Opinión
Las escaramuzas habidas en la tramitación de la Reforma de Pensiones en estas dos primeras semanas de julio y particularmente en los últimos días, van dejando en evidencia algunos elementos que ya se podían prever al inicio. Por supuesto, uno de ellos es que la tramitación está sirviendo de escenario para cobrar antiguas rencillas en la oposición e intentar, por parte de algunos parlamentarios, recobrar parte de la figuración y prestigio, si alguna vez los hubo, perdidos. Por su parte, el gobierno y los parlamentarios que lo representan en la tramitación, han mostrado una suerte de resignación. De hecho, las declaraciones recientes del parlamentario Sr. Melero, así lo manifiestan. No están saliendo las cosas como hubiesen querido, pero tampoco tan mal. Y claro, es comprensible. La Reforma se está negociando en el terreno que existía: el del DL 3.500 de 1981. Porque en esencia esto no cambia.
La discusión se ha centrado hasta ahora en el espinudo tema de quién administrará el 4% adicional. El gobierno y las AFP parecen ya haber asumido que habrá una institucionalidad distinta a estas últimas, que estará a cargo del tema. No está de más recordar que este aspecto de la Reforma sólo es de interés y afecta a los futuros pensionados. No a los actuales ni tampoco a quienes se pensionarán en el futuro próximo.
Sin embargo, hasta ahora nada o muy poco se ha adelantado respecto a las mejoras a las pensiones de los actuales pensionados vía AFP- cifra cercana a 1,5 millones –y que ven como la discusión de la Reforma los elude elegantemente. Se habla de pensiones futuras, de mejoramiento de la Pensión Básica Solidaria (PBS)– que en rigor es un subsidio o un tipo más de bono- pero poco o nada de las pensiones que están percibiendo los actuales pensionados por AFP.
¿Cuál o cuáles son las razones de lo anterior? Para mejorar las pensiones pagadas actualmente por las AFP- obviando un eventual incremento en el Aporte Previsional Solidario (APS) que no todos perciben, se requiere introducir modificaciones en dos aspectos respecto de los cuales no se vislumbra intención alguna de cambiar:
El más determinante: modificar las tablas de expectativa de vida con las cuales las AFP calculan las pensiones. Dichas expectativas, claramente sobredimensionadas, llevan a que los saldos con los cuales los pensionados financian su pensión, se distribuyan en un horizonte de tiempo excesivamente extenso. Es efectivo que las AFP no calculan las expectativas de vida, pero se benefician de su cálculo porque el negocio principal de ellas no es pagar pensiones sino constituirse en financistas – con los dineros de los afiliados- de la banca y las empresas. Cuanto menos dinero salga de sus arcas para pagar pensiones, mas dinero disponible para estos otros fines. Es importante tener presente que, en términos prácticos, hoy en día un pensionado necesita disponer de un saldo de $20 millones por cada $100 mil de pensión. Ello explica en parte las míseras pensiones pagadas por las AFP. Por otra parte, un seguro de sobrevida, de fácil implementación, podría perfectamente cubrir el riesgo de sobrevida de un afiliado, si sus fondos para financiar pensión llegaran a agotarse.
El segundo factor determinante en la pensión es obviamente el de la estimación de la tasa de rentabilidad de los fondos. En el último tiempo se ha dado una fuerte polémica en torno a las facultades discrecionales del Superintendente de Pensiones para modificar a su arbitrio dicha tasa, generando con ello una incertidumbre adicional en la vida de los pensionados. Aun cuando el procedimiento por el cual el Superintendente determina la tasa esté normado, no deja de ser significativo que dicho procedimiento lo determinan normas de la misma Superintendencia. Contrariamente a lo que el ciudadano común entiende, la Superintendencia no es básicamente un ente fiscalizador de las AFP, sino mas bien parte de la misma institucionalidad creada por el DL 3.500 de 1981.
Así, nos estamos encaminando a paso lento, pero bastante seguro, a un escenario en el cual nos encontraremos, al término de las negociaciones y tramitación de la Reforma Previsional, con que gran parte de las expectativas puestas en ella se verán defraudadas. Las pensiones actuales no mejorarán más allá de la incidencia marginal del incremento en el Aporte Previsional Solidario y las pensiones futuras no tienen garantía de mejorar en los porcentajes prometidos porque las mejoras eventuales podrían verse disminuidas y hasta anuladas por la inestabilidad creciente en el empleo que traerán consigo la mayor precarización del mismo, producto, entre otros factores, de la incorporación de la robótica y las nuevas tecnologías sustitutivas del factor trabajo.
