de violencia más utilizadas en Chile. La lista de acciones corruptas cometidas por nuestras autoridades es muy larga, pero me interesa destacar tres, ya que su complejidad técnica impide que la inmensa mayoría de las personas se percate de su existencia y magnitud:
—El «sistema integrado de impuesto a la renta», el famoso FUT, que hoy el gobierno pretende reinstalar cambiándole el nombre, consiste en obligar a todos los chilenos, incluso a los más pobres, a financiar los cuantiosos servicios públicos que consumen las empresas, con el fin de que ellas paguen los impuestos de sus propietarios y estos se eximan de esa obligación. Se trata de un monstruoso subsidio que el Estado otorga a los empresarios con cargo al bolsillo de todos los chilenos (usted debe financiar el uso que hacen Falabella y Cencosud de los tribunales de cobranza, y el apoyo que presta la policía a la ANFP en los eventos futbolísticos, por ejemplo; ¿no lo sabía?).
—Las comisiones de administración anticipadas y las comisiones fantasmas, ambas abusivas e injustificables, que cobran a las AFP a sus afiliados y que el 2018 sumaron 1 billón, sesenta y seis mil millones de pesos —leyó bien: ¡Más de 1 billón de pesos, unos 1.500 millones de dólares!—. El brutal sobrepago que ellas significan puede apreciarse si se las compara con una comisión de administración vencida de un 0,15% anual calculada sobre el fondo total administrado, cuyo importe no superaría los 200 mil millones de pesos al año, con un ahorro de 800 mil millones de pesos (más de mil millones de dólares), que irían a mejorar las pensiones de los afiliados. Un sobrecobro de mil millones de dólares al año, ¿califica como abuso?
—El sistema de desinformación instalado por las AFP para que los afiliados no conozcan la real situación de sus inversiones. ¿Sabía usted que su AFP jamás le ha informado la rentabilidad real de la suya? Salvo que usted piense, por supuesto, que es la que publica la SP, que no considera los costos incurridos para obtenerla y que es la misma para todos los afiliados a un fondo determinado. Supongo que le llamará la atención que el millón de afiliados al fondo C de Provida, pese a que tienen distintas cotizaciones, antigüedades, comisiones pagadas, intereses ganados, cambios de AFP y de fondos, lagunas previsionales, etc., tengan todos la misma rentabilidad, y que este verdadero milagro se haya repetido durante más de 400 meses seguidos.
La permisividad: Permitir el abuso también es una forma de violencia. Es la que practican el gobierno y el parlamento cuando, conociendo los abusos mencionados y otros tantos (en el parlamento hay varios economistas, auditores y contadores que deberían estar al tanto), no hacen nada por solucionarlos.
La indolencia: Esta forma de violencia se da cuando instituciones y personas, que conocen o deberían conocer los abusos que se están cometiendo, guardan un silencio cómplice, por lo general por conveniencia. Me refiero a las universidades públicas, tanto las estatales (la U, la USACH y la UV, por ejemplo) como aquellas que se autoadjudican dicha condición (la UDC y la UDP, entre otras), que de seguro identificaron hace bastante tiempo los abusos mencionados, pero no han sido capaces de darlos a conocer a los afectados ni de salir a defenderlos. También a instituciones como Chile Transparente, que ha omitido de manera vergonzosa denunciar el sistema de desinformación de las AFP.
La ineptitud: No es que ser inepto sea siempre una forma de violencia, pero lo es cuando quien adolece de esa condición tiene la obligación de saber porque ha asumido una responsabilidad con terceros. La ineptitud de un médico en el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo, es un acto de violencia, como lo es el error de un ingeniero en el cálculo de una estructura. Así, quienes ocupan cargos parlamentarios tienen la obligación de entender lo que están legislando. No obstante, la inmensa mayoría no lo hace, como lo comprueba la aprobación en la cámara de diputados de la reintegración tributaria. Ni siquiera se enteraron de que era el mismo FUT con otro nombre. Para qué hablar de la reforma previsional, donde las contribuciones de los diputados, más que indignación, llegan a dar pena. Ni una palabra acerca de las comisiones anticipadas y fantasmas; nada en relación con la información que se les oculta a los afiliados; ni siquiera un miserable aporte acerca de cómo mejorar el uso de los fondos. Nada de nada.
De seguro hay más, pero estas son las que nuestro gobierno, nuestro parlamento y nuestras instituciones, que se supone que debieran tomar decisiones, legislar y proponer políticas públicas en nuestro beneficio, aplican en nuestra contra.
Tome nota para cuando llegue el momento de pasar la cuenta.
