Como Universidad del Estado, compartimos la demanda social de mayor equidad social. Y no sólo eso; la venimos pidiendo hace años, criticando el modelo de financiamiento de la educación pública – que deja en manos de las familias lo que corresponde a un deber del Estado – y realizando investigaciones que dan cuenta de la urgencia de reformas y creación de políticas públicas que protejan el bienestar tanto de los seres humanos como de los ecosistemas.
La estructura nacional, centralizada, concentrada, mercantilizada, vertical y distante de la generación de conocimiento financiada con fondos fiscales, explica buena parte del conflicto. Por eso, como comunidad académica y científica, no podemos más que ofrecer lo que ya tenemos: información de calidad, sostenida en el tiempo y respaldada por la comunidad internacional, que sirve a los fines de un mejor Gobierno, sea cual sea su color.
Acá en Magallanes tenemos ejemplos del impacto positivo que genera en la población, la alianza entre las administraciones del Estado y sus Universidades. Lideramos el proceso de elaboración participativa de una matriz y una política energética para el futuro regional austral. Compartimos con la comunidad regional los resultados de la investigación de la capa de ozono y el monitore de la radiación UV, y generamos con el Servicio de Salud un instrumento preventivo de las consecuencias de este fenómeno en la población magallánica. Aportamos información científica a la UNESCO para la declaración de Reserva Mundial de Biosfera la zona del Cabo de Hornos, y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para la creación del Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake. Entregamos datos para la definición horaria de la región de Magallanes y Antártica Chilena, y acabamos de inaugurar un Centro Asistencial Docente e Investigación, financiado en su construcción e implementación con fondos regionales, que ofrecerá atención a pacientes en lista de espera por parte estudiantes del área de la salud guiados por sus docentes, e investigaciones biomédicas para entender y enfrentar de mejor manera las patologías más prevalentes, junto a la generación de fármacos a partir de nuestros productos naturales.
Hace pocas semanas, nos enteramos de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología dejó en una sola macrozona administrativa a Aysén y Magallanes, con base de acción en Punta Arenas. Valoramos el criterio científico que se tomó en cuenta para definirla, pues nos da esperanza de que esta lógica se extienda al resto de la administración del Estado. Lo requiere, además, el nuevo pacto social que exige Chile, así como también el equilibrio del planeta, en medio de la emergencia climática que estamos experimentando, efecto de un modelo que explota ecosistemas y personas en nombre de un crecimiento económico que, como denuncia la ciudadanía, beneficia sólo a unos pocos.
