Chile: sociedad del privilegio

Durante los primeros treinta años del siglo XIX, las colonias americanas, entre ellos Chile y Argentina, bregaban por separarse de la monarquía de España y consolidarse como Estados soberanos, libres e independientes. La separación significaba además, la supresión de ciertos honores y tratamientos protocolares privilegiados. Tales tratos eran propios de las monarquías, pero que no armonizaban con las nacientes Repúblicas americanas, que patrocinaban los principios de la libertad y la igualdad de las personas.

Chile es una República democrática, no es un feudo ni una monarquía; sin embargo, conservando elementos de la época feudal y de las monarquías, en la actualidad se mantienen ciertos tratamientos y privilegios repudiables, de las cuales disfrutan las autoridades, que ofenden y distancian a los millones de chilenos/as y al pueblo, quienes son obligados a referirse y dirigirse hacia ciertos representantes con reverencial subordinación, como si las autoridades fueran nobles o seres superiores, cuyas investiduras descendieren de la divinidad, transformándolos en una principesca casta superior. Estos privilegios y tratos de dignidad son oprobiosos y constituyen una deshonra a la ciudadanía, que debe actuar como vasallos ante las personas que detentan un cargo.

Estas autoridades con los privilegios de que gozan y de que se han auto conferido a lo largo de la historia, por el sólo hecho de ser autoridades generan la desconfianza, que sería mucho menor, si aquellas no se invistieran con esos fueros y tratos especiales y que los hace superiores respecto de los ciudadanos comunes, que son obligados a tratar a las autoridades con reverencia y subordinación indigna; con homenaje, veneración, con postración.

Es así como hoy debemos referirnos a los/as diputados/as y senadores/as como “honorables”, al presidente/a como “excelentísimo”, a los/as ministros/as de las Cortes de Apelaciones como “ilustrísimos” y si nos referimos a la Corte Suprema y altas autoridades eclesiásticas nos referiremos como “excelentísimos”.

Bernardo O’Higgins decía el 22 de marzo de 1817: “…debe el individuo distinguirse solamente por su virtud y su mérito, en una República es intolerable el uso de aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza de los antepasados, nobleza muchas veces conferida en retribución de servicios que abaten a la especie humana…”.

Luego de O´Higgins asumió como Director Supremo el General Ramón Freire. Bajo su gobierno, cambió la doctrina anterior normando los tratamientos honoríficos que debían recibir las autoridades y las razones para ello. Así se expresaba, al respecto el “Senado Conservador” en sesión número 31, de fecha 6 de junio de 1823: “El Director Supremo ha recibido el acuerdo del Senado Conservador, datado el 28 de Mayo, en que se declara el tratamiento de Excelencia exclusivo al Director Supremo, i que al Senado i demás corporaciones de cualquiera denominación que sean se les dirija la palabra en tercera persona.”

“En toda la tierra el pueblo piensa groseramente. Tiene una natural propensión a la insubordinación, i a romper aquella especie de superioridad que emana de la jurisdiccion i del empleo de los que mandan en cualquier ramo de la administración, i que es necesario que haya aun en las Repúblicas más democráticas, puesto que no puede existir igualdad en el acto mismo de mandar i obedecer. Respecto de la clase que ha debido al cielo buena educacion i que piensa, nada o mui poco importaría la diferencia de tratamientos; mas, no debe entenderse así en las clases inferiores, i es innegable que el modo de dirijir la palabra, el traje i otras circunstancias accidentales de esta naturaleza influyen inmensamente i sobre todo en un país donde no estando jeneralizada la ilustración, se entienden i aplican mal los principios de igualdad republicanos, estendíéndose aquel jénero de licencia i de falta de respeto a los Majistrados, que destruye el buen órden.”1

Es decir, en los procesos separatistas Argentina y Chile habían manifestado y dictado decretos eliminando los tratamientos honoríficos; pero respecto de los tratos protocolares, en Chile, por acuerdo entre el legislador y el ejecutivo fueron estos establecidos, o restablecidos. Los integrantes de estas instituciones consideraban que los ciudadanos no eran iguales, los de clase baja eran – y son- considerados inferiores e ignorantes.

Hoy luego de casi 200 años de esta discusión y mantención de tratos pomposos, cuando en los últimos años en el país se ha generalizado la desconfianza en las distintas autoridades, instituciones y personas, es preciso corregir esta arbitraria distancia y pleitesia impropia de una República en que el poder se detenta en su pueblo y no en las iluminadas autoridades. Hoy más que nunca estos tratos y privilegios deben cesar, no solo por ser inmorales sino que por distanciar más aun al real detentador del poder de sus dirigentes y autoridades que solo debiesen ser mandatarios del poder popular. Las palabras y tratos construyen realidades y debemos de una vez por todas corregir esta diferenciación arbitraria e impropia.

1 Santiago, Junio 5 de 1823 –Ramón Freire- al Senado Conservador.