Opinión
La reforma tributaria es un buen ejemplo de los dilemas de la oposición. La reforma del Gobierno Bachelet buscaba, en esencia, aumentar la recaudación tributaria para financiar los programas sociales, y en particular los educacionales, y avanzar en un sistema más progresivo. La reintegración completa del impuesto de Primera Categoría, elemento central del proyecto del Gobierno, contradice ambos objetivos. No existe ninguna razón plausible para que la oposición apruebe o “negocie” esa propuesta.
Finalmente el Gobierno ha resuelto la estrategia de tramitar en el Congreso Nacional, de manera prácticamente simultánea, las principales reformas comprometidas en su campaña electoral. A las modificaciones a la Reforma Tributaria aprobada en la pasada administración de la Presidenta Bachelet, se suma el envío de la Reforma Previsional y el anuncio de cambios a la legislación laboral aprobada en la pasada legislatura.
A la vocera del Gobierno, ministra Cecilia Pérez, le gusta reiterar que el Presidente ganó por una amplia mayoría, y que por lo tanto la oposición debe permitirle cumplir su programa y no obstaculizarlo en el Congreso. El Presidente suele usar una retórica contradictoria. Por un lado, realiza un elogio a la llamada política de los consensos que caracterizó los primeros estadios de la transición democrática, y al mismo tiempo denuesta con duros epítetos a la oposición cuando esta no aprueba sus propuestas. Más de una vez ha usado el autoritario y divisivo recurso de catalogar de antipatriotas a sus opositores, como si la mayoría electoral obtenida le hubiera otorgado el monopolio del patriotismo en el país.
Las reformas planteadas por el Gobierno, en general, van en la línea de sus compromisos electorales y es natural, y legítimo, que intente implementarlas. El problema es que, a pesar del contundente respaldo obtenido en la elección presidencial, la coalición de Gobierno no alcanzó la mayoría en el Parlamento. La mayoría la obtuvieron las tres coaliciones que hoy día conforman la oposición.
Un resultado paradójico, ya que el mismo electorado, en el mismo día que le otorgó a Piñera un sólido respaldo, le negó las mayorías parlamentarias para realizar su programa. La ministra Pérez tiene la mitad de la razón, pues el Gobierno para legislar en cualquier materia necesita buscar acuerdos, al menos, con alguna de las oposiciones.
Y estas, a su vez, no tienen ningún compromiso con el programa gubernamental, más bien al contrario, ya que en la campaña todas, con mayor o menos énfasis, criticaron la naturaleza neoliberal de la mayoría de las propuestas de Piñera y su coalición. Por lo tanto, el mandato ciudadano que obtuvieron los compromete más bien a impedir que muchas de estas propuestas se realicen, y no a facilitarlas. La situación política actual es muy distinta a la que se dio en los primeros 16 años de la transición democrática.
En ese periodo, la Concertación nunca contó con mayoría en el Congreso, a pesar de que su coalición ganó todas las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias. Fue la existencia de los Senadores Designados la que le permitió a la oposición contar con mayorías que la ciudadanía les negó reiteradamente. Ello obligó al Gobierno a negociar cada iniciativa legislativa, lo que sin duda en ese escenario fue más bien un defecto que una virtud de la democracia en proceso de renacimiento.
Hoy día la situación es enteramente diversa. Son las mayorías ciudadanas las que eligieron un Presidente con amplio apoyo y al mismo tiempo le impusieron negociar con el Congreso todas sus iniciativas. Se trata de un nuevo y exigente desafío para todos: Gobierno y oposición.
La reforma tributaria es un buen ejemplo de los dilemas de la oposición. La reforma del Gobierno Bachelet buscaba, en esencia, aumentar la recaudación tributaria para financiar los programas sociales, y en particular los educacionales, y avanzar en un sistema más progresivo. La reintegración completa del impuesto de Primera Categoría, elemento central del proyecto del Gobierno, contradice ambos objetivos: disminuye la recaudación y favorece a los sectores de mayores ingresos.
No existe ninguna razón plausible para que la oposición apruebe o “negocie” esa propuesta. La buena doctrina democrática y el mandato ciudadano que los llevó al Congreso aconsejan claramente rechazar al menos ese componente crucial del proyecto en cuestión.
