Opinión
El Ministerio del Medio Ambiente ha tomado hoy la decisión correcta de empujar y respaldar la aprobación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y cerrar así la brecha administrativa que arrastra dicho ministerio desde su creación hace ya ocho años. Más valor tiene esta decisión hoy día, de cara a buscar soluciones integrales a los problemas de cambio climático, que golpearán duramente a Chile, afectando a sus comunidades e industrias en todo nuestro territorio. La realización de la próxima cumbre climática en Chile –COP25– ha abierto los ojos y llamado a la acción no solo a la ciudadanía, sino también a las autoridades, las que deben responder con herramientas concretas a estos desafíos.
El cuidado de la naturaleza es un clamor cada día más creciente de la ciudadanía, la que ve menoscaba su calidad de vida cada vez que la biodiversidad se degrada bajo proyectos de desarrollo mezquinos y mal concebidos. Más relevante y desconocido aún, es el valor que tiene la biodiversidad para el combate del cambio climático, pues se ha estimado que un 37% de la solución a este masivo problema global provendrá de la conservación de la naturaleza.
América Latina es una superpotencia de biodiversidad y puede transformarse en un arca de Noé en un mundo cada vez más sobreexplotado, degradado y caliente. Solo Sudamérica concentra un 40% de la biodiversidad del planeta, gigantescas masas de agua y bosques. Chile, producto de su historia biogeográfica, aporta a esta riqueza con ecosistemas de valor global como el mediterráneo o la selva valdiviana, los humedales altoandinos o las turberas más australes del planeta, junto al gigantesco patrimonio natural contenido en su mar.
Este sustrato natural es el que sirve de escenario para la puesta en escena de todo lo chileno: sus culturas, ciudades, agricultura, ganadería, pesca, turismo, identidad. En la medida que degradamos nuestra naturaleza, degradamos lo que somos, y cerramos las puertas a lo que podríamos aspirar a ser. La biodiversidad enfrenta hoy la mayor amenaza que haya sufrido en toda la historia de la vida en la Tierra, y los países del mundo y la región vienen dando pasos significativos y necesarios para revertir dicha pérdida.
Dos ejemplos regionales –Perú y Costa Rica– sirven de espejo para reflejar una parte de la discusión referida a la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en Chile (SBAP), la que esperamos siga avanzando en su trámite legislativo para su pronta aprobación. Este Servicio corresponde a la última pieza del Ministerio del Medio Ambiente, que junto a la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, espera dotar a nuestro país de los cimientos mínimos necesarios para construir una institucionalidad ambiental moderna, acorde con los desafíos de sustentabilidad del presente siglo.
Estos países llevan más de dos décadas adelantados a Chile, recorriendo un camino hacia una mejor gestión de su capital natural, activando y promoviendo la relación virtuosa que establece la conservación de biodiversidad, con la provisión de servicios ecosistémicos primordiales para el bienestar de las personas, y organizando las actividades productivas con un objetivo de bien común.
No ha sido un camino sencillo, pero ha sido el correcto, lo que salta a la vista, pues en el caso de Perú, en solo 10 años pudieron multiplicar por cuatro el presupuesto inicial asignado a las áreas protegidas, a la vez que diversificar las fuentes de ingreso no solo a partir de las arcas fiscales, sino estableciendo Fondos de Conservación para la gestión de las áreas.
Los recursos humanos se han triplicado en el mismo período, incrementando desde poco más de 500 personas a más de 1.200 que hoy día trabajan directamente relacionadas con las áreas protegidas del vecino país. 82% de este personal trabaja en terreno (la mitad del cual es compuesto por mujeres), donde lideran en sus comunidades la ejecución de planes de manejo integrados a las comunidades aledañas, trabajando activamente en industrias locales como turismo, venta de carbono, así como combate de fuego y otras.
Costa Rica, por su parte, luego de la promulgación de la Ley de Biodiversidad en el año 1998, ha logrado desplegar la gestión de conservación en todo el territorio nacional, con más 1.100 funcionarios que gestionan las 169 áreas protegidas del país, en 11 direcciones regionales y 32 oficinas subregionales. Con un presupuesto cercano a los US$61 millones anuales, que se cubre con una diversidad de fuentes, incluyendo (además del presupuesto de la nación) fondos ambientales, pago por servicios ecosistémicos, venta de bonos de carbono y otros.
Algunas lecciones críticas que surgen de la experiencia de estos países vecinos, así como de otra tanta evidencia acumulada a lo largo de los años de discusión de este proyecto, incluye el reconocimiento de que: a) la biodiversidad, dada su naturaleza integrada, debe ser gestionada de manera integrada, no solo a nivel administrativo, sino en los territorios, incorporando acciones dentro y fuera de las áreas protegidas, así como a las comunidades locales; b) optimización en el uso de recursos a través de la reunión y focalización de competencias; c) fuerte trabajo a escala local, con diversos actores de los territorios; d) integración y gestión del conocimiento que alimente el diseño y la toma de decisiones en relación con la conservación, tanto en espacios públicos como privados.
El Ministerio del Medio Ambiente ha tomado hoy la decisión correcta de empujar y respaldar la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y cerrar así la brecha administrativa que arrastra dicho ministerio desde su creación hace ya ocho años. Más valor tiene esta decisión hoy día, de cara a buscar soluciones integrales a los problemas de cambio climático, que golpearán duramente a Chile, afectando a sus comunidades e industrias en todo nuestro territorio.
La realización de la próxima cumbre climática en Chile –COP25– ha abierto los ojos y llamado a la acción no solo a la ciudadanía, sino también a las autoridades, las que deben responder con herramientas concretas a estos desafíos.
A la luz del camino recorrido por países de la región y otras partes del mundo, el otorgamiento de un mandato claro e ineludible a dicho ministerio de conservar el patrimonio natural de Chile, es el primer paso para saltar del camino de la dispersión y el uso ineficiente –en lo administrativo y ecológico– de los recursos del país, hacia una senda estratégica, focalizada, sinérgica, innovadora, que permita construir sobre las capacidades existentes, reuniéndolas bajo un solo mandato: el de servir de base para el Chile sustentable al que todos aspiramos.
